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Desde hace 13 años que parte de la comunidad de San Joaquín lleva un largo proceso legal en contra de Curtidos Bas, empresa que según los vecinos es responsable de los malos olores que afectan a los sectores cercanos a la Línea 5 de Metro.
Desde el año 2002 a la fecha, han sido constantes los reclamos y denuncias debido a la emisión de malos olores por parte de la empresa Curtidos BAS, ubicada en la comuna de San Joaquín. La gran cantidad de denuncias, tanto de vecinos como de empresas e instituciones del sector, evidencian el tamaño del área urbana que es constantemente contaminada por esta empresa, de lunes a domingo, sin descanso.
Área urbana contaminada
La Comunidad Edificio Carlos Valdovinos, Junta de Vecinos Germán Riesco, Junta de Vecinos Villa Músicos del Mundo, Junta de Vecinos Músicos del Mundo, Junta de Vecinos Las Flores, Junta de Vecinos Isabel Riquelme, Junta de Vecinos Venezuela, Junta de Vecinos Brasil, Junta de Vecinos Vicente Navarrete, Automotriz COSECHE, Instituto Profesional IP, entre otros, han sido algunos de los que han presentado demandas en contra de las empresas.
Ante dicha situación, en el año 2012 el Alcalde de San Joaquín solicitó el pronunciamiento de las Seremis de Salud y Vivienda y Urbanismo para aplicar el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcción; y en el año 2013 ambas Seremis se pronunciaron en orden a establecer que Curtidos Bas es una Empresa Molesta para sus vecinos.
El 11 de julio de 2013 fue emitido el Decreto Alcaldicio N° 1263 que establece el traslado de las instalaciones correspondientes a la empresa Curtidos Bas S.A., RUT 93.111.000-4, ubicada en Av. Carlos Valdovinos Nº 105, 117 y 129, comuna de San Joaquín, dentro del plazo de un año contado desde la notificación del Decreto, pero la empresa Curtidos BAS respondió presentando un “Reclamo de Ilegalidad” ante el alcalde de San Joaquín, quien rechazó el reclamo.
El 1 de octubre de 2013 la empresa Curtidos BAS acudió a la justicia y presentó un “Recurso de Ilegalidad” ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que rechazó el recurso de la empresa, el 12 de mayo de 2014.
Pero la empresa no se quedó allí, en julio de 2014 y con el fin de dejar sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel, presentó un “Recurso de Casación en el Fondo” contra la Sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a la vez que presentó un Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad del art. 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcción ante el Tribunal Constitucional.
Este año, el 10 de septiembre de 2015, el Tribunal Constitucional acogió el recurso de la empresa y declaró inaplicable el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, lo que significa que la Corte Suprema debe resolver la Casación, sin considerar aplicación de este articulado.
