Urbanismo, participación ciudadana y descentralización: tres factores claves en el proceso constituyente

Uno de los temas claves del proceso constituyente será el urbanismo: su impacto en la vida diaria, la planificación urbana, la sustentabilidad de las ciudades y la definición del concepto «territorio». Así lo estiman varios expertos en el contexto de demandas para una mayor participación ciudadana, descentralización y respeto al medio ambiente en la redacción de la nueva Constitución.

«El tema de fondo es en qué escala se ubica la gestión territorial, para tener los mejores resultados», señaló la investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), Lake Sagaris.

«En Chile los acontecimientos indican que estamos hablando de profundizar en la democratización, buscando dejar atrás prácticas de abuso de poder, corrupción, exclusión y un trato injusto a una mayoría de la población, y un trato preferencial en base al ‘amiguismo’ entre una elite muy cerrada», agregó Sagaris, que apuntó a un estudio del PNUD de 2004.

Destaca que la gestión territorial es mucho más que el «urbanismo», como se entiende en Chile: «Aquí se planifica –mínimamente, es cierto, en muchos casos– las ciudades, dejando el territorio como un todo –el Atacama, los bosques templados, las cuencas del agua– sin planificar. En la teoría y la práctica relevante, esta es la ‘no planificación’, y claramente es la modalidad que predomina en muchos sectores y temas del país», precisó.

En ese marco, Sagaris acotó que en la nueva Constitución hay que pasar del «urbanismo» a una planeación urbana-regional realizada en instituciones democráticas, capaces de evolucionar con el tiempo, los desafíos y los temas.

[cita tipo=»destaque»]»Chile no puede seguir siendo planificado desde Santiago», coincidió Herrera. «Es un territorio diverso, muy complejo, con realidades culturales, climáticas y paisajísticas que, por un lado, son un tremendo valor, pero por otro lado han sido sistemáticamente invisibilizadas desde una mirada centralista, generando daños profundos en las comunidades y en el medio ambiente. Las normativas estandarizadas no reconocen diferencia ni diversidad alguna. Por tanto, se debe legislar regionalmente y poner al centro de cada legislación regional las características propias de cada territorio».[/cita]

Son muchas las constituciones en el mundo –tanto en Latinoamérica como en Europa– que velan por el derecho a una vida urbana digna, como también a la vivienda y sus implicancias fundamentales en la vida de las personas, precisó el arquitecto Antonio Zumelzu, doctor en Planificación Urbana y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Austral.

Añadió que esto pasa por tener un derecho equitativo a los bienes que la ciudad supone para todos sus habitantes, lo cual significa limitar el espacio del mercado, asegurando ciertas áreas que quedan fuera de la especulación y que vayan en directo beneficio de las comunidades.

Constituciones latinoamericanas como la mexicana o la colombiana resguardaron ciertos equilibrios de participación de los distintos agentes incumbentes en el desarrollo de la ciudad, como así también la participación, la democracia, la sustentabilidad y el bien común, para preservar la calidad de vida de los habitantes.

En el caso de Colombia y Ecuador, se consagró el derecho a la ciudad y además un conjunto de políticas y leyes complementarias que lo fortalecen de forma innovadora, resaltó el director del Laboratorio Ciudad y Territorio (LCT) de la UDP, Genaro Cuadros.

En el caso de Brasil, la Asamblea Constituyente de 1988 lo abordó –entre otras razones– por el fuerte movimiento social de los Sin Tierra, en el contexto de una Constitución que garantiza derechos sociales, dedicando un capítulo entero en el título del orden económico y financiero, consagrando la función municipal del derecho urbanístico en la Constitución, la función social de la ciudad y garantizando el bienestar de sus habitantes, a través de un instrumento de planificación urbana, como es el plano director. Estos artículos luego fueron reforzados con el “estatuto de las ciudades”, como instrumento ejemplar de política pública en América latina.

