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Abogados y parlamentarios acusan ocultamiento del documento

El informe maldito del Sename: los casos de mayor vulnerabilidad que ocultó el Poder Judicial

por 22 agosto, 2017

El informe maldito del Sename: los casos de mayor vulnerabilidad que ocultó el Poder Judicial
En 2013, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) unificó antecedentes entregados en tres boletines anteriores y levantó un informe “estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile”. Es un resumen de lo que sucedía en 2013 en 11 regiones del país. No solo contiene las fichas de cerca 6.500 niños –o el llamado informe Jeldres, que ya se había conocido en el referido año– sino también un detalle minucioso respecto a cuál era la realidad en cada centro del Sename que debía resguardar a la infancia vulnerada.
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Ha sido llamado el informe oculto por parlamentarios y abogados que giran en torno a las causas del Sename. También por jueces de familia, que en distintas partes del país señalan que nadie se los envió para trabajar en sus zonas con esta realidad. Es el resultado más contundente de las investigaciones realizadas por el Poder Judicial en torno a los niños y las niñas vulnerados.

Después de tres boletines –uno de ellos contenía cerca de 6.500 fichas sobre menores del Sename– el informe “estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile” se ha convertido en un libro que pudo ayudar a intervenir en su momento cada uno de los centros del Servicio Nacional de Menores, que presentaba graves falencias. Sin embargo, para muchos de quienes trabajan con la infancia no ha sido así.

En ese tiempo, el 25% de los niños institucionalizados de Arica y Parinacota se encontraban en riesgo alto. La mayoría de ellos pertenecía a Aldeas SOS Arica. En Tarapacá, 24.5% de los menores también estaban en riesgo alto. Lo mismo ocurría en Antofagasta (24.3%), Atacama (22%), Coquimbo (20%), O'Higgins (24%), Maule (26.1%), Los Lagos (21.7%), Magallanes (22%) y Los Ríos (31.9%). Como consigna el documento, la gran mayoría de los niños que se encontraban en el sistema residencial en esa región estaban en un organismo colaborador de Sename, cuya subvención llegaba a 82,3%.

De los 17 niños y niñas en Arica que tenían algún tipo de discapacidad, un 53% no recibía tratamiento. “Este último porcentaje corresponde a 9 niños. De los niños con discapacidad, 7 presentan una discapacidad intelectual, 3 leve y 4 moderada, 1 presenta una discapacidad visual moderada y otro auditiva. Finalmente se registra un caso para un postrado que presenta una discapacidad severa”, puntualiza el informe.

Uno de los casos más preocupantes anotados por el documento de la CAPJ fue el de una niña con cáncer cérvico uterino, que no tenía tratamiento.

Una realidad transversal

Una de las situaciones que registró el informe es aquella relacionada con abuso intrarresidencial. En Iquique, los antecedentes señalaron que en 9 casos (6%) se registraron situaciones de este tipo. “Esto quiere decir que han participado en un abuso sexual mientras se encuentran al cuidado de la residencia. Todos los casos correspondían a un abuso realizado por otro niño/a”, indica el documento. En esta región, la realidad también dio cuenta de más de un RIT designado para cada menor (55,2). Es decir, no existe un historial ordenado que permita establecer la vida de un niño o una niña; un hecho que puede imposibilitar una solución rápida para sus problemas o necesidades.

En el Maule, 26.1% de los niños figuraban en riesgo alto. La mayoría de ellos poseía un precario nivel escolar. El 31% (327 casos) presentaba algún grado de retraso escolar. Es decir, un niño se encontraba en dos cursos menos al que le correspondía. Un 5.4% asistía a enseñanza diferencial (58 casos) y un 3.1%, es decir 42 casos, no tenía ningún nivel de escolaridad.

Una de las situaciones que registró el documento es aquella relacionada con abuso intrarresidencial. En Iquique, los antecedentes señalaron que en 9 casos (6%) se registraron situaciones de este tipo. “Esto quiere decir que han participado en un abuso sexual mientras se encuentran al cuidado de la residencia. Todos los casos correspondían a un abuso realizado por otro niño/a”, indica el documento.

El documento de la CAPJ sobre la Región del Maule indicaba asimismo que 34 casos recibían tratamiento, principalmente en aquellos de discapacidad intelectual leve y moderada, discapacidad visual y discapacidad del aparato motor. “Sin embargo, se encuentra sin tratamiento un gran porcentaje (87% correspondiente a 102 casos) de discapacidad intelectual. 5 niños con discapacidad severa no reciben tratamiento. En relación a las enfermedades crónicas, fue posible observar que en un 7% de los niños/as había presencia de enfermedad crónica, lo que corresponde a 78 niños/as, 38 de ellos con algún tipo de discapacidad. El tipo más presente de enfermedad crónica, además de otras, es la neurológica, epilepsia, síndrome bronquial obstructivo, entre otras. En conjunto las enfermedades crónicas se distribuyen de la siguiente manera”, detallaba el informe.

En esa misma zona, los niños y adolescentes evaluaron de buena forma la higiene, el estado de la ropa y la comida, Sin embargo, no sucedió lo mismo con factores que perpetúan su vulneración: ante la pregunta de si los había agredido algún adulto al interior de la residencia, entre el 25 y 30 por ciento contestó que sí. Este resultado se elevó incluso al 67% en una residencia, cuando la pregunta apuntó a los pares. La violencia psicológica quedó registrada en 5 de las 6 residencias.

Otra de las zonas donde se registró un mayor porcentaje de niños en riesgo alto es Los Ríos (31.9%). Para entonces, habitaban en la región aproximadamente 103.354 niños, niñas y adolescentes, según cifras de la Casen 2009. De ellos, 331 vivían en un sistema residencial, además por mucho tiempo, ya que un 69% de los menores presentaba una larga institucionalización en el sistema: más de dos años.

En una de las residencias se registraron agresiones verbales ocasionalmente (40%) y frecuentemente (20%) por parte de los adultos hacia las adolescentes.

El secreto

En el Poder Judicial aseguran que los antecedentes levantados por la CAPJ jamás fueron secreto, que incluso muchos de los problemas advertidos sirvieron como camino para toda la información contenida en este informe (que adjuntamos), junto también con motivar propuestas que ha llevado adelante la ministra encargada de la Unidad de Apoyo a la Justicia de Familia, Rosa María Maggi; sin embargo, las conclusiones y propuestas de la Comisión Sename 1 también hablan de la falencia de una información oportuna.

En el apartado V, las propuestas dirigidas a la Corte Suprema eran claras: “Terminar el levantamiento de información en la Región de Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Magallanes siguiendo el mismo método exhaustivo utilizado por la Comisión Poder Judicial-Unicef en las regiones investigadas en el año 2012”.

Otra de las propuestas dirigidas al máximo tribunal planteaba “confeccionar un estudio de similares características que el informe estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile con la información obtenida del levantamiento de información en la regiones faltantes”.

Como propuesta también se sumaba el hecho de hacer entrega oficial y formal del 'Informe estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile' –existente y el que disponga confeccionar respecto de las regiones faltantes– al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud y de Educacion, así como a las respectivas cortes de apelaciones del país”.

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