Rodrigo Delgado y su responsabilidad en los guetos verticales de Estación Central

A partir de mediados del año 2013, el director de Obras de la Municipalidad de Estación Central otorgó los primeros permisos de edificación para que ciertos inversionistas levantaran torres habitacionales con excesivas alturas, estructuras que Claudio Orrego tiempo después –en su calidad de intendente metropolitano de Santiago– las bautizara como «guetos verticales».

En el año 2014, por los daños ambientales y en la calidad de vida que ocasionaban las invasivas torres a aquellos que residían en viviendas unifamiliares de uno y dos pisos, algunas agrupaciones ciudadanas de esa comuna le reclamaron al alcalde, Rodrigo Delgado, quien no mostró ningún interés en escucharlos, motivo por el cual recurrieron por escrito ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, instancia competente que revisó el asunto con el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu para así resolver.

Como consecuencia de lo anterior, la autoridad de superior jerarquía del Minvu emitió la circular n° 203, DDU N° 313, de fecha 16 de mayo de 2016, en donde se rayó la cancha en términos de que no existiendo un Plan Regulador Comunal para una zona urbana determinada que definiera la altura de los edificios, todos los actos administrativos que consideraban torres residenciales con alturas de 20, 28, 30 y hasta 38 pisos, con agrupamiento continuo, eran contrarios a derecho. Después de esa fecha, el director de Obras –creyendo cándidamente que la resolución de la DDU del Minvu no era vinculante para su función municipal– siguió campante cursando permisos de edificación con esas características. Según un listado actualizado al 23 de junio de 2017, dicha municipalidad había otorgado 73 permisos y 30 anteproyectos, todos guetos verticales, pues se utilizó la misma práctica.

[cita tipo=»destaque»]Sería de toda lógica que los ministros Rodrigo Delgado y Felipe Ward revisen en su mérito la completa propuesta que Defendamos la Ciudad le hizo a Cristián Monckeberg y, si por estas cosas curiosas de la vida no la encuentran en los archivos del despacho ministerial de Vivienda, se la pueden pedir a este columnista, quien con el mayor gusto la enviará a ambas altas autoridades del Estado. Finalmente, no es necesario que sea la propuesta entregada al Minvu la que se aplique para que exista equidad, pues los ministros tienen las capacidades intelectuales necesarias para buscar otro desenlace que busque reparación, sobre todo con las familias de Estación Central que nunca fueron escuchadas por sus autoridades locales.[/cita]

Ante tal desacato, los grupos ciudadanos de Estación Central denunciaron ese censurable comportamiento municipal en la Contraloría General de la República, y la fundación Defendamos la Ciudad se reunió tanto con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) como con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), para analizar cómo se iba a resolver la ilegal situación que ya estaba subiendo de tono por publicaciones en la prensa. Ni la una ni la otra se interesaron en involucrarse para encontrar una solución, ya que la ley respectiva dice que los edificios que se construyen con permisos ilegales se deben demoler. A todo esto, el Colegio de Arquitectos de Chile apoyaba a los inversionistas con el falaz argumento de que ellos actuaban de buena fe y que tendrían derechos adquiridos.

Pasó el tiempo y la Contraloría, en 8 dictámenes sucesivos –el primero n° 43367, de fecha 11 de diciembre de 2017, dirigido al alcalde Delgado, y los 7 restantes dirigidos a diferentes destinatarios, entre otros al mismo jefe comunal–, concluyó que los permisos no se debieron haber cursado, instruyendo al director de Obras en orden a que iniciara el procedimiento de invalidación de los mismos y paralizando las obras de aquellos que se estaban construyendo. A raíz del primer dictamen, algunas inmobiliarias le solicitaron a la Contraloría sendas reconsideraciones, las que nunca fueron acogidas y, por ello, interpusieron recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago y una de ellas fue al Tribunal Constitucional (TC), instancia que no aceptó sus particulares puntos de vista. Los perjudicados y tradicionales residentes de Estación Central y Defendamos la Ciudad denunciaron el hecho ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo que optó por desentenderse del problema.

