Ser mujer migrante en Chile: “Tienes dos formas de sobrellevarlo, dejar que este peso te invisibilice o luchar porque ninguna mujer más pase por lo mismo”

Ser mujer y migrante “es sentirse en el último eslabón en la escala de prioridades, creo que muchas veces me sentí que ser mujer, migrante y pobre es un peso del cual solo tienes dos formas de sobrellevarla, dejar que este peso te invisibilice o luchar porque ninguna mujer más pase por lo mismo (…)  ser migrante hace mucho más notoria la discriminación en el ámbito laboral, de vivienda y de salud”, relata María de Lourdes Cáceres, quien migró a Chile en 2006 desde su natal Paraguay y hoy tiene la nacionalidad chilena, pero demoró 10 años en obtenerla. 

Según el informe «Mujeres Migrantes en Chile: Desafíos y Reflexiones», realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) en 2019, las mujeres migrantes denunciaron ser víctimas de distintos tipos de discriminación, abusos y violencias. Mujeres provenientes de Venezuela, Colombia y Haití denuncian discriminación asociada a la sexualización. «La cosificación de sus cuerpos son cuestiones que las someten más allá del prejuicio, a una situación de riesgo para su autonomía física», indica el estudio. 

Por otro lado, las mujeres peruanas y bolivianas aseguran que son parte de discriminación racial y económica por parte de sus empleadores. Asimismo, se considera que las diferencias culturales e idiomáticas son gran parte de las barreras que dificultan la inserción de las mujeres migrantes para desarrollarse en Chile.

Para la excandidata convencional, Catalina Bosch, de nacionalidad cubana y residente desde hace 28 años en Chile, las mujeres migrantes viven las mismas discriminaciones y violencias que las chilenas, pero se le agrega el factor migrante, por lo que en muchas ocasiones se les violenta por su raza o situación económica. “Son justamente las barreras de la precarización económica junto a las barreras de género. Las mujeres migrantes que están en situación de violencia, por ejemplo, les cuesta mucho más salir de esa situación porque tienen menos redes de apoyo, tienen menos herramientas para poder salir de ellas en un país que no es el suyo. no tiene acceso a la información y menos supone que el Estado las va a poder proteger cuando el mismo Estado las está amenazando con que las va a expulsar o no les va a poner la vacuna por estar en situación de irregularidad”, comentó Bosch, quien se desempeña como psicóloga y activista por los derechos de las personas migrantes en la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. 

En esta misma coordinadora se encuentra Vanessa González, presidenta del movimiento y activista del comité migrante de la Coordinadora Feminista 8M. Ella es oriunda de Venezuela y psicóloga de profesión. Al igual que sus otras compañeras migrantes, Vanessa considera que las mujeres extranjeras “sufrimos múltiples abusos y es necesaria la fiscalización en estos contextos, pero también restituir los derechos laborales que fueron vulnerados en contexto de pandemia, especialmente los despidos arbitrarios a mujeres migrantes”.   

De acuerdo a la Asociación Intercultural Miranda, las mujeres son víctimas de discriminación y abusos desde que se encuentran en la frontera. Una de las denuncias más graves es la vulnerabilidad de la asistencia médica en casos de abortos espontáneos, la invisibilidad de las muertes en frontera, donde los cuerpos de las mujeres “al ser abandonadas por traficantes de migrantes en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, como ha sucedido con mujeres dominicanas y venezolanas o por otra forma de fallecimiento, como colapso de la salud física por la altura y el clima”. 

Este mismo abandono ocurre en los casos de femicidios, como le pasó a Susjes Mejías, Lady Burgos, Herlín Riasco, Mónica Huertas, Yuliana Aguirre, Joane Florvil y tantas otras mujeres migrantes que fueron vulneradas. “Estos casos ponen en jaque toda la violencia del machismo del Estado”, comentó Catalina.  “Mujeres y disidencias migrantes estamos expuestas a múltiples formas de violencias patriarcales, fascistas, racistas y xenófobas que se traducen en el actuar del Estado al no reconocernos”, enfatizó Vanessa. 

