Nombramientos de ministros están paralizados y son resorte de la Presidenta Bachelet
La paralización de la instancia, que por ley debía estar funcionando en junio de 2013, vendría directamente desde el segundo piso de La Moneda. Específicamente de parte de la poderosa jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte. Paradójicamente, la iniciativa se impulsó durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet y mientras Uriarte era ministra de Medio Ambiente. Entre las razones que alimentarían esta situación están la desconfianza y la falta de línea directa con ministros instalados en la zona norte del país, el corazón de la industria minera, y no en Santiago, donde son todos conocidos y parte del club del mundo ambiental y económico.
“Gracias a ATI nuestros hijos enferman”, sentenciaban algunos de los carteles durante la masiva marcha ciudadana del 7 de marzo de 2015, que los antofagastinos organizaron contra la contaminación de la que culpan a la firma concesionaria del puerto, Antofagasta Terminal Internacional (ATI), del grupo Luksic.
La situación puso en el ojo del huracán la operación de los dos galpones de almacenaje para concentrados de cobre vinculados al terminal, lo que se agudizó aún más, luego de que el Colegio Médico Regional de Antofagasta presentara un estudio que confirmaba la existencia de metales pesados muy por sobre las normas internacionales en sectores aledaños, que incluían colegios.
Distintos actores, incluido el Colegio Médico y la municipalidad, apostaron por interponer recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que buscaban dejar sin efecto las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) emitidas por la autoridad ambiental de la época que permitieron la puesta en marcha del proyecto. Solo uno fue acogido en primera instancia, pero finalmente la Corte Suprema lo rechazó.
La otra vía judicial, un tribunal especializado en medio ambiente, no fue una opción viable para estos actores, pese a que la Ley 20.600, impulsada en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, que crea tres Tribunales Ambientales en el país, estipula que el de Antofagasta debería haber estado en funcionamiento en junio de 2013. Sin embargo, tres años después, su creación está lejos de concretarse.
El freno a la iniciativa, según diversas fuentes, vendría orquestado desde el segundo piso de La Moneda.
La instalación del tribunal ambiental en Antofagasta depende directamente de la Presidenta Michelle Bachelet, según establece la ley que crea los tribunales ambientales, publicada el 28 de junio de 2012.
Esto, porque los tres ministros titulares y dos suplentes que componen el trío de tribunales regionales deben ser nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo de tres quintos del Senado de una nómina de cinco personas propuestas por la Corte Suprema, seleccionadas de un listado enviado por la Alta Dirección Pública (ADP).
De esta forma, la implementación de los tribunales de Antofagasta (con competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo), de Santiago (a cargo de las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O’Higgins y del Maule) y de Valdivia (encargado de las regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena), están ligadas directamente a la decisión gubernamental.
En el caso del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la Corte Suprema ha enviado quinas para todos sus miembros desde septiembre de 2014. A dos años, aún no ha salido ningún nombre desde La Moneda hacia el Parlamento para poder constituirlo.
Situación, la anterior, que por largo tiempo generó una enorme molestia dentro de la máxima instancia judicial chilena, que nunca vio con buenos ojos la creación de estos tribunales, ya que lo consideraba innecesario. Visión que tomó más fuerza en vista del evidente atraso por parte del Ejecutivo en el nombramiento de los ministros. “Hay molestia y un dejo de decepción, porque el Ejecutivo impulsa un sistema que no va a sostener en el tiempo”, señalan desde la Corte Suprema.
Mientras no exista esta entidad especializada, la ley establece que el Tribunal de Santiago es el encargado de absorber las causas de la macrozona norte. Razón por la cual –aseguran fuentes del sector– se convierte en una presa difícil de ceder, aparejada al poder que conlleva estar a cargo de las causas radicadas en el corazón de las operaciones de las mineras del país.
