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En una carta enviada al Servicio de Evaluación Ambiental, 4 sindicatos defienden el uso de tronaduras, porque aseguran que la restricción vigente afecta la producción del yacimiento y el empleo. A juicio de los detractores del proyecto minero, sus afirmaciones son “delicadas, falsas y algunas tergiversadas”.
Cuatro sindicatos de trabajadores de Mina Invierno -ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes- enviaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un documento en el que solicitan retrotraer la decisión tomada por la autoridad en enero pasado, a través de la cual se prohibió el uso de tronaduras.
En una carta dirigida al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brucher, los trabajadores solicitan que “se acoja el recurso de reclamación interpuesto por Sebastián Gil Clasen en representación de Mina Invierno S.A. Y, en definitiva, se califique favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Incorporación de Tronadura como Método Complementario en la Extracción Mecánica de Material Esteril en Mina Invierno”.
En el documento, los trabajadores recuerdan en que el proyecto fue aprobado en el año 2016 por la Comisión Ambiental, pero en enero de este año, la misma comisión tomó la determinación de votarla desfavorablemente.
La carta es suscrita por el Sindicato N° 1 Producción y Servicios Mineros; Sindicato Equipos Mineros Río Grande; Sindicato Portuaria Otway y el Sindicato San Lorenzo, que dicen representar a 1.021 personas. Según los trabajadores, la imposibilidad de realizar tronaduras afecta la producción del yacimiento y el empleo. Por eso, apelan a que el Estado debe «garantizar el derecho al trabajo», citando la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Chile en 1972.
Sin embargo, la respuesta de las organizaciones que se oponen a Mina Invierno fue tajante. Al respecto, la coordinadora nacional de Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic, señaló que “en el memorándum que los sindicatos envían al director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, se hacen varias afirmaciones que son delicadas, falsas y algunas tergiversadas (…) efectivamente en 2016, el uso de tronaduras fue aprobado por la Comisión Ambiental, y en 2018 fue rechazado por la Comisión Ambiental, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos momentos? Hay una gran diferencia ya que en 2016, a nosotros como ciudadanos se nos negó la participación ciudadana y sólo gracias a la Corte Suprema, esta se rectificó y ordenó a la empresa retrotraer la aprobación de las tronaduras para generar el proceso de participación ciudadana que nos había sido negado en 2016”.
Para el director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, la presentación de los trabajadores forma parte de un derecho legítimo de dar a conocer su argumentos. Sin embargo, señaló que “es lamentable que Mina Invierno los ponga en esta posición, y esto tiene que ver con la voluntad que tiene Mina Invierno de cambiar su proceso productivo para hacerlo más invasivo y más dañino con el medio ambiente”.
“La preocupación del Estado en este caso, en primer lugar, es proteger al medio ambiente, y en segundo lugar, buscar las alternativas laborales efectivas para el futuro de la región que muy probablemente no debieron estar vinculadas con la extracción de combustibles fósiles”, agregó.
Sobre este tema también dio su punto de vista la senadora por Magallanes, Carolina Goic (DC), quien respecto al uso de tronaduras para la explotación de carbón en Isla Riesco, aclaró que «a mí lo que me interesa como senadora de la región es no volver atrás respecto a una decisión que ya se tomó».
«Isla Riesco y el entorno donde se plantea hoy día usar las tronaduras, es un entorno donde existen impactos que tienen que ser considerados. Para nosotros lo ideal hubiera sido que esto no hubiera sido solamente una declaración, sino más bien un estudio de impacto ambiental por cuanto cambian las condiciones iniciales con las cuales se presentó el proyecto y vamos a estar detrás de defender en esto los intereses no solo de los magallánicos, sino también de los habitantes de nuestro país en materia de patrimonio ambiental, en materia de patrimonio natural”, añadió la parlamentaria.
