El MostradorBlogs y Opinión – El Mostrador https://www.elmostrador.cl https://www.elmostrador.cl Sat, 11 Jul 2020 01:25:48 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Un nuevo Juramento a la Bandera para las FF.AA. de la nueva Constitución Opinión https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/10/un-nuevo-juramento-a-la-bandera-para-las-ff-aa-de-la-nueva-constitucion/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/10/un-nuevo-juramento-a-la-bandera-para-las-ff-aa-de-la-nueva-constitucion/#respond Fri, 10 Jul 2020 05:20:58 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1528262 https://www.elmostrador.cl/media/2020/07/Juramento-Bandera-2.jpg “Yo, juro por Dios y por esta Bandera, servir fielmente a mi Patria, ya sea en mar o en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario; cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores […]]]>

“Yo, juro por Dios y por esta Bandera,
servir fielmente a mi Patria,
ya sea en mar o en tierra o en cualquier lugar,
hasta rendir la vida si fuese necesario;
cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes;
obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y
poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi Patria”.
Ley.10.544, de 1952

Setenta y siete jóvenes soldados chilenos mueren en suelo peruano, ya en las postrimerías de la Guerra del Pacífico en 1882. La literatura y la historia han sido pródigas en regalarnos imágenes donde aparecen atribulados chilenos, rodeados por el odio, superados ampliamente por soldados peruanos y una enorme y belicosa “indiada”. Pese a tener todo en contra, los chilenos no se rindieron.

La institucionalidad tomó ese acto como un hito importante para la formación de las FF.AA. y de la propia identidad nacional. Años tras año se realiza en todos los cuarteles, entre el 9 y 10 de julio, el acto solemne de jurar a la bandera, el cual no solo es realizado por personal castrense, sino también pueden hacerlo civiles.

Hacia 1952, con Gabriel González Videla, adquiere este juramento la fórmula que hasta el día de hoy conserva. Su texto fue fijado por la Ley 10.544.  Sin embargo, no fue esta su primera versión. Ya en 1943, el contenido del juramento de las FF.AA. establecía de parte del conscripto o soldado, “orgulloso de ser chileno, prometo por mi honor, acatar la Constitución, las leyes y las autoridades de la República; juro además amar y defender con mi vida la Bandera, símbolo de esta tierra nuestra y expresión de libertad, justicia y democracia”.

Nótese que en la fórmula del 43, no aparece la idea de jurar por Dios, sino que se apela al honor de la persona. Destaca por supuesto los principios de obediencia a la voluntad popular expresada en respeto a las leyes y autoridades. De igual manera resulta interesante la ligazón que se muestra entre tierra como espacio donde de refleja o ejerce la libertad y la democracia. No hay nada de la obediencia a los mandos que sí figura en la fórmula del 52 y sobre la que bien conocemos hoy su dramática puesta en práctica.

En medio de un proceso de reflexión y debate público sobre la nueva Constitución Política y repensando las “reglas políticas y sociales”, cabe también que comencemos a revisar las bases históricas e ideológicas que han conformado a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden (particularmente, Carabineros).

Este proceso de deliberación respecto al rol y definiciones de las FF.AA., debiese de estar en medio de la elaboración de un nuevo pacto social e institucional.

De seguro no faltarán voces que, del mismo modo en que se plantea como un sacrilegio la revisión de las AFP y de otros pilares del modelo, pretenderán que temas relativos a las FF.AA. no sean tocados por los aires de la revisión ciudadana.

Y, como nos lo ha enseñado Andrés Bello, todas las verdades se tocan. Por ello, a manera de invitación para repensar la función de defensa nacional, creo importante que se puede ir definiendo si consideramos necesario o no tener Fuerzas Armadas; si estas deben ser totalmente profesionales; si deben o no tener un carácter ofensivo (como las actuales) o defensivas en su concepción y sistema de armamento; si su personal debe tener un sistema previsional distinto al del resto de los chilenos; podríamos discutir cuánto dinero público se entregará para las compras de armas, qué armas comprar, quién las compra y quiénes debieran autorizar las compras.

Podríamos reflexionar si las nuevas FF.AA. debiesen tener nuevos cuerpos doctrinarios en los que se valore más la democracia, el respeto a los Derechos Humanos, se reconozcan los errores y horrores producidos, vale decir, se conserve y transmita su memoria íntegra, donde ejemplos de represión a trabajadores y campesinos, la ocupación del territorio mapuche y la sistemática violación de DDHH entre 1973 a 1990 estén presentes en sus aulas.

A manera de estimular esta reflexión, me permito iniciar desde ya este aggiornamento, proponiendo una revisión crítica del Juramento a la Bandera.

El nuevo juramento a la bandera para las FF.AA. de la nueva Constitución debería centrarse en los valores de la ciudadanía y la democracia.

Repondría el término “tierra” que ya figuraba en 1943, como símbolo de la nueva noción de cuidado y compromiso con nuestro hogar: el territorio con sus ríos, sus bosques, su mar. Ello en vez de la noción de patria.

La nueva fórmula debería indicar que se da la palabra de hombre o de mujer o de persona, en vez de apelar a la idea de “jurar por Dios” o “por la Bandera”.  Esto como reconocimiento del valor intrínseco que toda persona en cuanto tal posee, y que somos capaces de comprometernos sin apelar a noción externa.

Introduciría la noción de defensa y respeto a la democracia y a la ciudadanía como principios elementales y supremos a ser protegidos.

Además, las nociones de obediencia a la superioridad deberían de quedar condicionadas a si dichas órdenes se corresponden al espíritu de justicia y equidad, acabando con la mentada obediencia (cuasi)ciega de la que hoy se hace gala.

Agregaría, en el nuevo juramento o promesa, que el soldado pondría todo su empeño en “ser honrado, respetuoso de las leyes y un fiel defensor de todos sus compatriotas”.

Sin duda que este borrador de juramento a la bandera 2.0, puede ser reformulado y modificado, lo interesante del ejercicio es que se invita a imaginarnos unas nuevas Fuerzas Armadas, democráticas en su composición interna, origen social y cuerpos doctrinarios, de un claro respeto a las leyes y sujeción al poder civil.

 

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Justicia chilena en pandemia: juezas y jueces, creativos, dúctiles, resilientes Opinión https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/10/justicia-chilena-en-pandemia-juezas-y-jueces-creativos-ductiles-resilientes/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/10/justicia-chilena-en-pandemia-juezas-y-jueces-creativos-ductiles-resilientes/#respond Fri, 10 Jul 2020 05:18:02 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1528269 https://www.elmostrador.cl/media/2019/09/A_UNO_1086804-1.jpg Hace cuatro meses, jueces y juezas del país iniciamos un viaje incierto que nos obligó a redefinir nuestra manera de operar en resguardo de la salud y la vida de la comunidad. Travesía que nos ha llevado a pasar por distintas estaciones que han requerido estrategias puntuales para asegurar el acceso a la justicia de […]]]>

Hace cuatro meses, jueces y juezas del país iniciamos un viaje incierto que nos obligó a redefinir nuestra manera de operar en resguardo de la salud y la vida de la comunidad. Travesía que nos ha llevado a pasar por distintas estaciones que han requerido estrategias puntuales para asegurar el acceso a la justicia de manera igualitaria. Desde el Poder Judicial el mandato fue claro: acatar las medidas sanitarias, trasladando la labor a nuestros hogares para asegurar la continuidad del servicio y aplicar criterio. Es decir, abocarse en primer lugar a lo que resulta más urgente.

