lunes, 6 de diciembre de 2021 Actualizado a las 22:52

Banco de Álvaro Saieh también financia a los think tanks

CorpBanca se suma al listado de grandes empresas que financian el pensamiento político

por 15 mayo, 2015

CorpBanca se suma al listado de grandes empresas que financian el pensamiento político
Según la contabilidad del banco de propiedad del también dueño de Copesa, el 2013 se pagaron facturas a Chile 21, al Instituto Libertad, al Centro Democracia y Comunidad, y a Cegades. Todos centros de pensamiento ligados a fuerzas políticas que van desde la derecha hasta el progresismo. La investigación de la Fiscalía ha permitido detectar los mismos tipos de pagos desde SQM, Penta y Aguas Andinas.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

CorpBanca es una de las empresas que están en una especie de stand by en la investigación de la Fiscalía. Varias aparecieron mencionadas por primera vez cuando los fiscales le hincaron el diente al financiamiento de la campaña del UDI Pablo Zalaquett. Ahí, varios ex colaboradores de esa apuesta electoral confesaron que se emitieron facturas falsas a SQM, Ripley, Alsacia y al banco de Álvaro Saieh.

Además, desde esta semana Aguas Andinas se sumó al club, después que la PDI requiriera su información contable, y El Mostrador revelará pagos mensuales al senador DC Andrés Zaldívar, y al centro de pensamiento ligado a la falange, el Cegades.

Con el surgimiento de los nuevos antecedentes, el Ministerio Público ha incautado información contable de las empresas involucradas, lo que ha permitido revelar los pagos de estas compañías a quienes hoy están pensando la política. En una revisión hecha por El Mostrador del libro de compras de abril del 2013 –que está contenido en las carpetas de la investigación– de CorpBanca, el banco de Álvaro Saieh, se detectaron pagos a varios think tanks.

En concreto, aparecen cuatro facturas emitidas por distintos centros de pensamiento, todas el mismo día, el 25 de abril del 2013. El primero es el Centro Democracia y Comunidad –ligado a la DC y cuyo directorio está formado, entre otros, por el hermano del ex presidente Frei, Francisco Frei Ruiz-Tagle, y la ex ministra Marigen Hornkohl–, el que entregó la factura exenta 111 por un monto de $2.287.011.

Con el surgimiento de los nuevos antecedentes, el Ministerio Público ha incautado información contable de las empresas involucradas, lo que ha permitido revelar los pagos de estas compañías a quienes hoy están pensando la política. En una revisión hecha por El Mostrador del libro de compras de abril del 2013 –que está contenido en las carpetas de la investigación– de CorpBanca, el banco de Álvaro Saieh , se detectaron pagos a varios think tanks.

El segundo en aparecer en la lista es el Instituto Libertad, ligado a RN y presidido por el hijo del senador Antonio Horvath, del mismo nombre, que figura con la factura exenta 869 por $914.656.

El Cegades –cercano a la DC, presidido por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, y en cuyo directorio han participado Luis Ajenjo y el ex ministro de Salud del Gobierno de Frei, Alex Figueroa– aparece recibiendo $1.500.000 brutos gracias a la factura 457. El centro también apareció en listados anteriores por haber recibido dineros de Soquimich (SQM) y de Aguas Andinas, la empresa de capitales españoles y franceses que le pagó $128 millones entre 2009 y 2011, según la contabilidad oficial de la sanitaria.

Por último, Chile 21, ligado al progresismo y en cuya cabeza está Carlos Ominami, además del PPD Guido Girardi* y el PS Gonzalo Martner, recibió $1.100.000, según consta en la factura 2241. Chile 21 ya había estado en la palestra por los $90 millones que recibió entre 2012 y 2013 de SQM. En esa ocasión, el ex vocero de Gobierno, Francisco Vidal –quien formó parte del directorio del think tank–, señaló que “a veces hay que cerrar los ojos” al momento de recibir financiamiento, haciendo referencia al origen de los dineros, los que venían de la empresa del ex yerno de Pinochet, la que además fue arrebatada al Estado durante la dictadura.

