La causa suma en total ocho condenados por delitos de soborno, cohecho, lavado de dinero y fraude tributario. Con este trámite legal se da por cerrado el caso en cuanto a las aristas de contadores y funcionarios públicos, quedando sólo una, referida a los contribuyentes involucrados.
Cinco años de presidio efectivo deberá cumplir Iván Álvarez, el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), tras ser condenado por los delitos de cohecho, lavado y fraude tributario, además del pago de una multa de 1.900 millones de pesos, y el comiso de un departamento y un vehículo, en el marco de la investigación denominada Fraude al FUT y que fue dirigida por los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos.
Asimismo, resultaron condenados los contadores Sergio Díaz y Juan Carlos Prieto. El primero a cuatro años de presidio efectivo por soborno, lavado y fraude tributario, el pago 700 millones de multa y el decomiso de dos casas y un departamento. El segundo a cinco años con libertad vigilada por soborno y fraude tributario, además del pago de una multa de 290 millones.
Según el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, con estas resoluciones se cuenta un total de ocho condenas: dos funcionarios públicos fiscalizadores del SII y de seis contadores.
“Esta causa se trata de un fraude tributario, que consistía en que funcionarios públicos, específicamente fiscalizadores del SII, en particular Iván Álvarez, se concertó con un grupo de contadores, quienes, con sus clientes, presentaron declaraciones de impuestos fraudulentas que permitían obtener devoluciones indebidas de impuestos. Esta actividad la hicieron 122 contribuyentes, y obtuvieron devoluciones por 2.700 millones de pesos, entre el año 2010 y 2012”, explicó Gajardo.
Esta investigación dio curso a la apertura de la investigación denominada Caso Penta, en la que Iván Álvarez también figura como imputado.
“Con la resolución informada este miércoles se da por cerrada la causa FUT respecto de los contadores y funcionarios públicos, quedando sólo una arista pendiente, sobre los contribuyentes, que debería resolverse vía suspensión condicional, en cuanto a que paguen los impuestos que obtuvieron indebidamente”, concluyó Gajardo.