Sin escaños en la Convención 

De acuerdo al Servicio Jesuita de Migrantes en Chile hay 1.492.522 personas provenientes de otras naciones que viven en el país, lo que corresponde al 7.8% de la población total. De esta cifra, 763.776 son hombres y 728.746 son mujeres. Del total de migrantes, 378.829 están habilitados para votar según los datos del Servicio Electoral (Servel) y solo el 20,91% del padrón ejerció su derecho en el plebiscito de octubre. En el resto de las elecciones siguientes, no hay cifras que revelen la participación. 

A pesar de no lograr un espacio presencial en la discusión de la nueva Constitución, 39 convencionales firmaron el compromiso con la migración, así como el trabajo en conjunto con organizaciones sociales. “Igualmente, creo que seguiremos participando en cabildos, conversatorios y haremos escuchar siempre la única necesidad que creemos debe respetar la nueva Constitución es los DDHH y sobre todo mencionar que toda persona que viva en el territorio debe tener la categoría de ciudadano/a”, indicó María de Lourdes, quien se ha sumergido en el activismo desde 2009 hasta la actualidad. Participó en la creación de la Ley 20.888, promoviendo la nacionalización de niños y niñas a partir de los 14 años, ley que benefició a más de 50.000 jóvenes que se encontraban apátridas. También fue candidata a concejala por la comuna de San Miguel durante las últimas elecciones municipales. 

La nueva Constitución es una oportunidad de designar la migración como un derecho humano, donde toda persona que decide vivir en Chile sea bajo el respeto y la dignidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), en su Informe Anual 2018, recomienda al Estado resguardar e incorporar el principio de igualdad y no discriminación por razones de género, orientación sexual, edad, nacionalidad, idioma, raza, discapacidad.

Estas propuestas de migración no ocurren como deberían ser, es más, se considera que al no tener políticas públicas la explotación es mucho mayor. Incluso, tanto como María de Lourdes, Vanessa y Catalina, consideran la Ley de Migraciones de Sebastián Piñera como una grave violación a los derechos humanos. A esta situación se le agrega la violencia de género que están sometidas las mujeres extranjeras, en donde la excandidata a convencional, Catalina Bosch puso en cuestionamiento el “apoyo” del Estado a las mujeres víctimas de VIF. “Una mujer que está viviendo violencia, con todas esas señales, ¿va a ir donde Carabineros a denunciar?  Es totalmente evidente que las mujeres sufren las embestidas de un estado patriarcal, xenofóbico, discriminatorio, racista en muchos casos, y cuando todos esos elementos se juntan, entendemos que las mujeres migrantes están en una situación de una mayor precarización”. 

Las tres activistas estarán con los ojos puestos en la Convención, esperando que las y los 39 constituyentes electos que se comprometieron a cambiar las políticas de migración cumplan sus promesas. “Las comunidades migrantes queremos vernos involucrados/as en la discusión del proceso, y una de las áreas que principalmente queremos incidir es en los principios y derechos de igualdad y no discriminación étnico racial, nacionalidad, identidad de género y orientación sexual. También el pluralismo, por un Estado intercultural y el derecho a vivir una vida libre de violencia”, expuso Vanessa.   

La nueva Constitución es una oportunidad para poder distinguir a las personas migrantes como sujetos y sujetas de derecho, a exigirle al Estado de Chile que cumpla con los tratados internacionales y respetar el derecho a migrar. “No solo el lugar de nacimiento hace a un ser humano sino también el lugar que elija para vivir, hacer familia y aportar.  En mi caso donde está mi corazón, está mi nacionalidad y mi familia y yo elegí Chile.  Tengo el privilegio de poder elegir en qué país dejo mis raíces y mi aporte para el futuro”. finalizó María de Lourdes.