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El perfil del candidato preferido por La Moneda para la Corte Suprema

por 13 agosto, 2012

El perfil del candidato preferido por La Moneda para la Corte Suprema
En varias publicaciones sobre temas de derechos humanos, entre ellas el Informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el ministro Juan Muñoz es mencionado como un juez reacio a aplicar la legislación en la materia. Más aún, se le señala como un férreo defensor de la aplicación de la prescripción en estos delitos, y en algunas sentencias ha llegado a afirmar que en Chile no rigen la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los denominados Convenios de Ginebra, ya que ambos instrumentos internacionales no han sido aprobados por el país.
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Complicada para La Moneda está la elección del magistrado que debe  remplazar en la Corte Suprema a Jaime Rodríguez Espoz, quien se jubiló en mayo de este año. El candidato debe alcanzar una aprobación de dos tercios de los senadores, lo que implica que se debe negociar con la oposición. Pero en el oficialismo aún no existe acuerdo sobre el nombre.

Luego de un proceso bastante tenso, que incluyó un sorpresivo cambio de doctrina en la precedencia aplicada por el tribunal para conformar las quinas que se envían al Presidente, casi nadie parece tener muchas opciones. Conformada por Alfredo Pfeiffer, Carlos Aránguiz, Carlos Cerda, Juan Muñoz y Lamberto Cisternas, la opinión mayoritaria es que los tres primeros hay que descartarlos de plano por diferentes razones. Especialmente Pfeiffer y Cerda que ya fracasaron previamente en un intento similar. Todo lleva a concluir que el tema está circunscrito a Juan Muñoz Pardo y Lamberto Cisternas.

Sin embargo, aquí empiezan los problemas. Ello, porque la gran mayoría de los senadores de Renovación Nacional, incluido el presidente del partido, desean que el candidato sea Lamberto Cisternas y no Juan Muñoz Pardo, pese a que Baldo Prokurica, también de RN, es el principal impulsor de la candidatura del último. “Lo de Baldo”, señalan fuentes cercanas a la mesa de RN, “es una muestra de lealtad, pues conoce a Muñoz desde que era ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó”. Pero él, comentan las fuentes, “no ha sopesado bien el impacto político negativo que tiene para el gobierno proponer a Muñoz, debido a su historial de juez. Seguro fracasa en el Senado”.

La UDI está alineada con Pfeiffer y solamente como segunda opción, con Muñoz Pardo, pero con el cual tienen mucha afinidad. Según un parlamentario RN, el gremialismo está en una campaña casi testimonial en contra del “izquierdismo” que, según ellos, contamina al Poder Judicial. De ahí la importancia de este caso, pues quien sea elegido pasará directamente a integrar la Sala Penal de la Corte Suprema, materia en la que no le ha ido bien al gobierno.

El perfil judicial de Juan Muñoz Pardo

Es una máxima no rebatida en los círculos judiciales que los jueces hablan por sus decisiones y sentencias. En el historial de quienes integran la quina elaborada por la Corte Suprema, pocos han recordado los casos del ministro Juan Muñoz Pardo.

Uno de los más notorios, en los comienzos de su carrera fue el Caso El Melocotón, en que un grupo de abogados (el Grupo de los 24) en plena dictadura militar, presentó una querella en contra de Augusto Pinochet Ugarte por fraude al Fisco en la compra de unos terrenos.

Fue la primera y única durante esos 17 años, rodeada de dificultades y amenazas, con cierre de revistas opositoras y agresiones físicas a periodistas, y le tocó justamente a Muñoz Pardo, que era juez del crimen de Santiago. Muñoz Pardo, trató de disuadir a los querellantes de que retiraran la querella fijándoles una fianza de 10 millones de pesos (una cifra escandalosa en esa época) para responder de los “eventuales perjuicios” en caso que ella se declarara “calumniosa” para Pinochet. Como su decisión finalmente no tuviera efecto, derechamente rechazó la demanda en la parte referida a Pinochet y luego archivó el caso, “sin mayor investigación”, pese a los documentos públicos que comprobaban el delito.

El tema Melocotón volvería a la palestra el año 2005 con motivo del desafuero de Augusto Pinochet, esta vez con Muñoz Pardo en calidad de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Luego de las investigaciones del ministro Sergio Muñoz sobre el caso Riggs, se sometieron a consideración cinco infracciones que justificaban el desafuero de Pinochet como ex presidente, y que se votaron por separado: fraude tributario, falsificación, falsificación de pasaportes, petición de Garzón por elusión de medidas cautelares, y caso El Melocotón. En todas se aprobó el desafuero menos en esta última por considerar que el delito estaba prescrito. Juan Muñoz Pardo, el mismo que lo había archivado en los 80, integró la Corte de Apelaciones el día de la decisión.

En varias publicaciones sobre temas de derechos humanos, entre ellas el Informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el ministro Juan Muñoz es mencionado como un juez reacio a aplicar la legislación protectiva de ellos. Más aún, se le señala como un férreo defensor de la aplicación de la prescripción en estos delitos, y en algunas sentencias ha llegado a afirmar que en Chile no rigen la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los denominados Convenios de Ginebra, ya que ambos instrumentos internacionales no han sido aprobados por el país.

Así ocurrió, como voto de minoría, en el juicio en que se condenó a un grupo de ex oficiales del Ejército por los homicidios de los esposos Bernardo Mario Lejderman Konujowska (argentino) y María del Rosario Ávalos Castañeda (mexicana), ocurridos el 8 de diciembre de 1973 en la Quebrada de Gualliguaica de la Región de Coquimbo. En él se condenó además al Fisco a indemnizar por daño moral al hijo del matrimonio, Ernesto Lejderman Ávalos, quien quedó huérfano a los dos años y medio de edad, luego del homicidio de sus padres. La opinión de Muñoz fue totalmente contraria al fallo.

Otro caso connotado de los múltiples en que ha participado, es el de los hermanos detenidos desaparecidos Saúl Raimundo y David Edison Urrutia Galaz. Los restos de este último aparecieron fortuitamente mientras se realizaban trabajos de jardinería en la Base Aérea del Ejército en Colina, en diciembre de 1995. Juan Muñoz Pardo y Alfredo Pffeifer, como integrantes del tribunal de alzada, confirmaron la sentencia de primera instancia que aplicó la prescripción.

Pese al bajo perfil que se le percibe, se trata de un magistrado con intervenciones en temas importantes o con impacto mediático, como el caso del presunto homicidio por agentes del Estado, del ex presidente Eduardo Frei Montalva, o la condena de un empresario que en un programa de TV opinó que la justicia en Chile era corrupta.

Mientras tanto el gobierno, al parecer muy dispuesto a aprovechar la oportunidad de renovar tres magistrados en la Corte Suprema este año (además de Rodríguez Espoz, están los cupos de Sonia Araneda y Adalis Oyarzún) se apuntó a una estrategia que le permita una pica en Flandes, y obtener una mejor posición en el máximo tribunal del país. Sobre todo en la perspectiva de que muchos juicios a militares por delitos contra los derechos humanos están en fase final y prontos a llegar a la Corte.

Pero al parecer, lo hace sin mucha finura política y a empellones. En este caso, al menos, el nombre que baraja como favorito parece tener pocas opciones según se comenta en el Senado, y que es precisamente lo que temen en Renovación Nacional.

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