En estas líneas nos ocupa la justicia especializada para resolver conflictos de naturaleza de familia. Si revisamos los diversos conflictos que son de nuestra competencia, constataremos lo complejo que resulta discriminar a la hora de establecer prioridades de atención. En familia, especialmente cuando se trata de grupos vulnerables – niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo; víctimas de violencia intrafamiliar, especialmente mujeres, adultos mayores o personas con alguna discapacidad –todo amerita urgencia en la atención–. Este es un ámbito de la justicia que exige estar extremadamente alerta.

Es de nuestra competencia resolver temas de adopción; de cuidado de los hijos; de derecho y deber de mantener una relación directa y regular con los hijos de filiación o determinación de paternidad o maternidad; de faltas imputables a menores de edad. Por cierto, también de maltrato, abuso o abandono de niños o niñas y de las consiguientes medidas de protección. Podríamos seguir enumerando, pero creemos que las materias apuntadas bastan para comprender la importancia de la justicia de familia y a su vez ilustran lo complejo que resulta priorizar.

Como todos en esta pandemia, tuvimos que rediseñar gran parte de nuestro modo de abordar el trabajo y en este reto nuestra mejor aliada fue la capacidad de ser creativos, dúctiles, resilientes. Tres características que claramente no son las que un juez, una jueza, suele poner en práctica.

En una primera estación lo más importante era mantener los canales de recepción de denuncias abiertos. Para ello se implementaron líneas telefónicas y plataformas en redes sociales con la colaboración de distintas organizaciones comunitarias y de Carabineros. En esta instancia pudimos revalorizar la capacidad tecnológica del Poder Judicial.

En una segunda etapa el reto consistió en materializar la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva. Esto implicó incorporar a todos aquellos que intervienen en nuestros procedimientos, especialmente los organismos colaboradores. Evaluamos las causas existentes y las formas más seguras de continuar con su tramitación, adoptando las medidas necesarias para asegurar los derechos fundamentales de todos y todas, en especial niños, niñas y adolescentes, y víctimas de violencia intrafamiliar.

A pesar de todo el esfuerzo y la capacidad de resiliencia de los funcionarios del Poder Judicial, la ruta se colocó sinuosa cuando advertimos la falta de conectividad en las zonas más aisladas del país, especialmente en asentamientos rurales. Allí donde no hay rastro de alfabetización digital.

Para que la administración de justicia en esta modalidad “ a distancia” sea efectiva, no basta con que jueces y juezas cuenten con buena conectividad y destrezas informáticas, la misma habilidad y el mismo escenario de conexión debe tener nuestro “usuario”. Y allí es donde nos topamos con la brecha digital que, a medida que nos alejamos de las grandes ciudades, adentrándonos  en la periferia urbana, y en el mundo rural, se agiganta. Por lo mismo, se torna compleja de subsanar en lo inmediato.

La respuesta que dimos consistió en brindar asistencia digital. Ayudar a nuestros usuarios que habitan zonas aisladas, que no están acostumbrados al mundo virtual o que simplemente no tienen acceso a internet. Esta estrategia en algunos casos se desarrolló de la mano de municipios; en localidades del sur como San Juan de la Costa, Puyehue, Puerto Montt, Puerto Octay. Consistió en habilitar espacios de conectividad que bautizamos con el nombre de “Punto Zoom”, lo que no es otra cosa que la “plaza digital” del pueblo.

Es en este momento cuando nos damos cuenta que este viaje tiene diversas rutas, igual que nuestro país y su geografía, no usamos el mismo camino cuando vamos de la costa en dirección a la cordillera que cuando vamos del sur al norte de Chile. Como justicia de familia hemos tenido que trazar rutas desconocidas, toda vez que nuestro único propósito ha sido mantener el acceso a la justicia. Este sistema que hemos llamado “ teletrabajo” y que de un tiempo a esta parte ha dejado de ser novedad para volverse parte de nuestra rutina, exige ser flexible, creativo, paciente, y paradójicamente exige al mismo tiempo ser severo y estricto a la hora de resguardar el “debido proceso”, aquello que garantiza que todo chileno y toda chilena verá protegidos sus derechos, especialmente los niños y niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia al interior de sus hogares.

Una de las complejidades que se nos ha presentado en este tiempo es la comunicación directa y reservada con niñas, niños y adolescentes. Hay que tener especial cuidado  para asegurar sus derechos a ser oídos, resguardando la privacidad y, como es sabido, en este contexto de videoconferencia siempre hay adultos cerca –familiares o cuidadores de Sename– que pueden eventualmente limitar ese derecho. Asimismo no ha estado exento de dificultades el acceso a los informes periciales propios de esos juicios, que resguardan que la sentencia se dicte con el máximo de información.

En el otro extremo, hemos asistido a procesos que no se hubiesen concretado con el mismo grado de éxito de no mediar la tecnología. Por ejemplo, en una medida de protección un padre que habita en zona aislada de nuestra Patagonia fue localizado y pudo acceder a la audiencia desde su hogar, responsabilizándose en mejorar la situación de una hija de la que no sabía hace cuatro años. Logramos incluir en las audiencias a padres que viven en el extranjero, quienes hace un tiempo prologado no tenían contacto con sus hijos, permitiendo llegar a acuerdos que en circunstancias normales habrían sido imposibles.

Aquí estamos, en medio de un camino, evidenciando la necesidad de respuesta que otros poderes del Estado deben dar a través de políticas públicas en pro de mejorar la conectividad, los recursos tecnológicos y el desarrollo de las habilidades virtuales en los grupos vulnerables. Es urgente que todos los retenes de Carabineros, las postas rurales, las escuelas y centros comunitarios cuenten con conectividad a internet.

En este tramo del viaje que iniciamos en el mes de marzo ha sido la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados la que ha levantado la necesidad de reformas legislativas transitorias para normar este trabajo remoto y el que nos espera: el semipresencial y el presencial.

Esta travesía nos ha mostrado caminos desconocidos, nos ha develado nuestra capacidad de flexibilizar las formas. De hecho, estamos seguros que muchas de las estrategias utilizadas por pandemia han mejorado nuestra respuesta al usuario y quizás llegaron  para quedarse.