«De esta forma está claro que no todo quedará inscrito en la Constitución. Sin embargo, es importante debatir qué elementos son fundamentales y dónde se consagran, para luego desarrollar las políticas públicas y normas que permitan implementar los derechos, las instituciones y las herramientas normativas necesarias para nuestros territorios, ciudades, municipios y barrios», agregó Cuadros.

En Europa, en tanto, el Estado es garante respecto a evitar la especulación inmobiliaria y se transformó en un actor relevante en la planificación y desarrollo urbano.

En España varios artículos de la Constitución se refieren a este asunto. En el artículo 47, por ejemplo, establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

En Francia, los municipios participan como un actor inmobiliario, comprando viviendas para evitar la especulación y la gentrificación de barrios completos.

«Podemos decir que son muy diversos los ejemplos donde el derecho a la cuidad y la vivienda están consagrados y protegidos por la ley y las Constituciones, camino inevitable si Chile quiere dar los pasos necesarios para mejorar los índices de igualdad y acceso a derechos sociales fundamentales», expresó Zumelzu.

La ciudad como cuerpo vivo

En Chile, el 88% de los habitantes vive en la urbe. En ese contexto, el urbanismo en cuanto a su rol fundamental en la calidad de vida de los seres humanos debería tener una importancia relevante en la nueva Constitución, la que debería velar por el bien común de los habitantes de las ciudades y territorios del país, poniendo en el centro de la discusión cómo hacer mejores ciudades y que estas puedan convivir con los territorios donde están inmersas.

Eso estima el arquitecto Gonzalo Herrera, académico de la Universidad de Valparaíso. «Las ciudades son un cuerpo vivo, poseen un metabolismo, en relación con su consumo de sus diversos nutrientes y su gestión de residuos. En esos términos podemos decir que la sostenibilidad y sustentabilidad deben ser estándares, pisos necesarios para la preservación de los centros urbanos. Esto, bajo la premisa que nuestra relación con la naturaleza y el soporte natural que la tierra supone, debe modificarse diametralmente. No podemos seguir pensando que los recursos naturales son infinitos y que nuestra especie solo puede usar y abusar de dichos recursos sin control alguno», subrayó.

En ese sentido, añadió que una ciudad amable, entonces, debe ser antes que todo sustentable, sostenible y propender a la felicidad de sus habitantes, protegiendo su entorno natural y mejorando continuamente sus procesos metabólicos.

«Hoy vemos una planificación urbana en que las personas han dejado de ser las protagonistas de la ciudad, dando mayor espacio al uso del automóvil, la pérdida de capital ambiental, la urbanización del suelo rural y un aumento cada vez mayor de las distancias al acceso a los servicios básicos», alertó Zumelzu.

Por otra parte, agregó que «la regulación normativa del desarrollo territorial y urbano es escasa y el ordenamiento territorial es de carácter indicativo y no vinculante. La inclusión de principios rectores para fijar el desarrollo del territorio desde un punto de vista más sostenible, desde la generación de nuevos instrumentos de control normativo que apunten, por ejemplo, a la equidad en el confort espacial, la salud o el bienestar mental de los espacios urbanos, deben ser principios pilares de transformación».

Cuadros cree que en la nueva Constitución será preciso construir una nueva noción de nación y piensa que esta debería incorporar la dimensión del territorio. Esto es, en parte, porque a su juicio uno de los temas centrales del conflicto con las naciones y pueblos originarios requiere de una noción más compleja y amplia de territorio, pero además porque esa noción originaria esta traspasada a la población en general y debe ser considerada en el debate.

Asimismo, precisó que una nueva noción sobre el respeto y conservación del medio ambiente y los derechos de la naturaleza, se impone en un contexto de crisis ambiental y esto tiene sin dudas una dimensión territorial, allí están las zonas de sacrificio y el ejemplo de Freirina –con su 91,77% de Apruebo en el plebiscito de octubre– lo hace «evidente». «Una democracia participativa con mayor profundidad y complejidad lo necesita para abordar nuevos modelos de gobernanza a distintas escalas territoriales, en el nivel barrial, municipal y regional. Sin duda, se requiere que los primeros gobernadores electos puedan gobernar sus regiones, no solo administrar sus necesidades», recalcó.

