El informe de la Comisión Nacional de Productividad indicó que diversos criterios de renta que paga Uber en otro países no están presentes en Chile.
La guerra que han mantenido los taxistas y Uber parece haber sumado un nuevo aliado a favor de los de techo amarillo: el Estado chileno.
El estudio «Tecnologías Disruptivas: Desafíos, Riesgos y Oportunidades», elaborado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP), indicó que la popular aplicación de transporte generó ingresos superiores a los US$300 millones. ¿Por qué entonces el Estado podría ser un aliado de los taxistas? Porque si a la app se le aplicaran los impuestos que existen en Chile, la recaudación fiscal recibiría al menos US$29,5 millones por el Impuesto Adicional a las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero, y otros US$4,5 millones si la firma pagara el IVA por correduría.
Es más, si a los más de 70 mil conductores de Uber que hay en Chile se le aplicara la renta presunta, como lo hacen en la actualidad los taxistas – usando como referencia un automóvil con un evalúo fiscal de $6,3 millones–, se recaudarían adicionalmente otros US$18 millones. Que dejaría un total de US$52 millones para el Estado de Chile.
