Sería el elegido de Chahuán para Fiscalía Oriente, donde están radicadas Penta y SQM
Conocido como el “delfín” de Sabas Chahuán antes incluso de oficializar su postulación a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que lleva el caso Penta, el actual Fiscal Regional de Iquique tiene la opción preferente de quedarse con el cargo tras obtener la primera mayoría en la votaciones de los tribunales de alzada de la capital. El hombre que sobreseyó a Alberto Ayala por filtraciones de la causa SQM al ex ministro Peñailillo, se quedaría con su puesto. En el Ministerio Público ironizan con que tiene la misma muñeca del “Chino Ríos”.
Veintuno fue su cosecha. Esos fueron los votos que sacó Manuel Guerra el viernes pasado en la Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Uno de los fiscales “más políticos”, reconocido como “delfín” de Sabas Chahuán para asumir la Fiscalía Regional Oriente, una de las de mayor importancia del país.
De cerca lo siguieron Tufit Bufadel (16) y Paula Falcón (12). El gran perdedor de la jornada fue el fiscal “estrella” y que durante un tiempo pareció tener contra las cuerdas al mundo político-empresarial, Carlos Gajardo. Con solo 11 votos se despidió de sus pretensiones de acceder a la regional y no son pocos los que comentan que su partida del Ministerio Público podría ser inminente, pese a que sigue encabezando la investigación del Caso Penta. Eso al menos mientras Jorge Abbott, el nuevo Fiscal Nacional, no decida hacer una redistribución de las causas.
Para muchos no fue una sorpresa que quedara fuera de la terna debido a que –según ha trascendido– su perfil mediático iría en contra de la señal de mayor austeridad y bajo perfil que pretende dar el Poder Judicial. Todo ello, sumado a los anticuerpos que genera al interior de la Fiscalía por los mismos motivos.
A fines de octubre, cuando Jorge Abbott fue ratificado por el Senado como el próximo Fiscal Nacional, se instaló la tesis de que habría existido una cocina paralela. En ella Chahuán habría asegurado, por una parte, la salida de juicios abreviados a las causas de platas políticas y, por otra, asegurado que Carlos Gajardo saldría de los casos.
El escenario daba para creer ese tipo de tesis, sin embargo, también existieron matices. La astucia de Chahuán –comentaron sus cercanos en la Fiscalía– fue haberse acercado a las defensas de los imputados justo cuando en el Senado se debatía acerca de quién lo sucedería en el mando del Ministerio Público. Y aunque desde un inicio los fiscales a cargo sabían que la salida judicial en estos casos sería negociada, las conversaciones entraron en tierra derecha a la par de la elección del próximo Fiscal Nacional. Eso fue parte de las señales que se enviaron a la derecha en el Senado, a través de los diarios y no en reuniones sospechosas en casas particulares.
La semana pasada se concretaron dos hechos. El primero fue la solicitud de audiencia que pidió la Fiscalía para llegar a un juicio abreviado con Jovino Novoa, quien cambió su línea de defensa en 180 grados tras negar durante 11 meses los hechos que se le imputaban y mantener una férrea resistencia a la investigación misma.
¿Quién asumirá el futuro de las causas de platas políticas? Desde febrero las tres (Penta, SQM y Corpesca) están en manos de Chahuán, pero con el desembarco de Abbott –quien llega hoy de sus vacaciones– el escenario cambiará. Él mismo señaló que se inhabilitará de la causa Penta por ser primo de Alfredo Moreno, presidente del grupo Penta y quien encabezó el comité de crisis cuando el caso recién partía. Todo indica que esta causa será conducida por quien sea el nuevo Fiscal Regional Oriente, muy probablemente, Manuel Guerra. Respecto de las otras dos, aún no hay certeza sobre la decisión que tome Abbott.
Guerra fue militante del Partido Radical en su juventud y cercano al ex ministro de Justicia Isidro Solís, abogado de causas personales de la Presidenta Bachelet, también militante radical, quien –según fuentes judiciales– fue uno de sus promotores en el Poder Judicial para liderar la terna, debido a la cercanía que estrechó con varios de los ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel en los tiempos que le tocó dirigir la cartera de Justicia.
De ser nombrado por Chahuán, Guerra asumirá el cargo que dejó hace unas semanas Alberto Ayala, a quien investigó por haber entregado información privilegiada al en torno al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuando comenzó la arista SQM. En su momento, fue comentario que podrían existir “implicancias” o un interés particular de Guerra por haber sobreseído rápido a Ayala para poder postular al cargo que este ocupaba. Finalmente, el lunes 26 “coincidió” su intención de postular al puesto con el sobreseimiento de la causa por filtraciones en la que se investigaba a Ayala, como Fiscal Regional Oriente.