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Economía y política exterior después del COVID-19 Opinión https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/10/economia-y-politica-exterior-despues-del-covid-19/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/10/economia-y-politica-exterior-despues-del-covid-19/#respond Fri, 10 Jul 2020 05:16:34 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1528273 https://www.elmostrador.cl/media/2020/06/nota-economia-bbc2806.jpg La inserción internacional ha sido un componente muy importante del “modelo chileno”. La política exterior ha privilegiado los intereses económicos por sobre los asuntos diplomáticos, lo que confirma que el accionar externo es una extensión de las realidades internas que mueven a los países. En efecto, la economía, los economistas y el poder empresarial, han […]]]>

La inserción internacional ha sido un componente muy importante del “modelo chileno”. La política exterior ha privilegiado los intereses económicos por sobre los asuntos diplomáticos, lo que confirma que el accionar externo es una extensión de las realidades internas que mueven a los países. En efecto, la economía, los economistas y el poder empresarial, han sido dominantes en la vida pública nacional y ello también se ha expresado en las relaciones exteriores.

La apertura de la economía chilena siguió la misma lógica de liberalización del mercado interno, que se instaló con los Chicago Boys, bajo el régimen de Pinochet; vale decir, una disminución radical de las barreras al comercio exterior y una facilitación de los flujos de inversión.

Con el retorno de la democracia, desde 1990 en adelante, se continuó con la apertura de la economía al mundo, y el instrumento privilegiado para ello han sido las negociaciones comerciales: primero, los Acuerdos de Complementación Económica (ACE), con los países de América Latina y posteriormente los Tratados de Libre Comercio (TLC) con el resto del mundo.

Esta política ayudó a la globalización del gran empresariado nacional, el que ha invertido masivamente en los mercados externos, principalmente en Sudamérica, beneficiándose además con la utilización de los paraísos fiscales, para potenciar sus negocios.

El fundamentalismo de libre mercado ha renunciado a una estrategia deliberada de diversificación productiva. Tanto el gobierno de Pinochet como los gobiernos democráticos han depositado en los agentes privados las decisiones exclusivas de inversión, producción y exportaciones, renunciando a políticas públicas en favor de sectores de transformación productiva.

Así las cosas, el acceso libre de barreras comerciales, gracias a los acuerdos de libre comercio, no ha sido aprovechado para generar nuevas oportunidades de producción y exportaciones. Ha acentuado la explotación de recursos naturales: cobre, celulosa, productos del mar y bienes agropecuarios.

Desde fines de los años noventa, Chile priorizó los mercados de los países desarrollados y del Asia-Pacífico, principales importadores de recursos naturales. Se descuidaron, en cambio, las relaciones con los vecinos. Ello le ha significado a Chile un distanciamiento diplomático de los países de la región y, en el ámbito económico, la pérdida de oportunidades exportadoras de manufacturas, las que siempre han tenido un mercado fértil en la vecindad. Por ello, algunos críticos han calificado a Chile como el Israel de la región y otros, los que valoran sus éxitos económicos, le atribuyen ser “un buen vecino en medio de un mal barrio”.

En suma, la política de inserción internacional ha servido para consolidar el modelo exportador de recursos naturales. Al mismo tiempo, esa política no ha sido útil para fortalecer las relaciones diplomáticas con los países vecinos, la que se ha caracterizado por persistentes conflictos con varios países de Sudamérica, tanto durante los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría como en los dos gobiernos de Piñera.

El obstáculo principal para modificar la economía chilena no radica en la política comercial, sino que se encuentra en la propia Constitución de 1980, la que exige subsidiariedad y neutralidad del Estado, impidiendo al sector público desplegar iniciativas empresariales, así como fomentar ciertas actividades por sobre otras. Los TLC y la apertura indiscriminada (no regulada) al mundo han sido instrumentos estrictamente funcionales al modelo económico en curso.

El freno de la globalización que se observa recientemente abre oportunidades de transformación en nuestro país. En efecto, las políticas proteccionistas del presidente Trump y ahora la dolorosa experiencia del COVID-19 han impuesto restricciones sobre el movimiento de bienes, servicios, capital, mano de obra y tecnologías. Todo indica que se acortarán las cadenas de valor internacionales, y existirá la necesidad de encontrar autoabastecimiento en productos esenciales para la salud y la alimentación y probablemente para algunos otros bienes. Tendremos que apoyarnos en nuestras propias fuerzas y también implementando entendimientos con países cercanos.

Por otra parte, la insurgencia del 18-O y el camino abierto para el plebiscito constituyente constituyen otro factor favorable a la transformación. En efecto, el Estado subsidiario, contenido en la Constitución de 1980, necesita ser reemplazado por un nuevo Estado, capaz de impulsar políticas públicas en favor de actividades industriales y/o que intervenga directamente en iniciativas productivas, que al sector privado no le interesan. Ello permitirá que las nuevas tecnologías y la inteligencia se incorporen en la transformación de los procesos productivos y agreguen nuevo valor a la producción de bienes y servicios.

Al mismo tiempo, Chile deberá hacer un esfuerzo de integración prioritario con los países de la región, más allá de ideologías; al menos con los mercados vecinos. Para enfrentar las restricciones que se anuncian desde los países desarrollados y del mismo COVID-19, será preciso, con inteligencia y generosidad, encontrar espacios de complementación productiva con países cercanos, así como esfuerzos conjuntos en ciencia, tecnología y educación.

Los ineficaces proyectos formales de integración regional actualmente existentes en América Latina deberán ser reemplazados por iniciativas pragmáticas de complementación económica entre nuestros países. Las ideologizaciones burdas y los nacionalismos estrechos han cerrado las puertas a una integración efectiva. Y es bueno recordar que el gran empresariado nacional despliega masivas inversiones en Sudamérica, antecedente que revela el potencial existente para entendimientos productivos fructíferos. Ahora que la globalización sufrirá modificaciones, los mercados cercanos serán prioritarios para la ampliación de nuestro espacio económico.

El proteccionismo de Trump y ahora la pandemia son un llamado de atención para modificar el modelo económico chileno y su forma de inserción en el mercado mundial. Las condiciones de posibilidad para los cambios están presentes. Sin embargo, Estos no serán automáticos. Los cambios dependerán de la emergencia de un liderazgo político independiente del poder empresarial y comprometido con las demandas del mundo social. Un liderazgo decidido a impulsar transformaciones de la economía nacional, que tengan en su centro los equilibrios sociales y medioambientales y no solo el crecimiento; y que prioricen la integración regional antes que la apertura indiscriminada al mundo.