Descentralización

Todos los consultados destacaron la importancia de la descentralización, algo que Sagaris –de origen canadiense– conoce bien. Explicó que en su país las provincias gestionan, toman las decisiones, aceptan o rechazan en materia de salud, educación, movilidad, edificación, creación de parques y equipamiento al nivel geográfico. «Ningún sistema es perfecto, pero así se busca lograr un equilibrio de decisiones: que no siempre pierdan los mismos o ganen los mismos, como suele pasar en Chile hoy», subrayó.

Para Cuadros, esto es clave en un país que concentra cerca del 49% de su población en la Región Metropolitana, pero que, sin embargo, extrae del resto del país sus riquezas, dejando en sus territorios de origen el vacío de esa economía. «Se requiere un nuevo equilibrio y este es de poder, es decir, constitucional», sentenció.

«Si los municipios no cuentan con una institucionalidad robusta, son solo meros administradores y no gobiernos locales poderosos que se hagan cargo de nuestras condiciones básicas de vida en nuestras ciudades, se empobrece a nuestras ciudades», advirtió.

Zumelzu apunta a una descentralización de las grandes inversiones públicas, sobre todo con miras a fortalecer el desarrollo de las ciudades intermedias del país.

Las ciudades intermedias se entienden no solo por su factor poblacional, sino que también por su importancia regional desde los ámbitos político-administrativo, físico-funcional, socioeconómico y cultural y hoy se encuentran en el rango de mayor potencialidad para promover el desarrollo urbano, de manera sostenible, por distintas agendas y organismos internacionales. Potenciar el desarrollo de las ciudades intermedias debe ser el futuro del desarrollo urbano en el país, reclamó.

«Chile no puede seguir siendo planificado desde Santiago», coincidió Herrera. «Es un territorio diverso, muy complejo, con realidades culturales, climáticas y paisajísticas que, por un lado, son un tremendo valor, pero por otro lado han sido sistemáticamente invisibilizadas desde una mirada centralista, generando daños profundos en las comunidades y en el medio ambiente. Las normativas estandarizadas no reconocen diferencia ni diversidad alguna. Por tanto, se debe legislar regionalmente y poner al centro de cada legislación regional las características propias de cada territorio».

Experiencias locales

Cada uno de estos académicos vive en un sistema geográfico determinado, con sus diversas necesidades y expresaron, respecto al mismo, sus problemas a resolver.

Cuadros, residente en Santiago, por ejemplo, apuntó a que la ciudad tiene un sistema de transporte que no es gobernado por sus autoridades regionales ni comunales, sino por el gobierno central, algo a su juicio incoherente con un desarrollo avanzado. A su vez, resaltó que en la Región Metropolitana hay comunas de tamaños gigantescos, cinco veces más pobladas que la ciudad de Curicó e «ingobernables» para sus alcaldes: «Existe una diferencia sustantiva entre los territorios rurales y los urbanos de la región, entre las pequeñas ciudades y la gran capital con sus territorios conurbados».

«Se impone diferenciar en la organización del Estado el reconocimiento específico de las áreas metropolitanas. Por ejemplo, y en Chile hay por lo menos tres evidentes y varias otras que por su funcionalidad deben ser organizadas de esta forma si queremos equilibrar el desarrollo del territorio nacional», precisó.

Herrera, que vive en Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, comenta que allí «la legislación urbana existente no funciona, de partida porque es una ciudad en pendiente y eso modifica absolutamente las relaciones de asoleamiento, vista y convivencia entre los habitantes y las construcciones. Por otro lado, la ciudad no puede seguir invisibilizada respecto al puerto o, mejor dicho, siendo víctima de las externalidades y no los beneficios. Todos los impuestos se pagan en Santiago, pero la ciudad no tiene acceso al borde costero», concluyó.