De esta forma, el Tribunal Ambiental de Santiago tendrá, entre aquellas por resolver, “causas de importancia y relevancia nacional ligadas al mundo minero. Mientras que en la zona de Santiago lo más importante que se ha visto hasta ahora es el conflicto del vertedero Santa Marta”, afirman fuentes del ámbito.
El presidente de la instancia, Rafael Asenjo –que a fin de año será reemplazado en el cargo por Alejandro Ruiz Fabres y luego continuará como ministro por dos años más–, ha sido un declarado enemigo de la instalación del Tribunal Ambiental en Antofagasta, lo que ha manifestado públicamente, argumentando que es una inversión muy cara para el número de causas que se ven en la macrozona norte.
Pese a ello, aseguran fuentes vinculadas al Tribunal Ambiental de Santiago, “la tranca real no viene de él. Es del segundo piso de La Moneda, de la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte”.
Y agregan que el tema no lo maneja “ni el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que ha señalado varias veces que ya está todo listo; tampoco está en manos del Ministerio de Justicia ni de la Segpres, sino que la que ha llevado el tema es directamente Uriarte”.
Las mismas fuentes señalan que la ex ministra de Medio Ambiente “se dio cuenta al armar el tribunal de Valdivia –lo que se concretó el 9 de diciembre de 2013– de que el nivel de los profesionales no era bueno, ni de las quinas enviadas por la Corte Suprema”. Además, agregan que “no eran confiables, no había una línea directa para conversar sobre los casos. En la práctica no les interesa, porque los casos se pueden ver acá en Santiago, donde hay una relación entre las empresas, los litigantes, tribunales y el Gobierno. Todos están unos al lado de otros, son todos conocidos y parte del club del mundo ambiental y económico”.
En concreto –aseveran– “como no les gustan los nombres propuestos en las quinas prefieren no nombrar a nadie. Pasó con Santiago, donde estuvieron año y medio sin ministro titular y también pasó con Valdivia, donde aún hay un cargo vacante”.
Y añaden que “efectivamente hay razones prácticas de por qué no instalar el tribunal en la macrozona norte. Por ejemplo, es más fácil ir de Copiapó a Santiago que a Antofagasta. Además, las empresas mineras, las asesorías ambientales en general, están acá. Por otro lado, la Superintendencia de Medio Ambiente no tiene la gente necesaria. Al mismo tiempo esto hace que el centralismo se retroalimente”.
Otra mirada tienen fuentes de Gobierno, que explicaron que “internamente nadie entiende bien por qué Ana Lya Uriarte tiene parados los nombramientos, tomando en cuenta que ella fue ministra de Medio Ambiente y sabe la relevancia de estos”. Pero que hay que considerar que el tribunal ambiental asentado en Antofagasta “abarca la zona donde se encuentran los proyectos vinculados a la gran minería, como Escondida, Pascua Lama, Pelambres y Codelco”.
Cercanos a la instancia ambiental aclaran que, si bien Asenjo es hombre de confianza de Ana Lya Uriarte, “no es su vocero en este tema, más bien coinciden en el interés”.
La ex ministra DC Soledad Alvear –actual asesora jurídica de Antofagasta Minerals (Amsa) del grupo Luksic– habría sido clave en la designación como ministro de Asenjo, según relatan diversas fuentes vinculadas a la instancia ambiental. El abogado de la Universidad de Chile es muy cercano a ella y a su marido, Gutenberg Martínez.
También tiene cercanía con el superintendente de Medio Ambiente –el tribunal es contraparte de la Superintendencia, ya que fiscaliza su tarea– Cristián Franz, que fue asesor, entre otros, de las empresas mineras de los Luksic, y de Barrick Gold, a través del Grupo Alianza.
Ambos coincidieron en la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), entre 1990 y 1994, período en que Asenjo fue su primer secretario ejecutivo y Franz asesor jurídico de la Unidad de Política y Legislación ambiental de la Secretaría Técnica de la entidad. Luego, Franz fue socio director de la Consultora Jurídica Ambiental (CJA), mientras su colega trabajó como consultor.
