Adolfo Galindo, integrante de la G90.
El funcionario, según la investigación interna que está cerca de concluir, habría puesto su firma en documentos oficiales para respaldar la posición de minera Los Pelambres en una disputa comercial con la compañía suiza Glencore.
A través de un comunicado, el Ministerio de Minería informó que deja de pertenecer a la repartición, Adolfo Galindo, jefe de gabinete de la ministra Aurora Williams.
«Agradecemos el compromiso y entrega que el señor Fernando Adolfo Galindo Fuentes, dispuso durante los 16 meses que ejerció su labor como Jefe de Gabinete de esta Cartera, y le deseamos éxito en las nuevas responsabilidades ministeriales que asumirá prontamente», dice el texto sin especificar cuál será su próximo destino laboral.
En su reemplazo, el ministerio informó que asumirá «Patricio Eduardo Díaz Ríos, Trabajador Social de la Universidad Técnica Metropolitana, y MBA de Eastern University (USA) en Gerencia de organizaciones sin fines de lucro, quien hasta la fecha se desempeñaba como asesor encargado de la Unidad de Minería y Sociedad de esta Secretaría de Estado».
Últimamente, la permanencia de Adolfo Galindo en su puesto se había hecho más complicada. Primero, porque pertenece al grupo conocido como G90, que encabezaba desde el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, y su salida suponía al menos un cambio en la situación de varios de sus cercanos, como por ejemplo Harold Correa, quien fue jefe de gabinete en Educación de Nicolás Eyzaguirre, pero hace varias semanas que está con licencia médica y en la práctica ya fue reemplazado por María Inés de Ferrari, quien acompaña a la ministra Adriana Delpiano. Mientras que Eyzaguirre para la Segpres no lo consideró, por lo que en este minuto no tiene cargo.
La situación de Adolfo Galindo es un poco más complicada. Si después de la salida de Peñailillo, los militantes de la G90 (en su mayoría PPD) acusaron una «razia» contra ellos, lo que sucede con Galindo les da la razón a algunos en el gobierno, donde se decidió no echarlos, porque hacerlo a causa de las boletas falsas significaría sacar a Estela Ortiz, muy cercana Bachelet. Por eso, la estrategia es esperar que caigan por su propio peso
En el caso de Galindo aparece vinculado a las supuestas maniobras para lograr que el litio fuera decretado como un mineral concesionable y no como un mineral estratégico de explotación estatal o en una asociación mixta, como finalmente fue rotulado por un informe de la comisión gubernamental formada para tal efecto.
Pero lo que realmente rebasó el vaso, fueron los documentos que lo involucran en una disputa comercial y diplomática entre las mineras Pelambres del grupo Luksic y la suiza Glencore que opera en Argentina. Ambas compañías mantienen un litigio por el uso de la zona conocida como Cerro Amarillo, a cuatro mil metros de altura, donde Pelambres depositó sus residuos asegurando que era de su territorio. Sin embargo, una revisión y corrección de los hitos fronterizos determinó que se trataría de territorio argentino donde opera Glencore.
En este contexto, un informe oficial del Ministerio fue entregado a los abogados de Pelambres. En esa carta firmada por Galindo con membrete oficial se afirma que la minera de los Luksic actuó «de buena fe», con la información pública disponible, operando en el botadero de Cerro Amarillo. También entregó copias, a los abogados de la empresa, con su firma, de los peritajes técnicos hechos al respecto y que favorecían la defensa de Pelambres, pero que en principio no tenían firma oficial.
A raíz de este extraño procedimiento, el Ministerio ordenó a comienzos de junio la apertura de un sumario, que estaría por concluir y en el que Adolfo Galindo no saldría bien parado.
