OPINIÓN

La permanencia de campamentos en Chile y el derecho a una vivienda adecuada

El enfoque con que el Estado aborda los campamentos debe actualizarse, incorporando la perspectiva del derecho a una vivienda adecuada. Esto se encuentra en los compromisos suscritos por nuestro país en la Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat), que establece para 2016-2036 la meta de garantizar el derecho a una vivienda adecuada en los países de América Latina y el Caribe. Esto debe reflejarse en una oferta de vivienda para sectores de menores ingresos, que conjugue cantidad y cobertura, con calidad y adecuación a las necesidades de mayor vinculación con su entorno físico, espacial, social, cultural, laboral y económico.

Una de las manifestaciones más gráficas de desigualdad en las ciudades chilenas, es la fuerte proliferación y diversificación de campamentos. Una estimación realizada por la oficina de estudios urbanos Atisba, constató que entre 2017 y 2019, la superficie de campamentos creció 84% en Santiago y 37% en el Gran Valparaíso. Lo mismo ha advertido la Fundación TECHO respecto del aumento de campamentos en ciudades mineras como Antofagasta. La problemática es reconocida por el propio Ministerio de Vivienda a través del Catastro Nacional de Campamentos, cuyos resultados se publicaron en 2019: ha crecido un 70% la cantidad de familias que viven en campamentos en menos de una década.

¿Por qué la reemergencia de campamentos no ha sido visibilizada antes por la política pública? Tal como postulamos en nuestro análisis “Los campamentos en la política urbana chilena: desafíos y propuestas para abordar una problemática en crecimiento”, realizado para el Centro de Políticas Públicas UC, desde que en Chile se masificó la política habitacional a través del modelo de subsidios, el problema de los campamentos fue perdiendo presencia en una discusión centrada en el acceso a la vivienda.

En las últimas décadas los campamentos fueron abordados como un problema residual, enfrentado a través de programas específicos destinados a su “cierre”. El Programa de Campamentos –actual Programa de Asentamientos Precarios– persiguió desde 2010 otorgar soluciones habitacionales a familias que viven en campamentos, a través de estrategias como la radicación mediante proyecto habitacional, urbanización o relocalización.

El alto y sostenido crecimiento de los asentamientos informales desnuda las falencias más amplias de la política habitacional, visibilizando lo insostenible de una estrategia de abordaje restringida a un programa específico. Es urgente la construcción de una política pública integral que convoque a todos los actores y considere los factores tanto subjetivos como estructurales que permitan entender su fuerte persistencia. Solo así se podrá hacer frente al desafío de garantizar vivienda adecuada para todas las chilenas y todos los chilenos.

No obstante, estas estrategias continúan desconectadas de políticas más amplias que se hagan cargo de modificar el contexto de producción de ciudad, que no ofrece alternativas de vivienda para una parte cada vez más amplia de la población que prefiere vivir en campamento, antes que seguir esperando por el resultado incierto de una postulación a subsidio habitacional.

Este desencuentro se evidencia al analizar las cifras de dicho programa. De 657 campamentos en 2011 y tras ocho años de aplicación del programa, solo 124 campamentos habían concluido su intervención. Además, existe la paradoja de que, por cada tres campamentos cerrados durante la última década, surgen otros cuatro. ¿Cuáles son las causas estructurales que explican este incremento? Al desborde de la demanda de vivienda adecuada, se suma una fuerte alza en el precio del suelo, que termina por empujar a las familias a vivir en campamentos.

En este contexto, el enfoque con que el Estado aborda los campamentos debe actualizarse, incorporando la perspectiva del derecho a una vivienda adecuada. Esto se encuentra en los compromisos suscritos por nuestro país en la Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat), que establece para 2016-2036 la meta de garantizar el derecho a una vivienda adecuada en los países de América Latina y el Caribe. Esto debe reflejarse en una oferta de vivienda para sectores de menores ingresos, que conjugue cantidad y cobertura, con calidad y adecuación a las necesidades de mayor vinculación con su entorno físico, espacial, social, cultural, laboral y económico.

El alto y sostenido crecimiento de los asentamientos informales desnuda las falencias más amplias de la política habitacional, visibilizando lo insostenible de una estrategia de abordaje restringida a un programa específico. Es urgente la construcción de una política pública integral que convoque a todos los actores y considere los factores tanto subjetivos como estructurales que permitan entender su fuerte persistencia. Solo así se podrá hacer frente al desafío de garantizar vivienda adecuada para todas las chilenas y todos los chilenos.

*Nota de la Redacción: Esta columna fue elaborada sobre la base de la publicación “Los campamentos en la política urbana chilena: desafíos y propuestas para abordar una problemática en crecimiento”, de los académicos UC Álvaro Ramoneda, Felipe Valenzuela, Javier Ruiz-Tagle y el autor de esta columna.