La auditoría estará enfocada en el personal del Servicio, en concreto en el pago de asignaciones especiales, «y sobre las facultades del director de disponer el pago de funciones críticas al personal», añade la resolución.
El gobierno intervino Gendarmería y abrió una investigación interna y una auditoría, tras desvelarse aumentos injustificados de sueldos y el pago de pensiones desmesuradas a funcionarios que se han jubilado, según se conoció este domingo.
Aunque la decisión fue comunicada el pasado viernes por la ministra de Justicia, Javiera Blanco, al director de Gendarmería, Tulio Arce, recién se conoció hoy a través del diario El Mercurio.
La medida, que también abarcará otros problemas, como fallos en la custodia de los reclusos y fugas, estará a cargo del subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, aunque el encargado directo será Ciro Cornejo, abogado de la Fiscalía del Ministerio, quien tendrá 60 días de plazo para entregar sus conclusiones.
La auditoría estará enfocada en el personal del Servicio, en concreto en el pago de asignaciones especiales, «y sobre las facultades del director de disponer el pago de funciones críticas al personal», añade la resolución.
La medida se adoptó varios días después de desvelarse que la periodista Myriam Olate, exsubdirectora técnica de Gendarmería, recibe tras jubilarse una pensión mensual de 5.214.799 pesos (unos 7.901) dólares).
En el sistema privado de pensiones, en el que están la mayoría de los chilenos, la pensión promedio no supera los 380.000 pesos (unos 575 dólares), pero centenares de miles de pensionados reciben no más de unos 140.000 pesos (unos 212 dólares).
La pensión de Olate es una entre varias que favorecen a exdirectores y altos oficiales de Gendamería y supera en al menos 1,8 millones de pesos (unos 2.727 dólares), a la de generales de las Fuerzas Armadas.
Según las normas vigentes, las pensiones del antiguo sistema chileno, anterior a la creación del sistema privado, no pueden sobrepasar mensualmente las 60 Unidades de Fomento (unidad de pago indexada según la variación diaria de la inflación), equivalentes en la actualidad a unos 1,7 millones de pesos (unos 2.575 dólares).
Los funcionarios de Gendarmería están adscritos a la Caja de Previsión de Carabineros (Dipreca), que tiene una normativa propia, lo mismo que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Cuando en 1981 creó el sistema privado, de capitalización individual, la dictadura de Augusto Pinochet no incluyó en el mismo a los militares, policías y gendarmes, que han continuado al amparo de un sistema de reparto que les asegura generosas pensiones, muy por encima del resto de los chilenos.
Hace algún tiempo se aprobó en el Congreso una norma que anuló el límite máximo para las pensiones en Gendamería, pensada para los guardias de prisiones, que deben pasar 30 años compartiendo con delincuentes en las cárceles y con bajos sueldos, pero hasta ahora sólo ha favorecido a funcionarios de altos sueldos.
Según han explicado los denunciado expertos, la Caja de Carabineros abre la posibilidad de recibir una pensión equivalente al promedio de los sueldos recibidos durante los seis meses previos a la jubilación, por lo que en ese período a los altos cargos les pagan una serie de bonos y beneficios adicionales, para mejorar sus futuras pensiones.
Myriam Olate es la ex esposa del parlamentario socialista Osvaldo Andrade, actual presidente de la Cánara de Diputados, que vivió una semana penosa, pues la oposición política lo acusa de maquinar a favor de ella y prepara un voto de censura y un juicio ético en su contra.
«El Ministerio de Justicia no calcula ni paga las pensiones, ni de Gendarmería ni de ninguna autoridad del país», dijo el sábado en la norteña ciudad de Coquimbo Javiera Blanco, que según las últimas encuestas es la ministra peor evaluada del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, con sólo un 27 % de aprobación.
