En conjunto con otras organizaciones, como la de los deudores de crédito Corfo
Es un problema que se suma a la lista de flancos abiertos que tiene la cartera dirigida por Nicolás Eyzaguirre. Los 5.500 estudiantes que fueron estafados por la UTEM al ingresar a estudiar Criminalística –carrera para la que no existe mercado laboral– se reunieron con el Mineduc después de ocho años. Según dicen, les ofrecieron buscar una solución en conjunto. En el plano judicial a la Agrupación de Estafados por la UTEM sólo le queda presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. Agotada esa instancia, el grupo planea, junto a otras organizaciones, demandar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A las diez de la mañana del miércoles pasado, en el séptimo piso del Ministerio de Educación, el asesor del gabinete del ministro, Rodrigo Roco, recibió a la Agrupación de Estafados por la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Esta casa de estudios abrió el 2003 la carrera Criminalística por intermedio de una empresa, Celta S.A. Sin embargo, nunca existió campo laboral para los estudiantes.
Los 5.500 alumnos buscan una solución a sus demandas desde el 2007, cuando la entonces ministra de Educación del primer gobierno de Michelle Bachelet, Yasna Provoste (DC), se comprometió con la devolución del dinero y la entrega de becas para estudiar otras carreras.
En la reunión, Roco señaló que debían buscar la solución a mediano plazo. Para esto se acordó que la agrupación de estudiantes entregara un dossier con la información sobre el caso. Sobre la base de ese documento debiera comenzar a trabajar una mesa técnica conjunta. “Lo que buscamos es que se devuelvan los dineros de los estudiantes pagados a la universidad, y que se repare moralmente a los alumnos y sus familias”, dijo después de la reunión Juan Pablo Rojas, vocero de la Agrupación de Estafados por la UTEM.
Una vez terminada la cita en el Mineduc, el grupo caminó hasta La Moneda para dejar una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet. En ella le pidieron que, después de ocho años sin respuesta, cumpliera “sus promesas efectuadas el 2007 acerca de que todos los afectados por haber estudiado la carrera de Criminalística tendríamos una solución que permitiría recuperar la inversión perdida”.
[cita]El año pasado, los estafados por la UTEM se reunieron con los Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo, con los estudiantes de la Universidad del Mar, y otras cuatro organizaciones. Crearon la Coordinadora Deuda Educativa, con el objetivo –según dice Rojas– de “acabar con la deuda educacional”. Además, la Coordinadora es la instancia desde donde preparan la estrategia para demandar al Estado de Chile por no cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que firmó en 1969 y ratificó en 1989.[/cita]
El 2007, la agrupación inició dos acciones judiciales: una penal y la otra civil. La primera se encuentra en curso en el 37° Juzgado del Crimen. La otra es una demanda colectiva por publicidad engañosa.
El pasado jueves 24 de julio la Corte de Apelaciones rechazó el recurso que presentó el grupo y le dio la razón al fallo del Primer Juzgado Civil de Santiago. “La publicidad difundida por las demandadas a través de su material gráfico contenidos en los dípticos analizados, y en los cuales los actores hicieron consistir la primera infracción, no constituye una publicidad falsa o engañosa como señalan en su libelo; todo lo cual conlleva a rechazar la infracción que se razona», fue el fallo de la jueza Marcela Solar Echeverría. Para el vocero de la agrupación, Juan Pablo Rojas, el fallo “es un chiste, ya que no se está respetando la Ley del Consumidor”.
El próximo paso para los estafados por la UTEM es presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, para intentar revertir el fallo de la Corte de Apelaciones. Juan Pablo Rojas no tiene muchas esperanzas en la Corte de Suprema. “Si nos va mal nos iremos hacia afuera”, advierte.
El año pasado, los estafados por la UTEM se reunieron con los Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo, con los estudiantes de la Universidad del Mar, y otras cuatro organizaciones. Crearon la Coordinadora Deuda Educativa, con el objetivo –según dice Rojas– de “acabar con la deuda educacional”.
Además, la Coordinadora es la instancia desde donde preparan la estrategia para demandar al Estado de Chile por no cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que firmó en 1969 y ratificó en 1989.
En el artículo 13, letra C, se establece que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.
Este último punto es el que el Estado no ha cumplido, según el vocero de los Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo, Cristián Villagrán. “Se comprometió a la implementación progresiva de la enseñanza gratuita. Lo que nosotros podemos acreditar es que, por medio de cada política pública implementada en materia educacional, pasó justamente lo contrario. Nadie puede negar que la educación se haya ido privatizando cada vez más. En ese sentido y ya agotadas las instancias judiciales en el país, vamos a buscar la forma de llevar esto a tribunales internacionales”, dice Villagrán.
En la Coordinadora miran con atención la Reforma Educacional del gobierno de Bachelet. “Vamos a esperar la respuesta política que existe sobre este tema”, señala Villagrán. Mientras esto sucede, en el grupo ya comenzaron la búsqueda de un abogado para presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