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Vítores y denuestos en la designación de un ministro para la Corte Suprema EDITORIAL https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/10/vitores-y-denuestos-en-la-designacion-de-un-ministro-para-la-corte-suprema/ https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/10/vitores-y-denuestos-en-la-designacion-de-un-ministro-para-la-corte-suprema/#respond Fri, 10 Jul 2020 05:10:08 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1528172 https://www.elmostrador.cl/media/2020/07/raul-mera.png Las sentencias dictadas por Raúl Mera hacen reflexionar sobre lo sustantivo de la opinión doctrinaria de los jueces para elegirlos y no sobre los adjetivos de los discursos para auditorios emotivos. Merecería que los parlamentarios que deben votar si aceptan o no la propuesta del Presidente de la República, hagan responsablemente su trabajo, se informen y concurran a la audiencia en la comisión de Constitución del Senado –en que se examinará al juez– con preguntas profundas y brinden a la ciudadanía una versión transparente sobre los motivos que tuvieron para votar como lo hicieron, a favor o en contra. Es el mínimo de responsabilidad institucional con sus representados y con el país.]]> Las sentencias dictadas por Raúl Mera hacen reflexionar sobre lo sustantivo de la opinión doctrinaria de los jueces para elegirlos y no sobre los adjetivos de los discursos para auditorios emotivos. Merecería que los parlamentarios que deben votar si aceptan o no la propuesta del Presidente de la República, hagan responsablemente su trabajo, se informen y concurran a la audiencia en la comisión de Constitución del Senado –en que se examinará al juez– con preguntas profundas y brinden a la ciudadanía una versión transparente sobre los motivos que tuvieron para votar como lo hicieron, a favor o en contra. Es el mínimo de responsabilidad institucional con sus representados y con el país.]]>

Como es habitual en estos casos, está encendido el debate sobre la designación del juez que reemplazará al ya jubilado ministro Hugo Dolmestch en la Corte Suprema. De la quina elaborada por el pleno del máximo tribunal, el Gobierno eligió como candidato para proponer al Senado al ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera Muñoz. Para su aprobación se requiere el voto a favor de 2/3 del Senado.

El resultado de la votación es incierto, pues el juez Mera Muñoz desató una reacción negativa en organismos de Derechos Humanos y organizaciones medioambientalistas, quienes lo califican como ultraconservador, contrario a la vigencia de esos universales derechos, y piden a los senadores que impidan su promoción al máximo tribunal del país.

Según ha trascendido, las bancadas opositoras están divididas y aún les faltarían cuatro votos para alcanzar los dos tercios requeridos, los que podrían “aparecer” luego de su comparecencia a la audiencia de rigor en la comisión de Constitución del Senado.

La participación judicial de Raúl Mera en los casos mencionados obliga a una mirada sobre la vigencia de los Derechos Humanos y respeto del medio ambiente en nuestra sociedad, no como actos aislados ni un compendio esporádico de acciones heroicas de jueces excepcionales, sino como una sucesión institucional de opiniones judiciales, que requiere –para asentarse de manera doctrinaria de modo profundo y habitual– de jueces empoderados de su convicción, actuando con independencia y equilibrio.

Entre los impugnadores, uno de los argumentos más fuertes proviene de haber sido Raúl Mera el ministro en visita de la Corte de Rancagua que se hizo cargo del llamado caso “Los Queñes”, hecho delictual ocurrido en octubre de 1988, cuando militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez atacaron el poblado de ese nombre, resultando muerto un cabo de Carabineros. El grupo agresor emprendió la huida hacia la cordillera, pero sus jefes, Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, fueron capturados, hechos desaparecer y, luego, fueron hallados muertos en el río Tinguiririca.

Aunque las autopsias revelaron traumatismos y graves lesiones en sus cuerpos, Mera Muñoz en su resolución final –en octubre de 2010– señaló que no logró crearse la “convicción de la comisión de dichos delitos por parte de los acusados” y, por lo cual, absolvió a los cuatro excarabineros que estaban imputados como coautores de homicidios calificados. Cuatro años después, en fallo dividido, la Corte Suprema confirmó esta sentencia, ratificando que no estaba suficientemente comprobada la participación de los cuatro exuniformados, pero señalando la presencia de un “pacto de silencio” en torno al asesinato y dando por acreditada la existencia de torturas por parte de los policías.

Todo indica que la investigación judicial del juez Mera sobre el entramado del delito y, sobre todo, quiénes fueron sus autores, cómplices y encubridores, fue laxa e insuficiente.

Pero la carrera judicial de Raúl Mera ha sido larga. Y también concurrió con su voto a favor y fue redactor de la relevante sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en enero de 2013, por la cual se reabrió el caso por el homicidio calificado –por agentes del Estado el 16 de septiembre de 1973– del profesor Luis Almonacid Arellano, causa que se encontraba concluida y sin condenados, con calidad de “cosa juzgada”.

Este histórico fallo establece la preeminencia de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos por sobre la legislación interna. Aquí no hubo investigación judicial por parte del juez Mera, sino que aplicación de doctrina jurídica contundente, que permitió reabrir la causa y, en definitiva, castigar a los culpables.

En lo que toca a la aplicación de la normativa medioambiental, Raúl Mera ha aplicado una mirada jurídica conservadora y restrictiva, toda vez que ha denegado varios recursos de protección –como en los casos de La Greda y Puchuncaví–, esgrimiendo su carácter excepcional y concreto. Pero esto no necesariamente contra los valores medioambientales. En este ámbito, existen varios casos específicos donde ha fallado favorablemente a los recurrentes de protección, como ejemplos: en una causa sobre riles que afectaban a un pueblo en la VI Región (rol 279-2008), otro contra Inmobiliaria Santa Sofía en Machalí (Rol Corte 6010-2013) o contra la telefónica Movistar, por construcción de una antena sin autorizaciones (Rol Corte 4422-2013 Civ).

La participación judicial de Raúl Mera en los casos mencionados obliga a una mirada sobre la vigencia de los Derechos Humanos y respeto del medio ambiente en nuestra sociedad, no como actos aislados ni un compendio esporádico de acciones heroicas de jueces excepcionales, sino como una sucesión institucional de opiniones judiciales, que requiere –para asentarse de manera doctrinaria de modo profundo y habitual– de jueces empoderados de su convicción, actuando con independencia y equilibrio.

Los jueces hablan por sus fallos

En un sistema sano, no binominal, para ser designado ministro de la Corte Suprema no se requeriría ser conservador o progresista, sino responder de su decir jurídico como gente correcta, detallada y equilibrada, respecto de la cual a partir de la mera lectura de sus fallos sea posible apreciar que actuaron y decidieron sin prejuicios ideológicos, centrados en los hechos controvertidos y en lo que deben juzgar, sin sesgos o clivajes ambiguos extrajudiciales que los alejen de lo justo.

No solo en el derecho consuetudinario se aprecian como positivas las tensiones culturales en la judicatura, pues las sociedades democráticas no son homogéneas, sino diversas y diversa debe ser la apreciación de los hechos para acercarse a la completitud. También ello ocurre en las sociedades de derecho codificado como la nuestra.

La lectura de sentencias dictadas por Raúl Mera Muñoz hace reflexionar sobre lo sustantivo de la opinión doctrinaria de los jueces para elegirlos y no sobre los adjetivos de los discursos para auditorios emotivos. Merecería que los parlamentarios que deben votar si aceptan o no la propuesta del Presidente de la República, hagan responsablemente su trabajo, se informen, concurran a la audiencia en la comisión –en que se examinará al juez Mera– con preguntas profundas y brinden a la ciudadanía una versión transparente sobre los motivos que tuvieron para votar como lo hicieron, a favor o en contra. Es el mínimo de responsabilidad institucional con sus representados y con el país.