Ahora, y en conversación con El Mostrador, Vidal explica que la factura al banco de Saieh se debe a “la suscripción de años que tenemos con CorpBanca. Lo que hace Chile 21 es que todos sus seminarios y talleres se publican, más informes políticos y sociales. Todo es estándar. Y todo esto se compila en un boletín que sale una vez al mes”, detalla, dando cuenta de una línea de financiamiento que es prolíficamente usada por otros centros de pensamiento, los que consiguen suscribir a grandes empresas a las que les envían sus análisis de forma mensual.

Vidal señala que esta forma de obtener recursos la usan “desde que se creó Chile 21, el año 1995”, y que “al menos una docena de empresas” están suscritas.

La misma explicación es entregada desde el Instituto Libertad, donde su director ejecutivo, Antonio Horvath, plantea que ellos emiten mensualmente distintos boletines con análisis políticos y económicos, además de reportes de las discusiones que se generan en el Congreso, y que esa información la venden a las empresas que se suscriben a sus servicios.

Dice también que la venta de información a las empresas es solo una de sus fuentes de financiamiento, y que otras vienen de asesorías a los municipios y a los legisladores. “Descarto absolutamente que se desvíe plata a campañas”, enfatiza Horvath.

Desde el centro ligado a la DC, Democracia y Comunidad, son enfáticos en asegurar que en la actualidad no tienen suscripción con ninguna empresa, y que entre marzo del 2011 y octubre del 2014, la única empresa a la que emitieron informes fue CorpBanca, que se trataba de un informe de coyuntura y que el pago siempre rondó los $2 millones. Consultados sobre el posible traspaso de ese dinero a campañas de la falange o al funcionamiento interno del partido, aseguran que no tienen información porque ese contrato fue visado por una administración anterior.

“No podemos responder por financiamiento a campañas, o por dineros al partido, porque eso tendrías que preguntárselo a la administración anterior”, indican desde Democracia y Comunidad, desviando la interrogante hacia la ex directora ejecutiva, la militante DC Cristina Orellana.

En Cegades –el otro centro ligado a la DC que recibió pagos de CorpBanca, SQM y Aguas Andinas–, respondieron enviando un comunicado donde señalan que desde 2002 editan “en forma ininterrumpida una publicación mensual, sobre materia de interés en estudios, políticas públicas, y materias institucionales y legales comparadas, la cual se financia y distribuye solo por medio de suscripciones”. El mismo mecanismo de financiamiento de Chile 21 y el Instituto Libertad.

Fuentes de CorpBanca indican que los pagos se justifican por la compra de informes emitidos por los centros de pensamiento, los que pueden incluir análisis de coyuntura y poner el acento en la situación política y económica del país. Sin embargo, afirman que lo que más les preocupa es tener monitoreada la discusión legislativa.

“Tú tienes proyectos de ley que pueden afectar el sistema financiero. La discusión legislativa siempre está llena de temas que son importantes de conocer para nosotros. Hay revistas que no te van a servir un mes, pero al mes siguiente sí. Por lo mismo, no te puedes suscribir solo a una”, señalan, agregando que estos informes les llegan directamente a los gerentes de la compañía.

A pesar de que las facturas dan cuenta del pago de montos menores, se debe considerar que esas cifras se replican mensualmente por varios años, por lo que el aporte total de CorpBanca a estos grupos excede por mucho las cifras que se dan a conocer en este artículo.

El dinero que financia a la política

Una arista que ha salido a la luz con la investigación al financiamiento ilegal de campañas políticas ha sido el modelo de financiamiento adoptado por los centros de pensamiento. Todos, en mayor o menor medida, recurren a los empresarios para financiar sus actividades, las que en muchos casos incluyen la asesoría a diputados y senadores cercanos a sus posturas ideológicas.

Cuando recién estalló el caso Penta, aparecieron los pagos por más de $80 millones entre 2010 y 2012 desde la empresa de Carlos Délano y Carlos Lavín hacia Libertad y Desarrollo. El mismo think tank –ligado a la UDI– recibió financiamiento mensual de SQM. En la ocasión explicaron que estas empresas forman parte de un grupo de más de 650 suscriptores. En paralelo, LyD asesora gratuitamente a diputados de la UDI y RN.

