Marido de la titular del Mineduc es socio de estudio jurídico que asesora a la multinacional de la educación
«No puede seguir mirando para el lado en este tema y ahora pretender denostar a la principal universidad estatal del país con frases al aire que no se sustentan en la realidad. Lamentablemente, la ministra parece desconocer por completo la realidad de la educación pública de nuestro país», sostuvo la autoridad académica.
El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, arremetió nuevamente contra la ministra de Educación, Carolina Schmidt, asegurando que «es inaceptable que no se investiguen con rigor y, a tiempo, todos los antecedentes que hay sobre la forma en que el grupo Laureate ingresó y opera en Chile».
En una entrevista anterior a La Segunda, el rector calificó de «muy grave» el silencio de la ministra, «porque estamos ante un caso que podría implicar la violación a la ley chilena, el mal uso de dineros públicos y un engaño a los estudiantes chilenos. Ya es hora de que la ministra aborde directamente el tema y deje de mirar para el lado».
El silencio de Schmidt podría tener nombre y apellido: Gonzalo Molina, abogado del bufete que asesora al grupo Laureate y marido de la secretaria de Estado.
La situación fue sacada a la luz por El Mostrador apenas asumió la ex ministra del Sernam en reemplazo del destituido Harald Beyer.
El esposo de Schmidt es socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz. Bufete que mantiene una antigua relación con el grupo educacional Laureate: en 2008 asesoró a Laureate cuando adquirió las Universidades de Las Américas, Andrés Bello y el Instituto AIEP a un grupo de empresarios encabezados por Juan Antonio Guzmán (designado por este gobierno como presidente del Comité Asesor para el Desarrollo Eléctrico y casado con Paulina Dittborn, hermana del subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, y ex vicepresidenta del Consejo Superior de Educación, además de ex prorrectora de Las Américas), Álvaro Saieh (controlador de CorpBanca), Jorge Selume (director de Corpbanca) y Andrés Navarro. (Más datos en la nota: «El marido de la ministra Schimidt: el vínculo con Laureate al que alude el rector Pérez«)
Posteriormente, la ministra Schmidt contestó acusando al rector Pérez de haberse negado –en forma reiterada– a «rendir los más de $5.000 millones que le entrega el Estado para la PSU”
Este jueves, a través de una declaración pública, la autoridad académica respondió a la secretaria de Estado: «Es lamentable que los estudiantes de la U. Andrés Bello y de la U. de las Américas, ambas del grupo Laureate, se enteren ahora y por el diario, de que las universidades a las que recién ingresaron, están siendo investigadas por el Ministerio de Educación y nadie sabe bien por qué temas».
«Se trata de una investigación tardía y parcial, porque hay antecedentes públicos desde hace tiempo que revelarían que habría habido una compra-venta de la marca y los estudiantes de la U. Andrés Bello, lo que podría evidenciar operaciones que violarían la ley», acotó Víctor Pérez.
En ese sentido, dijo que «todavía los estudiantes, sus familias y el país estamos esperando las respuestas de la ministra, quien debe dejar de tratar estos temas con secretismo y entender que hay un asunto de fe pública».
Agregando que «es inaceptable que no se investiguen con rigor y a tiempo, todos los antecedentes que hay sobre la forma en que Laureate ingresó y opera en Chile. Eso es muy grave y debilita la confianza en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Ministerio de Educación. Y la ministra no se ha hecho cargo de eso».
«A esto se suma que la ministra Schmidt se opuso a que los más de US$ 1.000 millones de dólares de dinero público que recibirán el 2014 las universidades privadas, sean fiscalizados por la Contraloría General de la República. Ese monto equivale al 60% del presupuesto nacional para universidades, es decir, las estatales solo recibimos el 40% y tenemos todos los controles», indicó el rector de la Universidad de Chile.
Respecto a los cuestionamientos de Schmidt a los recursos de su casa de estudio, Víctor Pérez dejó en claro que «en el tema de la transparencia, las universidades estatales estamos cumpliendo con la ley y si la ministra tiene antecedentes que alguna no lo está haciendo, debe investigarlo (…) todos los actos de la Universidad de Chile son revisados y fiscalizados por la Contraloría General de la República. Creo que la ministra se equivoca al tratar de cambiar el tema».
«Definitivamente, las declaraciones de la ministra Schmidt confirman que al parecer no entiende ni lo que es la educación pública ni la exigencia que viene haciendo todo Chile desde hace años: educación pública de calidad y equitativa. Y en ambas cosas, la Universidad de Chile es líder indiscutida, lo que parece que a algunos molesta», hizo hincapié.
«Es obvio para todos que (este tema) es la excusa de la ministra para desviar la atención y para tratar de justificar su tardía y parcial actuación respecto de Laureate, donde ya está el Consejo Nacional de Educación, la Fiscalía del Ministerio Público y la PDI (…) ¿Por qué siempre va detrás de los temas y sus investigaciones son marginales y no terminan en nada? Todos los ingresos y egresos de la Universidad de Chile, incluidos los aranceles de la PSU que pagan los estudiantes directamente o vía becas que ellos reciben del Estado y que como todos nuestros aranceles ingresan al fondo general de la U, son fiscalizados por la Contraloría General de la República. La ministra Schmidt parece olvidar que cada vez que la Universidad de Chile o un colegio estatal construyen un laboratorio o una sala de clases, es una obra estatal que queda para beneficio público», arremetió el rector.
«No puede seguir mirando para el lado en este tema y ahora pretender denostar a la principal universidad estatal del país con frases al aire que no se sustentan en la realidad. Lamentablemente, la ministra parece desconocer por completo la realidad de la educación pública de nuestro país», concluyó.