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Proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP: un engendro OPINIÓN https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/07/10/proyecto-de-retiro-del-10-de-los-fondos-de-las-afp-un-engendro/ https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/07/10/proyecto-de-retiro-del-10-de-los-fondos-de-las-afp-un-engendro/#respond Fri, 10 Jul 2020 05:00:59 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1528330 https://www.elmostrador.cl/media/2020/07/1594240546_823383_1594254277_noticia_normal_recorte1.jpg Lo que se propone hoy es un retiro voluntario del 10% del fondo acumulado de la cuenta individual, con un máximo de UF 150 ($4,3 millones) y un mínimo de UF 35 ($1 millón). Si el ahorro acumulado de un afiliado no supera las UF 35, podría retirar todo. Como la mayoría de los afiliados ha ahorrado poco (en efecto, el saldo promedio de la cuenta de ahorro individual es $11,4 millones, y el 50% de los afiliados tiene acumulado menos de $4 millones), va a haber muchos casos en que la racionalidad económica indicará lo obvio: retirar todo, porque las personas saben que no alcanzarán a ahorrar un monto suficiente que les permita obtener una pensión mayor a la pensión básica solidaria. Resultado: un subsidio de papá Estado, sin costo efectivo para gran parte de los afiliados; más déficit. Este engendro olvidó una premisa esencial: para que el retiro de los fondos tenga una cierta coherencia económica, la decisión debe estar acompañada de un costo de oportunidad.]]> Lo que se propone hoy es un retiro voluntario del 10% del fondo acumulado de la cuenta individual, con un máximo de UF 150 ($4,3 millones) y un mínimo de UF 35 ($1 millón). Si el ahorro acumulado de un afiliado no supera las UF 35, podría retirar todo. Como la mayoría de los afiliados ha ahorrado poco (en efecto, el saldo promedio de la cuenta de ahorro individual es $11,4 millones, y el 50% de los afiliados tiene acumulado menos de $4 millones), va a haber muchos casos en que la racionalidad económica indicará lo obvio: retirar todo, porque las personas saben que no alcanzarán a ahorrar un monto suficiente que les permita obtener una pensión mayor a la pensión básica solidaria. Resultado: un subsidio de papá Estado, sin costo efectivo para gran parte de los afiliados; más déficit. Este engendro olvidó una premisa esencial: para que el retiro de los fondos tenga una cierta coherencia económica, la decisión debe estar acompañada de un costo de oportunidad.]]>

Y la Cámara aprobó el proyecto que permitiría retirar el 10% de los fondos de las AFP. Algunos aplauden y otros suspiran. Lamentables ambos, porque los primeros ven en esto un paso para el desplome de un sistema al cual le imputan –justa pero también muy injustamente– la generación de bajas pensiones, y los segundos porque le prendieron velitas y dotaron de facultades y poderes mágicos al mercado de capitales, y vendieron el sistema de capitalización individual como una solución íntegra, en vez de una “ayuda para la vejez”. Este exceso de marketing ahora les pasó la cuenta; dejaron que las expectativas se dispararan y apagaron el incendio con bencina.

Como sea, un sector político capitalizó este triunfo y cacarea por doquier. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Y ahora nos encontramos con este proyecto mal hecho: un retiro de una parte de los fondos, a la chilena. ¿Por qué? Porque en vez de sentarse a repensar el modelo global y rediseñar un sistema que contemple retiros sobre la base de ciertos parámetros conceptuales generales que se pueden dar ahora, en 10 o 20 años más, nació este engendro para enfrentar la coyuntura.

Con este proyecto quedan varias dudas: ¿por qué el 10% y no otro porcentaje? Porque a algún iluminado se le ocurrió que eso era “razonable”. ¿Y qué pasará cuando venga otra pandemia u otra crisis? ¿Y por qué no abordar el tema de una enfermedad grave? ¿Y debe ser necesariamente para enfrentar una emergencia? ¿Quién determina qué es y qué no es una “emergencia”? Y así tantas otras preguntas que este limitado proyectito no responderá.

En la columna “La tentación del retiro del 10% del fondo de las AFP” señalé que sí estoy de acuerdo con retirar una parte de los fondos de la AFP, tanto durante como al final de la vida laboral, sujeto a ciertos parámetros, y con la plena conciencia (léase costo) y libertad de cada afiliado.

Lo que se propone hoy es un retiro voluntario del 10% del fondo acumulado de la cuenta individual, con un máximo de UF 150 ($4,3 millones) y un mínimo de UF 35 ($1 millón). Si el ahorro acumulado de un afiliado no supera las UF 35, podría retirar todo. Como la mayoría de los afiliados ha ahorrado poco (en efecto, el saldo promedio de la cuenta de ahorro individual es $11,4 millones, y el 50% de los afiliados tiene acumulado menos de $4 millones), va a haber muchos casos en que la racionalidad económica indicará lo obvio: retirar todo, porque las personas saben que no alcanzarán a ahorrar un monto suficiente que les permita obtener una pensión mayor a la pensión básica solidaria. Resultado: un subsidio de papá Estado, sin costo efectivo para gran parte de los afiliados; más déficit. Este engendro olvidó una premisa esencial: para que el retiro de los fondos tenga una cierta coherencia económica, la decisión debe estar acompañada de un costo de oportunidad.

Sistema de capitalización individual: fuiste una buena idea, pudiste ser grande y admirado, pero te marketearon mal, y los perros hambrientos aprovecharon la oportunidad y no soltaron la presa. Descansa en paz.

Iván Rojas B.

www.comopiensasves.blogspot.com

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Y las librerías de barrio, ¿cuándo? https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2020/07/10/y-las-librerias-de-barrio-cuando/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2020/07/10/y-las-librerias-de-barrio-cuando/#respond Fri, 10 Jul 2020 04:51:31 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1528289 https://www.elmostrador.cl/media/2014/05/librerias.jpg Señor Director: Dada la contingencia sanitaria, la demanda por servicios de despacho a domicilio ha aumentado exponencialmente y, debido a la consecuente crisis económica, todos nos estamos ajustando el cinturón. Si aplicamos esta lógica al momento de comprar un libro, lo más probable es que optemos por comprar en el negocio que nos ofrezca tanto […]]]>

Señor Director:

Dada la contingencia sanitaria, la demanda por servicios de despacho a domicilio ha aumentado exponencialmente y, debido a la consecuente crisis económica, todos nos estamos ajustando el cinturón. Si aplicamos esta lógica al momento de comprar un libro, lo más probable es que optemos por comprar en el negocio que nos ofrezca tanto servicio de envío, como el mejor precio posible. Esto perjudica significativamente a las librerías de barrio, especializadas e independientes, las cuales muchas veces no tienen la infraestructura necesaria para el delivery, ni margen para hacer ofertas o dar descuentos.

Ante esta situación, y considerando que esta nueva realidad llegó para quedarse, la política del precio único se perfila como una posible respuesta que ya ha sido exitosamente implementada en países tales como Italia, Alemania, Francia y España.

También conocido como “precio fijo” o “precio de tapa”, es un sistema donde el precio de los libros es fijado por la editorial que los publica, y no puede ser vendido a otro precio por un determinado periodo.