Consultados al respecto, desde el Tribunal Ambiental de Santiago señalan que “tal como lo establece la Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, el Tribunal Ambiental de Santiago y los ministros que lo integran, no tienen participación en el proceso de instalación o constitución de dichos tribunales, ni forman parte del procedimiento de nombramiento de los Ministros de estas judicaturas especializadas”. Y sostienen que, de acuerdo a las cifras de ingreso y tramitación de causas, “podemos asegurar que la ciudadanía de la macrozona norte de nuestro país no ha quedado desprovista de acceso a la justicia ambiental”.
En tanto, desde la Segpres manifiestan que sobre el Tribunal Ambiental de Antofagasta, “la Corte Suprema remitió al Ejecutivo las quinas respectivas con los candidatos seleccionados por esta en concurso público, para llenar los cinco cargos (tres titulares y dos suplentes) que se encuentran vacantes. De entre estos candidatos el Gobierno se encuentra realizando un proceso de exploración con la finalidad de completar las vacantes y esperamos que en el corto plazo se lleven a cabo dichos nombramientos. Asimismo, entendiendo que se requiere un alto quórum (tres quintos de los senadores en ejercicio) para ratificar estas propuestas, estamos intentando alcanzar los más amplios acuerdos posibles, a fin de generar consensos que permitan nominar a las personas más idóneas para desempeñar un cargo de esa responsabilidad”.
Uno de los argumentos esgrimidos por Asenjo y otras voces opositoras a la creación del Tribunal Ambiental en Antofagasta, es que la cantidad de casos que se revisarían no justifican la alta inversión económica necesaria para instalarlo.
Hasta septiembre, en el Tribunal de Santiago han ingresado 210 causas desde que inició su actividad jurisdiccional el 4 de marzo de 2013. La causa más importante que se ha visto hasta ahora es la relacionada con el relleno sanitario Santa Marta.
En Valdivia, a casi tres años de su inicio, se han ingresado 75 causas. Fuentes ligadas a los tribunales ambientales, indican que en el tribunal de Valdivia, “salvo Bocamina, no ha habido casos muy grandes. Pero en Antofagasta todos serán casos grandes. Sin embargo, como en el Gobierno no conocen a los profesionales enviados por las quinas de la Corte Suprema, no nombran a ninguno. Pero tampoco paran el proceso para hacer una nueva quina”.
Otras fuentes son tajantes: “Evidentemente donde hay más inversión hay más conflicto ambiental. Y obviamente, si abro un tribunal ambiental en el norte, habría más causas”.
Mientras tanto, en Antofagasta existe preocupación por el freno al proceso. De hecho, en enero pasado, en medio de una mesa de trabajo por problemas ambientales organizada por la Intendencia, el Colegio Médico Regional, liderado por el doctor Aliro Bolados, le planteó a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, “la importancia de tener un tribunal ambiental para contar con acceso rápido frente a cualquier problema grave de contaminación. Quedaron en tenerlo en consideración, pero no se ha hecho nada”, detalla el médico. También consultaron oficialmente ante la Seremi de Medioambiente sobre las razones de la no instalación del tribunal y la respuesta no fue aclaradora.
Una de las grandes preocupaciones está relacionada con el galpón del grupo Luksic. Bolados señala que, a través de diversos estudios, “hemos definido sin ninguna duda que hay contaminación por embarque y desembarque por concentrado de cobre. Este proceso produce eliminación de polvo que afecta a la ciudadanía. El origen está claro”.
