PAÍS
Chile queda atrapado en la línea de fuego entre Washington y Beijing
La sanción de Washington por el cable Chile–China instala a Santiago en el centro de la pugna entre EE.UU. y Beijing. Más que una disputa técnica, el episodio abre un dilema estratégico para el próximo gobierno: alinearse con la potencia hemisférica o sostener una política exterior autónoma.
La decisión se anunció en Washington, pero el temblor político se convirtió en terremoto en Santiago. La administración de Donald Trump impuso restricciones de visa al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, acusándolos de comprometer infraestructura crítica y “erosionar la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
La frase no fue casual. En plena rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, encuadró la sanción en la idea de que la decisión chilena “afecta la seguridad del hemisferio”. En los hechos, Chile quedó ubicado en la línea de fuego entre Washington y Beijing.
El cable que encendió la disputa
Para el gobierno chileno, la iniciativa forma parte de una estrategia de conectividad digital y diversificación de rutas de datos. Para Washington, en cambio, es una pieza estratégica en la competencia tecnológica con Beijing. En esa lectura, un enlace directo con infraestructura vinculada a China no es solo fibra óptica: es influencia geopolítica, control de datos y proyección de poder en el Pacífico Sur.
El embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, ya había advertido públicamente sobre los “riesgos” de cables chinos, señalando que la seguridad de los datos es un componente crítico de la cooperación bilateral en defensa.
Un país atrapado en la disputa
La reacción del presidente Gabriel Boric fue inmediata: calificó la medida como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”, negó que Chile haya puesto en riesgo la seguridad regional y citó al embajador Judd para exigir explicaciones formales.
Sin embargo, más allá del intercambio diplomático, la sanción desnuda un problema mayor: Chile debe moverse en un escenario de creciente confrontación entre las dos mayores potencias del mundo.
China es el principal socio comercial del país. Es el mayor comprador de cobre y litio, motor de exportaciones clave y actor central en inversiones energéticas y tecnológicas. Estados Unidos, por su parte, sigue siendo un socio estratégico en defensa, cooperación política e inserción internacional.
El cable submarino dejó en evidencia esa doble dependencia.
El dilema del próximo gobierno
El conflicto no se agota en el actual mandato. Para la próxima administración de José Antonio Kast el dilema será inevitable.
Si decide alinearse con Washington y frenar el proyecto con China, enviará una señal clara de prioridad estratégica hemisférica. Pero el costo podría sentirse en el sector exportador y en las expectativas de inversión asiática.
Si opta por mantener el proyecto y sostener una política exterior autónoma y diversificada, deberá asumir un vínculo más tenso con Estados Unidos, con eventuales repercusiones diplomáticas o en áreas sensibles como defensa y cooperación tecnológica. Además de que el fuego interno de parte de las huestes de los hermanos Kaiser (Johannes y Axel) contra José Antonio Kast se haría cada vez más intenso.
En otras palabras, la decisión ya no es solo técnica ni comercial. Es estructural.
Más que un cable
Lo ocurrido marca un precedente: la primera vez en años que Washington sanciona personalmente a autoridades chilenas por una política pública vinculada a infraestructura.
El mensaje implícito es claro: en la nueva arquitectura global, ciertas decisiones no son neutras.
Chile, que durante décadas apostó por una diplomacia pragmática y multilateral, enfrenta ahora una realidad más rígida. La competencia entre Washington y Beijing convierte cada proyecto estratégico en una señal política.
El cable submarino es apenas el detonante visible. Lo que está en juego es el destino económico del país.