La diversidad de librerías y editoriales son parte de la identidad cultural de un país y esta estrategia busca protegerlas de los gigantes como Amazon y Buscalibre. Adicionalmente, en Chile una ley de precio fijo tendría un impacto positivo en términos de descentralización, teniendo en cuenta que, actualmente, existe una considerable diferencia entre los precios de los libros en regiones, en comparación con la capital.

Por último, a quienes esgrimen el argumento de la libre competencia, les pregunto: ¿qué competencia están defendiendo? Ya que el statu quo solo beneficia a los grandes conglomerados, mientras que la política de precio fijo permite equiparar la cancha y que la competencia sea en términos de la calidad del servicio, la atención al cliente y la publicidad.

 

Martina Majlis S.

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Retiro de fondos de pensiones Orompello Palacios https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/cartas/2020/07/10/retiro-de-fondos-de-pensiones/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/cartas/2020/07/10/retiro-de-fondos-de-pensiones/#respond Fri, 10 Jul 2020 04:01:51 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1528291 Señor Director: 

En vista de los últimos acontecimientos, no cabe mayor discusión respecto de que el sistema previsional administrado por las AFP se basa en el ahorro de parte de las remuneraciones de los trabajadores dependientes, en específico, como mínimo el 10% de ellas y que dichos fondos acumulados por parte del trabajador deberían incrementarse mediante la “administración” que de ellos hacen las AFP. Así como también que dichos fondos tienen como objeto financiar una pensión de vejez cuando el trabajador o la trabajadora cumpla la edad legal para pensionarse, o lo haga anticipadamente, si cumple los requisitos legales y, por lo tanto, son de su exclusiva propiedad.

En ese sentido y a casi 40 años de la entrada en vigencia de este sistema y a otros tantos años desde que se otorgó la primera pensión de vejez que no contó con el “aporte” del “Bono de Reconocimiento” que existía en el sistema anterior, es legítima la acción de otorgar la posibilidad de retirar el 10% de los fondos acumulados (entre $1.000.000 y $4.300.000), cuya idea de legislar se acaba de aprobar en el Congreso, teniendo por finalidad que dicha iniciativa ofrezca a los trabajadores una solución para que enfrenten las consecuencias económicas generadas por el coronavirus, ya sea por haber quedado cesantes o por encontrarse con sus contratos suspendidos.

Si bien, para ciertas personas, esta medida es “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que generaría la disminución del monto de las pensiones debido a este retiro, esta idea no considera que se trata de fondos de la exclusiva propiedad de los trabajadores, quienes en el futuro muy probablemente recibirán una pensión de vejez insuficiente.

Así, resulta más lógico atender a una necesidad absolutamente presente y urgente, pues –para la mayoría– existe tiempo suficiente para que puedan “devolverse a sí mismos” el monto retirado. ¿Cómo? Aumentando la cotización obligatoria en un 1% o 2%, evitándoles contraer nuevos préstamos, más aún cuando la tasa de endeudamiento ha llegado a más de un 74% como promedio.

En síntesis, para la mayoría de los cotizantes, con o sin retiro de los fondos, la expectativa de una pensión de vejez digna y suficiente no es de las mejores hasta el momento, razón por la cual sería más útil y provechoso destinar parte del ahorro previsional a paliar la crítica situación económica presente por la que atraviesan muchos trabajadores. Esto último, sin dejar de estudiar un mecanismo como el antes señalado u otro que permita su recuperación, cuando la pandemia haya cesado y la economía se haya recuperado. De lo contrario, la verdad es que estaremos en una situación de “hambre para hoy y también para mañana”.

Orompello Palacios

Académico Facultad de Derecho

Universidad Andrés Bello

 

 

 

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Justicia chilena en pandemia: Cortes de Apelaciones y Justicia Civil Opinión https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/09/justicia-chilena-en-pandemia-cortes-de-apelaciones-y-justicia-civil/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/09/justicia-chilena-en-pandemia-cortes-de-apelaciones-y-justicia-civil/#respond Thu, 09 Jul 2020 05:20:28 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1527580 https://www.elmostrador.cl/media/2020/04/corteapelaciones123.jpg Tal vez han sido las Cortes de Apelaciones las que de mejor modo se han adaptado al sistema de trabajo a distancia, ello es comprensible desde que su principal labor se desarrolla en audiencias en las que solo pueden intervenir abogados. En ese contexto la brecha tecnológica es casi inexistente y las deficiencias de habilidades […]]]>

Tal vez han sido las Cortes de Apelaciones las que de mejor modo se han adaptado al sistema de trabajo a distancia, ello es comprensible desde que su principal labor se desarrolla en audiencias en las que solo pueden intervenir abogados. En ese contexto la brecha tecnológica es casi inexistente y las deficiencias de habilidades se superan rápidamente a nivel usuario. Como en todas las otras áreas, el ingenio y la buena disposición han ayudado a superar cada problema que se ha ido presentando. Esta situación debe ser de las experiencias más positivas que esta dinámica nos ha entregado, pensar en legislar para mantener la posibilidad de conexión remota para ejercer el derecho de alegar ante las Cortes, sin duda una fórmula que para los justiciables se traduce en un mejor acceso a la justicia, desde que muchas veces la posibilidad de recurrir se veía limitada por el traslado –y con ello mayor costo– que significaba para el abogado patrocinante. Hoy, esa traba se ve superada por la tecnología y, de paso, podemos reducir huella de carbono al evitar traslados desde largas distancias.

De todos modos no podemos pretender que el trabajo a distancia es la mejor solución para todos los procedimientos que convergen en el sistema de justicia. Sin embargo, esta experiencia nos ha servido para relevar bondades, pero también muchos problemas tanto para quienes acuden a tribunales como para los que laboramos en ellos. Como ya hemos dicho en esta saga de columnas, la brecha tecnológica no solo ha revelado un lado de pobreza real sino que ha impedido que los usuarios puedan tener acceso a las distintas formas desarrolladas para acceder a tribunales, ya sea por carencia de medios tecnológicos (las menos de las veces), falta de habilidades (especialmente en sectores de ruralidad o de personas mayores), ausencias de redes en sectores alejados o simplemente una situación económica que impide el acceso a la conexión.

A ello cabe agregar cuestiones de fondo que dicen relación con cómo adaptamos los procesos presenciales (audiencias) diseñados en función de protección de garantías, para desarrollarlos de forma remota, cuando a las partes surgen legítimas dudas sobre la misma eficacia en la protección para un adecuado ejercicio de derechos, esto es, cómo aseguro la identidad de la persona que declara desde su domicilio, cómo aseguro que no hay terceros dirigiendo su relato o cómo protejo a la víctima al momento que deba prestar su versión de los hechos (sobre todo si son niñas, niños o adolescentes) en cualquier materia.