En los listados de pagos de SQM aparecieron también organismos como Cieplan –presidido por el DC Alejandro Foxley y donde también participan José Piñera, hermano del ex Presidente, René Cortázar y José Pablo Arellano–, por recibir dineros de la minera. En la explicación que remitieron a El Mostrador, se lee que “desde hace más de diez años Cieplan organiza seminarios económicos para ejecutivos de empresas. En ellos han participado más de 30 compañías. En el contexto de estos seminarios y de un programa conjunto entre CEP y Cieplan, en los últimos años participaron, entre otros, ejecutivos de Soquimich".

Sin embargo, los think tanks no le ven mayor problema a esta cadena de financiamiento que va desde las grandes empresas a los organismos de los partidos que generan pensamiento y política pública.

Antonio Horvath, del Instituto Libertad, comenta que “en absoluto nos quita libertad, porque la fuente de financiamiento no está coartada por ninguna empresa. Está suficientemente atomizada para que ninguna empresa tenga potestad de vetar nada. Hemos emitido informes que podrían haber molestado a algunos de nuestros suscriptores, pero eso no ha influido”.

En Libertad y Desarrollo también defienden su independencia. En un comunicado publicado en su página web, aseveran que “para garantizar su independencia, LyD no recibe fondos del Gobierno y su política de financiamiento procura la diversificación de sus fuentes, que provienen de la suscripción a nuestras publicaciones, seminarios y charlas”.

Pero las críticas existen. El rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, pone el acento en la falta de regulación en la que viven los centros de pensamiento y en la supuesta neutralidad de sus ideas. “El principal problema de los think tanks es que, en la mayor parte de los casos, poseen una forma de financiamiento opaca y sus opiniones, que poseen una orientación ideológica, son presentadas, sin embargo, como meramente neutrales o técnicas”, asegura.

“En Chile no existe una regulación para financiar la actividad política no electoral consistente en la promoción de temas o puntos de vista en la esfera pública (advocacy issues). La política, como es obvio, no existe sólo en periodos electorales. Entre las elecciones se producen ideas, se aboga por puntos de vista, se preparan programas, se despliegan influencias. Todo eso (que hacen en buena parte los think tanks) es parte de la política y hay que financiarlo”, esgrime Peña, a lo que suma los problemas que presentaría la actual línea de financiamiento de los think tanks.

“Esas formas de financiamiento poseen varios problemas: a) desde luego la dependencia de uno o dos donantes priva de independencia objetiva al think tank que, sin embargo, suele presentarse como un grupo experto, de índole meramente técnica, que está más allá de los intereses; b) la compra de informes, por su parte, fuerza la renuncia fiscal al presentarse ese gasto como necesario para producir la renta (y de esta manera se trata en parte de un financiamiento público cuyo destino lo decide un privado)”, argumenta el rector de la UDP.

Ante esta realidad, Peña propone que se regule la actividad de estos organismos, permitiendo que las empresas descuenten impuestos si deciden donar a un think tank en particular, que estos deban declarar su orientación ideológica, que además hagan pública su lista de donantes y que se establezca un mecanismo para repartir parte de esas donaciones a otros centros que no puedan acceder a las mismas fuentes de dinero.

La discrecionalidad de quienes los financian no es un tema menor. De todos los centros consultados por este diario, ninguno reveló la lista completa de sus suscriptores (a excepción de Democracia y Comunidad, que asegura no tener suscriptores en el presente).

Desde Ciudadano Inteligente, su directora de investigación, María Jaraquemada, suma argumentos, y destaca la nula regulación en nuestro país para esta actividad política. “Para nosotros es importante, dentro de la discusión que se está dando en el Congreso sobre financiamiento a la política, que se incluya el financiamiento a los centros de estudios ligados a partidos políticos. Esto para evitar que, de manera indirecta, ese financiamiento vaya a los partidos o la captura de la política o la influencia se realice por ese medio”, dice.

Jaraquemada comenta que en países como Alemania o España este tema se encuentra regulado, y que la idea de normar esta actividad es que se eviten burlas a la futura ley de financiamiento: “La idea es que no se burle la prohibición de donaciones de personas jurídicas (como lo contempla el proyecto hoy) o los límites de donaciones por persona, porque al final se burla el sentido de la norma, que es evitar la influencia indebida de ciertos grupos sobre los partidos o parlamentarios y la captura de la política”, finaliza.

* Nota de la Redacción: El senador Guido Girardi aseguró en una carta al director que no ha integrado el directorio ni ha formado parte de la Fundación Chile 21.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV