Obedecer “órdenes de partido” abre otro foco de debate oficialista por reforma al sistema político

La legalización de órdenes de partido para sus diputados y senadores abrió un nuevo foco de debate al interior del bloque oficialista, en medio de la discusión legislativa de la reforma constitucional al sistema político, luego de que el Gobierno enviara el viernes pasado indicaciones sustitutivas al proyecto de los senadores del Socialismo Democrático y de Chile Vamos.

Mientras en el Frente Amplio, parlamentarios respaldan que las “órdenes de partido“ tengan respaldo legal, legisladores del PPD las consideraron “del todo descabelladas“. Congresistas sostienen que dicha medida no estaba en el proyecto original —que hasta noviembre pasado el Ejecutivo apoyaba— y que la indicación no fue conversada con los senadores autores del proyecto y del acuerdo político para reducir la fragmentación y el discolaje.

La indicación del Gobierno establece un marco normativo para la relación entre los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, en el que toca aspectos fundamentales de la autonomía parlamentaria y se permiten las “órdenes“ siempre que estas se refieran a asuntos de la función legislativa vinculados a la declaración de principios de su colectividad o sus decisiones políticas.

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“Los partidos políticos podrán dar órdenes a todos los senadores y diputados cuyas candidaturas hubieran sido declaradas por dicho partido, siempre que se refieran a asuntos de la función legislativa en los que estén directamente comprometidos la declaración de principios del partido, su programa o las definiciones políticas adoptadas por sus organismos internos. Los estatutos de cada partido político deberán establecer el procedimiento para la dictación, comunicación y cumplimiento de dichas órdenes”, señala el texto con las indicaciones enviadas por el Gobierno al Congreso.

Lo anterior, para el PPD, rebasa toda moderación. “Permitir órdenes de partido a los parlamentarios es irse por un lado extremo. Las órdenes de partido, la expulsión de los parlamentarios y la pérdida del escaño por no acatar órdenes de partido es llevar la medida al extremo, por eso yo creo que el Gobierno pensó que esto no volaba y presentó indicaciones que nos van a enredar en una discusión y que no llegarán a ninguna parte desde ningún punto de vista”, observó el senador del PPD, Pedro Araya.

En cambio, en el Frente Amplio tienen una mirada distinta. Varios parlamentarios destacan la necesidad de fortalecer por la vía legal mecanismos de disciplina partidaria para evitar el discolaje.

La diputada Javiera Morales, autora de dos proyectos que abordan las órdenes de partido, ingresados en la Cámara de Diputados y Diputadas, explica que el objetivo es que la gente no reciba una oferta engañosa de un candidato a legislador que en campaña le asegura que apoyará con su voto ciertos principios y que, una vez electo, no cumpla con ese respaldo en el hemiciclo.

“En el Frente Amplio presentamos dos reformas constitucionales que están en la Comisión de Constitución de la Cámara. En esos proyectos de ley incluimos las órdenes de partido, pero no con la idea de que los parlamentarios voten como se le ocurra al presidente de un partido (…) Cuando un parlamentario es de un partido, representa o da sustento a un proyecto político que se ofrece a la gente, y la idea es que vote de conformidad con esos principios, ya que fue electo dentro de esa lista o partido”, explica la diputada Morales.

Disciplina partidaria

Y agrega: “Hoy no solo hay discolaje (…) sino que también hay parlamentarios de partidos que negocian sus votos. No obstante, en una votación en el hemiciclo, la gente entiende que un parlamentario va a apoyar lo que decía que iba a apoyar cuando votó por él. Es por eso que incluimos las órdenes de partido como una obligación de los parlamentarios”.

También en la línea de establecer legalmente disciplina partidaria se han mostrado el diputado Andrés Giordano y el senador Juan Ignacio Latorre.

“Con los umbrales electorales, lo que ocurre es que son una respuesta simple a un problema complejo, donde no se abordan las causas profundas de la fragmentación, se complejiza el sistema electoral de cara a la ciudadanía y pueden haber exclusiones que afecten la representatividad de las instituciones democráticas”, afirma Giordano.

Y complementa: “Nosotros apostamos, por ejemplo, por terminar con los pactos electorales para forzar debates programáticos. El tema es complejo y hay que legislarlo con rigurosidad, y allí creemos que además hay que sumar a la discusión mecanismos de disciplina política y partidaria”.