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Ripamonti en entredicho: juicio revela destrucción masiva de documentos
La disputa por la rebaja de sueldos en la APS de Viña del Mar dio un giro tras aparecer un acta de 1996 que fijaba la escala salarial, pese a que el municipio afirmó no contar con ese documento. “No se puede descartar que haya sido eliminada”, advirtió el abogado Tomás Palacios.
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Denuncia inicial: En agosto, 452 trabajadores de la APS de Viña del Mar denunciaron al municipio y a la CMVM por la rebaja “ilegal” de sus sueldos tras aprobarse una nueva tabla de remuneraciones el 31 de julio.
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Justificación municipal: La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que la escala salarial “nunca se ha votado” desde 1995 y que la nueva tabla buscaba “ponerse en norma”.
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Documento clave de 1996: El 19 de noviembre los abogados de los trabajadores presentaron un acta de 1996 y su anexo, donde sí constaba una “Escala de Sueldos Bases debidamente reajustada”.
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Hallazgo presencial: El abogado Tomás Palacios encontró el anexo revisando los libros originales del Concejo Municipal, pese a que días antes el municipio había informado que no tenía copia del reglamento.
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Defensa de la CMVM: El abogado Xavier Palominos restó validez a los documentos por no estar firmados y porque no se acompañó un acto administrativo expreso que fijara la escala.
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Posible destrucción de documentos: Palacios señaló que no se puede descartar que la resolución haya sido eliminada durante la destrucción masiva de archivos ordenada por la gerenta Camila Brito Hasbún en abril de 2025.
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Eliminación masiva: Se destruyeron 526 documentos emitidos entre 1987 y 2022, y 192 vouchers de ingresos y egresos de 2011-2017, tras catalogarlos como material antiguo.
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Falta de protocolo: En los alegatos, la ministra Carolina Figueroa consultó por el protocolo de eliminación; Palominos respondió que “no recuerda procedimiento aprobado” ni un protocolo específico.
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Causa en estudio: La Corte debe resolver en los próximos días si acoge o rechaza los recursos de protección.
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Sin respuesta municipal: El Mostrador solicitó a la municipalidad aclarar la legalidad de la destrucción de documentos, pero no hubo respuesta al cierre.
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