Desde los derechos laborales, inmediatamente surgen preocupaciones sobre el horario laboral y los recursos y medios tecnológicos para desarrollar las labores. En esta contingencia cada persona que labora en tribunales ha puesto no solo su ingenio y dedicación para acomodar la forma de trabajo, sino que también sus propios recursos, asumiendo los costos que han podido significar nuevas conexiones o nuevos computadores. La forma extraordinaria de trabajo nos mantiene vinculados por largas jornadas, no solo por las deficiencias del sistema –sin duda sobrecargado– sino también por las formas que se han tenido que diseñar para, por ejemplo, ubicar a las partes de un proceso, a fin de preparar su concurrencia a una audiencia. Estas condiciones han sido asumidas entendiendo que se trata de una situación extraordinaria que requiere de soluciones también extraordinarias, pero que no pueden repetirse en condiciones de trabajo ordinario.

El avance tecnológico del Poder Judicial chileno es destacado dentro del continente, el que ha ido mejorando con cada reforma procesal. Paradójicamente, los primeros tribunales en tener un sistema de carpetas digitales y seguimiento de procedimientos con sus debidos controles fueron los tribunales civiles de Santiago, iniciada la década de los 90; hoy es precisamente esa judicatura la que aún no alcanza la anhelada reforma procesal que permita agilizar procesos y resolver directa e inmediatamente al juez una vez recibida la prueba y oídos los argumentos de las partes.

La Ley 21.226, que principalmente suspendió plazos, provocó que en materia civil se paralizara un gran número de procedimientos, precisamente hasta aquella etapa en que debían desarrollarse audiencias presenciales, evitando el contacto entre personas y un eventual contagio. Lo anterior repite el pronóstico que ya conocemos en otras materias: la acumulación de causas cuyo procedimiento deberá reanudarse, al menos, después de terminado el plazo de vigencia del estado de emergencia constitucional.

Sin duda no estábamos preparados para una situación como la que vivimos, la reacción inmediata de parte del sistema de justicia fue rápida y, cómo en muchas otras esferas, pensando en un tiempo más breve que el que hoy avizoramos. Hoy tenemos que repensar y reformular las estrategias que nos permitan avanzar en algunas materias, no solo para disminuir la acumulación de causas, sino con miras a cumplir del mejor modo y lo más rápido posible la tarea encomendada constitucionalmente.

Sin embargo, la rapidez no puede pasar –y pesar– por sobre la calidad, de allí que todas las medidas que se adopten deben tener por objetivo mantener la eficiencia y eficacia del proceso como herramienta de protección de garantías y en estas condiciones particulares esa protección ha de tener mayor intensidad, dada la fragilidad de las condiciones de vida de las personas.

Como ANMM hemos propuesto una serie de cambios legislativos en diversas áreas, que permitan avanzar sin desproteger. Algunas propuestas en el área civil, tienen que ver con facilitar las notificaciones, haciendo obligatoria la entrega de datos de correo electrónico o celular para ello (dejando a salvo la primera, tal como lo prevé la ley); por otro lado, permitiendo que las audiencias cuya fecha dependen de una notificación, puedan fijar en día y hora determinado, de modo que el tribunal pueda ordenar su agenda sin que se provoque sobreabundancia de audiencias en un mismo día y que conlleve eventuales suspensiones; extender el uso de firma electrónica avanzada, con los resguardos necesarios, en escrituras públicas en que el juez suple al ejecutante.

Hoy aparece como relevante detenerse en la conciliación como herramienta de solución de conflictos, mecanismo que se incorpora y utiliza cotidianamente en las materias cuyo procedimiento ha sido reformado, pero que en materia civil ha sido relegada a un mero trámite, pese a que su ausencia es causal de casación. Las partes y los jueces deberían generar espacios, diálogos y estándares que permitan usarla de forma que generen reales y provechosos acuerdos, permitiendo más rapidez en la solución de lo demandado y permitan descongestión en la acumulación de causas.

Por último, sin duda que en un futuro próximo cuando debamos asumir las labores en plenitud, será necesario apoyar el trabajo con una mayor dotación de jueces y juezas, así como de funcionarios, por un tiempo acotado, de modo que pueda ponerse al día el trabajo en breve plazo. Una herramienta legal ya existente es la aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 del COT, que permite que el secretario(a) –hoy existente solo en juzgados civiles y en algunos de letras con competencia civil– asuma en calidad de juez(a), duplicándose la dotación, medida cuya adopción se había mantenido desde hace varios años, permitiendo fluidez en el sistema y que hoy se ha eliminado, previendo que uno de sus efectos será una mayor acumulación de procedimientos.

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Deudas con nuestra madera y medio ambiente Opinión https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/09/deudas-con-nuestra-madera-y-medio-ambiente/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/09/deudas-con-nuestra-madera-y-medio-ambiente/#respond Thu, 09 Jul 2020 05:18:41 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1527584 https://www.elmostrador.cl/media/2018/10/madera-sostenible.jpg Mucho se ha hablado sobre el hurto o robo de madera en el sur de Chile en estos días, porque recientemente la Sala del Senado analizó el proyecto de ley que pretende prevenir la sustracción de madera en troza, creando un tipo penal específico para castigar dicha conducta y permitiendo el uso de técnicas especiales […]]]>

Mucho se ha hablado sobre el hurto o robo de madera en el sur de Chile en estos días, porque recientemente la Sala del Senado analizó el proyecto de ley que pretende prevenir la sustracción de madera en troza, creando un tipo penal específico para castigar dicha conducta y permitiendo el uso de técnicas especiales de investigación.

Mientras un senador de mi sector llamó a apoyarlo señalando que esta práctica podría ser una fuente de financiamiento para actividades ilícitas en la Región de La Araucanía y otro, de oposición, afirmó que con este se protege a la industria forestal y acusó que ha faltado ahondar en el debate, lo cierto es que se trata de una iniciativa necesaria y urgente.

Los que somos del sur, conocemos cómo proceden quienes cometen este delito: actúan de noche, sin testigos, con cómplices a cargo del traslado y compradores preestablecidos. Por eso, es evidente que las facultades que tienen hoy nuestros fiscales son insuficientes, ya que es muy difícil obtener pruebas y muy poco probable que haya flagrancia.

Este proyecto es muy relevante para la Región de La Araucanía, porque permitirá legitimar una actividad tan valiosa como la forestal, que equivale al 1,96% del PIB –un monto cercano a $2.871 millones– y genera más de 100 mil empleos.

El hurto o robo de madera en troza no puede vincularse directamente con el conflicto mapuche ni con ningún otro tema político. Es un delito, independientemente de quien lo cometa y a quienes afecte. Nunca puede estar justificado y siempre debiera perseguirse con todo el rigor de la ley. Eso es, pues, lo que se persigue con este proyecto de ley. Empresarios forestales mapuches y no mapuches, grandes y chicos, comprenden la diversidad forestal de la Región de La Araucanía y por eso esta actividad no debe tener apellido.

Pero esta no es la única deuda pendiente con nuestra madera. No podemos olvidar la que tiene que ver con establecer a la leña como combustible, permitiendo con ello regular su uso y comercialización, y una institucionalidad que fiscalice las medidas.

