PAÍS
Gobierno cede ante reparos oficialistas y hace recorte acotado a reforma constitucional de seguridad
La Moneda redujo de 11 a siete u ocho las modificaciones que ingresará al Senado. El Ejecutivo retiró, entre otras medidas, la pérdida temporal de prestaciones estatales para condenados por crimen organizado.
Ante los reparos surgidos desde el propio oficialismo, el Gobierno redujo el alcance de su reforma constitucional de seguridad. La propuesta ingresará este lunes al Senado con siete u ocho modificaciones, en lugar de las 11 contempladas inicialmente.
Según informó Radio Bío Bío, el recorte fue confirmado durante el Comité Político Ampliado de La Moneda. La iniciativa será informada este martes en la Sala de la Cámara Alta.
Entre las disposiciones descartadas está aquella que establecía que las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado perderían, hasta por 15 años después de la condena, el acceso a determinadas prestaciones estatales, incluida la salud.
Las objeciones habían sido planteadas por la ministra de Salud, May Chomalí; el senador Matías Walker; el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez; y la timonel de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares. Los cuestionamientos apuntaron al uso de la Constitución para materias legales, el impacto sobre garantías individuales y la creación de excepciones a principios constitucionales.
Arrau llama a esperar el proyecto
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo que los borradores conocidos por los parlamentarios ya fueron modificados y pidió esperar la versión definitiva.
“Se habían socializado con parlamentarios borradores que ya no son el texto que se va a ingresar. Por lo tanto, yo llamaría a la calma, para tener opinión un poco más formada. (…) Todas estas opiniones son bienvenidas; se mantiene la cordialidad, es lo normal que haya diferencias de opiniones”, afirmó.
La reforma mantendría la consagración de la seguridad pública como deber constitucional, regímenes penitenciarios diferenciados, un registro de organizaciones criminales, una ley de quorum calificado para definir penas y medidas especiales, y un nuevo estado de excepción constitucional.
El Presidente José Antonio Kast confirmó que la iniciativa ingresará este lunes y valoró el debate político. También aseguró que la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) seguirá adelante aunque no se apruebe la reforma constitucional y negó que los cambios busquen anticiparse a eventuales reveses ante el Tribunal Constitucional.
Desde la oposición, el diputado Raúl Leiva (PS) valoró algunos aspectos de la ACOT, pero rechazó las modificaciones constitucionales. “Primero ordene sus cosas, señor Presidente, para nosotros poder discutirlas en el Congreso”, señaló.
La reforma necesita el respaldo de cuatro séptimos de los parlamentarios: 89 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado.
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