Guerra tiene la primera opción para convertirse en el tercer Fiscal Regional que Chahuán nombra este año bajo la lógica de la “silla musical” –lo hizo con Ayala en Antofagasta y Juan Meléndez como Fiscal Regional de Los Ríos–. Esta es la forma en que coloquialmente se conoce a la posibilidad de que un Fiscal Regional pueda “repetirse el plato” en otra zona.
Respecto a esta práctica, que se ha convertido en algo habitual bajo la administración de Chahuán –una de cuyas características más comentadas es el amiguismo a la hora de tomar decisiones–, Abbott ha mostrado una posición ambigua, primero cuestionando su legitimidad y, acto seguido, validándola en casos excepcionales. Así lo dejó entrever en el Senado, previa ratificación como próximo Fiscal Nacional, cuando señaló que un Fiscal Regional “no tiene redes” cuando deja el puesto y que,si está “bien evaluado”, es importante mantenerlo dentro del Ministerio Público.
La esposa de Manuel Guerra trabaja en Sernageomin desde julio de 2014. Según publicó The Clinic, tiene una sociedad inmobiliaria llamada “Alcyon”, en la que también participan dos abogados que han litigado en favor de SQM en el norte. Estos son Gonzalo Ramírez Águila y Gonzalo Ruiz Requena, cuya participación se da mediante Recor, otra sociedad.
[cita]Quienes conocen la interna de este proceso coinciden en que fueron dos los factores clave: el papel que jugó la política de la mano de Isidro Solís y la conocida preferencia de Chahuán por su nombre. Lo nombró fiscal Jefe de Maipú, luego se lo llevó a la Fiscalía Nacional al mando de la Unidad de Tráfico de Drogas, después lo respaldó para que asumiera la Fiscalía Regional de Iquique, y ahora –según coinciden todas las fuentes– lo nombraría en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.[/cita]
Además, cuando su esposa llegó al cargo, la Contraloría Regional recibió dos denuncias acogidas bajo reserva de identidad, según la misma publicación. En ellas se mencionaban los intereses comerciales por su empresa Alcyon. Además, se preguntó sobre su abstención en procesos administrativos vinculados a esa sociedad. La respuesta llegó en julio: “Cabe señalar que en cuanto a la declaración de patrimonio de la citada servidora, donde, de conformidad a los antecedentes en poder de este órgano de Control, se constató el incumplimiento del plazo legal de treinta días corridos para su presentación, la jefatura superior de esa entidad deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de esclarecer las circunstancias que dieron origen al hecho observado, y en caso que proceda, aplicar las respectivas sanciones”, señaló el organismo.
No deja de ser un tema de preocupación, para algunos analistas, que tanto el ex Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, así como el nuevo Fiscal Nacional, Jorge Abbott y Manuel Guerra, tengan vinculaciones directas e indirectas con Penta o Soquimich.
Fuentes de la propia Fiscal Regional Oriente, que admiten no conocer del todo a Guerra, reconocen “su gran muñeca”, como la del “Chino Ríos” dicen, ya que pese a existir esta vinculación con SQM, de haber enfrentado una dura oposición en su momento con el Poder Judicial a raíz de un encontronazo que tuvo con el Presidente de la Suprema, Sergio Muñoz, quien incluso pidió a Chahuán que lo destituyera por no responder ocho escritos consecutivos que le había enviado la Suprema, y de anotarse en su currículo la defensa de a un conocido narcotraficante de Concepción, antes que ingresara al Ministerio Público, a quien sacó de la cárcel pero que al año siguiente volvió a caer con un kilo de cocaína, nada de estos antecedentes pesaron a la hora de que los tribunales de alzada de la capital le concedieran las 21 preferencias.
Quienes conocen la interna de este proceso coinciden en que fueron dos los factores clave: el papel que jugó la política de la mano de Isidro Solís y la conocida preferencia de Chahuán por su nombre. Lo nombró fiscal Jefe de Maipú, luego se lo llevó a la Fiscalía Nacional al mando de la Unidad de Tráfico de Drogas, después lo respaldó para que asumiera la Fiscalía Regional de Iquique, y ahora –según coinciden todas las fuentes– lo nombraría en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Finalmente, haberlo puesto a la cabeza de la investigación que se le siguió a Alberto Ayala y que terminó por sobreseer el mismo día en que se postuló al cargo que dejaba el fiscal que acaba de investigar.
En círculos de la Fiscalía Oriente opinan que su desafío va a ser reposicionar a la Fiscalía que acumula el mayor número de sobreseimientos por imputado desconocido en casos de delitos contra la propiedad, y resolver las pugnas internas.
Se rumorea que traerá gente de la Fiscalía Nacional a cargos clave. Esto, por su cercanía con Chahuán, cuya característica es que protege y defiende a su gente. Los cargos serían el Director Ejecutivo Regional, el jefe de asesorías jurídicas y cambiaría a algunos fiscales jefes que, en la elección a Fiscal Nacional, apoyaban a José Morales, quien representaba la oposición a Sabas Chahuán.