Qué duda cabe que la leña no es en sí misma la culpable de la contaminación del sur de Chile. Es su falta de regulación como combustible la que permite que se venda en condiciones poco óptimas, a lo que se suman estufas precarias. Por lo mismo, más que desincentivar su utilización, parece apropiado capacitar en torno a su uso, mejorar la supervisión, fiscalizar e invertir en tecnología.

Bajo estas premisas fue que en 2018 entregamos a la ministra del Medio Ambiente de la época un proyecto de ley para reconocer la biomasa forestal como combustible y la creación de una Superintendencia para su fiscalización, regulando el mercado y ordenando los procesos de formalización, de manera de contar con leña seca y equipos de combustión con los estándares internacionales. Hoy reitero mi llamado a la actual ministra del ramo a que considere dicha propuesta y le dé la relevancia que posee.

Por último, es importante mencionar que desde 2014 estamos a la espera de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Entrampado desde julio del año pasado en la Cámara Baja, este debiera impulsar la conservación de la biodiversidad, la gestión de las áreas protegidas y la implementación de planes de conservación para especies en extinción. Concretarlo es fundamental para contar con una entidad pública que unifique un quehacer actualmente disperso en cinco ministerios.

Aprovechando la ocasión, y si de deudas en materia de recursos naturales se trata, surge la primera Ley General de Suelos, actualmente en la Comisión de Agricultura del Senado, que promete ser un aporte para dar sostenibilidad a nuestro recurso madera en troza y demás recursos naturales.

La protección del medio ambiente y los recursos naturales no debiera tener color político, sino más bien constituir un eje prioritario de cualquier gobierno. Para que así sea, es urgente regular y proteger nuestros árboles y nuestra madera.

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Pandemia, teletrabajo y renta básica universal MERCADOS|OPINIÓN https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/09/pandemia-teletrabajo-y-renta-basica-universal/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/09/pandemia-teletrabajo-y-renta-basica-universal/#respond Thu, 09 Jul 2020 05:16:59 +0000 https://www.elmostrador.cl/?p=1527576 https://www.elmostrador.cl/media/2020/05/teletrabajo_111.jpg Tras la llegada de la pandemia y la instalación masiva del teletrabajo en el mundo, se nos invita a reflexionar sobre una posible aceleración de una reconfiguración del trabajo. Ha quedado en evidencia cómo una serie de labores, que antes de la pandemia se realizaban de manera presencial, podrían realizarse perfectamente a distancia. En Chile […]]]>

Tras la llegada de la pandemia y la instalación masiva del teletrabajo en el mundo, se nos invita a reflexionar sobre una posible aceleración de una reconfiguración del trabajo. Ha quedado en evidencia cómo una serie de labores, que antes de la pandemia se realizaban de manera presencial, podrían realizarse perfectamente a distancia. En Chile esta modalidad se ha incorporado en su mayoría en trabajos del sector privado, pero aún lejos de constituirse como regla general.

Según autores cómo Jeremy Rifki y André Gorz, este proceso proviene desde antes de la pandemia. El mundo había comenzado una transición paulatina hacia un capitalismo cognitivo, es decir, como plantea Negri, se constituye un sistema con mayor importancia en el “valor saber” que en el “valor trabajo” tradicionalmente concebido (medido por el tiempo de labor). Ejemplo de ello es la creciente cantidad de trabajadores que producen bienes inmateriales, como por ejemplo los trabajadores de la cultura de producción teatral, televisiva, musical o cinematográfica.

Argumentos que se sostienen en la tesis del “fin del trabajo”. Sus defensores plantean que el pleno empleo ya se ha vuelto inaccesible. Frente a ello ha surgido la idea de la asignación universal, desacoplando el ingreso del empleo a fin de garantizar recursos mínimos para las personas. Por otro lado, plantean que cada vez más el trabajo humano será sustituido por la tecnología. Para los “cognitivistas” esta es una buena noticia, pues es una manera de superar la explotación capitalista de los seres humanos por otros seres humanos.

Ante dicha tesis, cabría preguntarse si la tecnología finalmente reemplazará el trabajo humano y, en segundo lugar, si la crisis sanitaria acelerará tal proceso. Una de las voces críticas del “fin del trabajo”, Michel Husson, sostiene que el desarrollo tecnológico no es reductor de empleo humano, ya que las máquinas deben diseñarse, montarse y mantenerse, lo que implica incorporar trabajo humano. Por tanto, no significa que habrá menos trabajo, sino de una incorporación de nuevos trabajos.

Frente a este debate, surgen dos posibilidades, que exista una aceleración del reemplazo de operarios por nuevas tecnologías, aumentando definitivamente el trabajo cognitivo o bien un reemplazo masivo tras la incorporación de nuevos trabajos dependientes de humanos (con uso de tecnología). Ante cualquiera de las dos opciones se prende una alarma: las dificultades de reinserción laboral de los viejos empleos existentes antes de la pandemia.

Frente a esta posibilidad, es necesario reabrir el debate sobre la renta básica universal, la cual deviene de un derecho a un monto mensual que supere la línea de la pobreza. Según el sociólogo Olin Wright, esta renta “se otorga de modo incondicional contra la realización de cualquier tipo de trabajo o cualquier otra contribución, y es universal, esto es, lo reciben todos, los ricos y los pobres por igual. Los pagos son individuales y no a las familias”.

A su vez, este ingreso generará la eliminación de una serie de transferencias redistribuitivas, como por ejemplo “los pagos sociales, los subsidios familiares, el seguro de desempleo, las pensiones sufragadas con impuestos”, dado que el ingreso básico será suficiente para proporcionar a todos una subsistencia decente. A su vez, el ingreso básico universal generaría la eliminación de la pobreza, el contrato de trabajo se aproximaría a un servicio voluntario, las relaciones de poder entre trabajadores y capitalistas se hacen menos desiguales, aumenta la posibilidad de que la gente forme asociaciones cooperativas para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades al margen del mercado

En Chile, este debate ha sido difícil de instalar, pues los neoliberales han socializado la idea que los derechos sociales generan sujetos pasivos y, por tanto, que la recepción de este tipo de “beneficios” generaría una masa de holgazanes. Esta visión del ser humano es llevada el extremo a través de una serie de políticas que dejan las personas con marginales iniciativas de protección social. Esto ha generado la explosión del malestar social expresada en las protestas de octubre, pero por sobre todo el descontento tras la crisis económica producida durante la pandemia.

Esto ha profundizado el divorcio entre política y sociedad, pues devela una desconexión de las elites con la realidad político-social. Mientras tanto, se evidencia una serie de políticas en beneficio de los grandes empresarios, siendo estos, con sus prácticas monopólicas, quienes han cerrado las puertas del éxito para las grandes mayorías. Estamos ante un ciudadano que actúa solo como individuo desprotegido y un empresariado que actúa en colectivo, como grupo, como clase.

Frente a esta realidad, iniciativas como la renta básica universal se hacen urgentes de instalar y debatir, pues no sólo generaría una mejor distribución de la riqueza, sino también estrecharía las relaciones desiguales de poder entre empresarios y trabajadores.

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