[cita tipo=»destaque»]Mientras no exista esta entidad especializada, la ley establece que el Tribunal de Santiago es el encargado de absorber las causas de la macrozona norte. Razón por la cual –aseguran fuentes del sector– se convierte en una presa difícil de ceder, aparejada al poder que conlleva estar a cargo de las causas radicadas en el corazón de las operaciones de las mineras del país.[/cita]
Triccy Figueroa, abogada de la agrupación gremial, explica que optaron por los recursos de protección ante la Corte de Apelaciones porque “como no estaba avanzado en la ciudad la instalación del Tribunal Ambiental se continuó la vía que habitualmente recorremos, que es esa. Añade que no van a recurrir al tribunal de Santiago porque “tenemos que generar estándar de prueba, que incluye peritos, testigos e información técnica in situ, que como particular es difícil. Por lo mismo se hace necesaria la instalación de un tribunal en la zona, porque facilitaría el acceso a la justicia medioambiental”.
La abogada detalla que prefieren recurrir a un tribunal especializado “porque tiene conocimiento estricto de algunas materias. Por ejemplo, temas que tienen que ver con indemnización por existencia de daño ambiental, son acciones de fondo en que las Cortes de Apelaciones nunca tendrán competencia. Nunca el conocimiento de la Corte a través de recursos de protección podrá reemplazar el conocimiento del asunto de la materia ambiental, porque tiene que revisarse de fondo. Hay una acción que tiene que ver con dejar sin efecto resoluciones de calidad ambiental (RCA) y esa es la que, mientras no exista un tribunal ambiental, acá sOlo se puede ejercer en Santiago, y es la única vía para los ciudadanos que buscan una solución más completa. Es una acción de fondo, hay que tener antecedentes, documentos, pruebas y peritos”.
Figueroa detalla que las causas que ha visto el tribunal en Santiago relacionadas con el galpón –dos solicitudes de la Superintendencia de Medio Ambiente y una reclamación interpuesta por ATI contra la SMA– “tienen que ver con procedimientos sancionatorios de incumplimiento de la RCA. No tienen que ver con dejar sin efecto la resolución. La Superintendencia ha fiscalizado el cumplimiento de estas resoluciones y ha dicho si lo cumplen o no. Pero en la ley hay algunas hipótesis de incumplimientos graves de la RCA. Nosotros sostenemos que en este caso hay incumplimientos que son graves y eso debe derivar en una declaración que deje sin efecto esas resoluciones. Y eso solamente lo puede resolver el Tribunal Ambiental, porque la Corte de Apelaciones (en los recursos de protección) no ve el fondo”.
Y concluye que “no puede proyectarse que no vaya a existir interés ni necesidades de judicializar ciertas materias. Ese análisis no puede hacerse en una oficina en Santiago. Lo mismo pasó con la reforma procesal penal, en que por mucho tiempo los tribunales orales estuvieron con muy poco funcionamiento, pero eso fue cambiando. Nuestro país necesita formar una cultura de protección del medio ambiente y no puede formarse de un día para otro. Tiene que ver con la descentralización, con la formación de abogados y profesionales dispuestos litigar en estas materias. No es un proceso que se producirá rápido. Pero, si se opta por frenar el tribunal ambiental en Antofagasta, se juega en contra de una medida ya adoptada por el Estado de Chile”.
Para el abogado ambientalista Alfonso Barros, que representa a la agrupación Salvemos Punta Negra, salar que –aseguran– enfrenta un enorme daño hídrico producto de faenas de Minera Escondida, de BHP Billiton, la importancia de la instalación de un Tribunal Ambiental en la zona va de la mano de “la capacidad de investigación y del acceso que las personas afectadas tengan a un lugar donde expresar sus demandas. Mientras se mantenga todo en Santiago la gente no va a ir. La gente pobre no tiene acceso a la justicia y los que más sufren daño ambiental en sus patios traseros son las personas de escasos recursos. Para que la justicia sea efectiva y eficaz, tiene que estar donde se producen los daños, si no, es poner una barrera a su acceso”.
Este medio intentó obtener una versión de Ana Lya Uriarte, pero esta declinó referirse al tema. Señaló que, como norma, por el tipo de cargo que ejerce, los jefes de gabinete no pueden hablar con la prensa.
