Nombramiento de Espina en el CDE sigue generando problemas al Gobierno: funcionarios del organismo evalúan acciones legales para impugnar su designación

Polémica ha causado el regreso del exministro de Defensa, Alberto Espina, a la palestra pública, con su designación como consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Las críticas apuntaron principalmente a la «sillita musical» que impera en la administración de Sebastián Piñera. «El Gobierno anda pagando favores políticos a sus amigos que no se la pudieron como ministros”, indicó ese mismo viernes el expresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Brito. Incluso, fuentes de La Moneda reconocieron que la llegada de Espina al CDE era un nuevo “autogol” de Presidencia.

Pero no fueron los únicos cuestionamientos, ya que dentro del mismo CDE alzaron sus voces criticando la llegada de Espina, a tal punto que planean impugnarla, por vías legales, para que no asuma como consejero.

Hace un par de días, la Asociación Nacional de Abogados del CDE y la Asociación Nacional de Funcionarios del organismo había emitido una carta abierta en donde manifestaban “preocupación y desazón” por el nombramiento de Espina, de profesión abogado. Esto, porque se hace “desconociendo la carrera funcionaria pero, sobre todo, desatendiendo criterios técnicos en la provisión del cargo”.

“Durante los últimos años, hemos visto cómo se ha cuestionado públicamente la designación de funcionarios de alto rango de este Servicio, que tienen a su cargo la importante misión de defender de los intereses del Estado/Fisco -principalmente ante los tribunales de justicia- por sobre los intereses de la administración que los escoja”, agrega la carta.

«El Consejo de Defensa del Estado es un servicio netamente técnico. En esta línea los abogados consejeros, atendida sus tareas y perfil de cargo, deben estar capacitados para asumir personalmente la defensa judicial de aquellas causas de mayor relevancia para el Estado y Fisco de Chile. La Ley Orgánica del Consejo, en su artículo 38, exige que los Abogados Consejeros deben tener el título de abogado y una experiencia profesional de 15 años, a lo menos”, explicaron.

Precisamente, estos 15 años son el fundamento de la acción judicial que planean, la que reporta el diario La Segunda. Tiempo que no tendría Espina, ya que inició su carrera parlamentaria en 1990.

“Dicha experiencia profesional no puede ser otra que la de abogado/a litigante o destacado académico/a, siendo estas competencias indispensables para ostentar el cargo, a fin de asumir ya sea las funciones de litigio o de asesoría técnica de manera seria, competente y desprovista de consideraciones ajenas a lo jurídico, en las modalidades establecidas en la propia Ley Orgánica del CDE. El Consejo de Defensa del Estado está actualmente conformado por un grupo de abogados y abogadas con una vasta experiencia profesional, litigantes reconocidos en el foro y una vida entregada al Servicio, que cumplen cabalmente los requisitos legales y competencias probadas para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de abogado consejero”, añadieron en la carta.

Como abogado, Espina juró el 30 de agosto de 1982, según los registros de la Corte Suprema. Entre ese año y 1989, trabajó en el estudio jurídico Otero y otros equipos jurídicos, como «Espina, Hinzpeter, Zepeda y Pizarro», por ejemplo.

De acuerdo al citado medio, las vías para concretar esta acción serían una presentación a la Contraloría y la demanda de nulidad de derecho público del decreto del respectivo nombramiento. Si bien está esta opción, aún tiene que definirse qué significa ejercer la profesión: tener título o haber litigado.

En la parte final de la carta, recuerdan esta «sillita musical» de Piñera: “Aun así, si bien es dable que, el ejercicio de la facultad entregada al Presidente de la República, importe la selección de un profesional que responda a ese perfil y que no sea miembro actual de la institución, nos parece a lo menos cuestionable que tal nombramiento recaiga en quien fuera recientemente miembro de su equipo político; ello fomenta las aprensiones y reparos de la ciudadanía en orden a que las designaciones se orientan hacia una retribución de la lealtad política, y no la selección por méritos, que es la que esta Institución exige y merece. Lo anterior denota que este nuevo nombramiento se muestra inequívocamente como un gesto destinado a sepultar la ‘promesa meritocrática’ de la que tanto se habla y con la que -como es habitual- en tiempos de campaña se busca conquistar la ilusión y esperanza de los electores”.