A la luz de los dictámenes de la Contraloría, la fundación Defendamos la Ciudad solicitó al Estudio Jurídico Osorio Vargas que tomara la causa de los vecinos, en calidad de terceros coadyuvantes en los tribunales, lo que aceptó con singular buena onda, pues lo hizo con rigor profesional y absolutamente ad honorem. En las instancias judiciales, con sólidos argumentos, se rebatieron los razonamientos de las inmobiliarias.

Todas las reclamaciones llegaron a la Corte Suprema, cuya Tercera Sala, en forma unánime, el 26 de octubre de 2020 –rol Nº 39.587-2020– emitió un contundente fallo en contra de las pretensiones de la Asociación Nacional de Revisores Independientes A.G., Inmobiliaria Fortaleza Placilla SpA, Eurocorp Dos S.A., Inmobiliaria Nogales SpA, Inmobiliaria Ecuador Origen S.A, Inmobiliaria Ecuador S.A., Constructora Alonso de Córdova Limitada, Inmobilia S.A., además de otros diez revisores independientes, y Constructora Ingevec S.A., Euro Constructora SpA, Inmobiliaria Placilla SpA e Inmobiliaria Placilla 2017 S.A., quienes alegaban que la Contraloría carecía de atribuciones para inmiscuirse en estas materias.

Anteriormente, el 20 de octubre de 2020, la misma Sala del máximo tribunal, rol Nº 59.783-2020, procedió de igual manera con un permiso de edificación contrario a derecho otorgado por dicho DOM a la Inmobiliaria Dalmacia. Otras inmobiliarias llevaron sus reclamos ante el Tribunal Ambiental, órgano especializado que tampoco aceptó sus rogativas.

Los únicos concejales que siempre apoyaron en sus demandas a los vecinos fueron Felipe Muñoz (ex PS) y Felipe Zabala (PC), el resto de sus colegas siempre mantuvieron un sospechoso silencio, comportamiento que invita a sacar conclusiones ciertamente non sanctas. Vale la pena destacar que el 23 de octubre pasado el arquitecto Yves Besancon, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, que agrupa a la élite de esos profesionales, publicó en El Mercurio la carta “Permisos Anulados”, poniendo el grito en el cielo por los dictámenes de la Contraloría y por los fallos judiciales, afirmando con sentida pena que cientos de compradores perderán su patrimonio, aludiendo a los habitáculos de 20 y 25 m2, ya que las torres serán demolidas.

Parece que el arquitecto no sabe que el negocio de los inversionistas de esas torres es arrendar, aprovechando las numerosas franquicias tributarias que otorga la antigua figura de las «viviendas económicas DFL 2 de 1959» para esas unidades de alojamiento, una de las cuales y la más grotesca, es la exención total del pago de impuestos por las rentas mensuales que reciben sus dueños.

Dicho arquitecto concluyó en su carta que el único culpable en la materia descrita es el Estado, que cometió errores en el sistema normativo y que, por ello, tratándose de un hecho grave, las instituciones deben darle una salida legal (sic). A través de esta columna, aclaramos que Defendamos la Ciudad ya se adelantó en buscar una salida legal y, en tal sentido, recordamos que el 10 de diciembre de 2019 le entregamos en sus manos a Cristián Monckeberg, entonces flamante ministro de Vivienda y Urbanismo, una solución óptima y justa para todos, consistente en considerar que el 20% de los departamentos de cada edificio se le entregara con título de dominio a familias vulnerables, ojalá aquellas que viven hacinadas en campamentos, ello como contraprestación para no demoler y que cada inmobiliaria compense económicamente a los residentes tradicionales de Estación Central, quienes hasta ahora son los que están asumiendo los costos de la intervención impropia en sus barrios.

Ahora quien tiene la pelota es su sucesor, Felipe Ward, quien no debiera permitir un nuevo hecho de corrupción que aprovecharán algunos privados, apoyados por lobbistas y por las asociaciones gremiales empresariales de la construcción. Veremos si el nuevo ministro toma cartas en el asunto, quedando claro que los famosos guetos verticales nunca se debieron construir y debiéramos suponer que, con el amplio y categórico resultado del plebiscito, no habrá impunidad para los avispados inversionistas. En todo caso, precisamos que los directores de obras municipales, teniendo dependencia técnica del Seremi Minvu, son subordinados de los alcaldes, por lo tanto, Delgado no puede zafarse de esta descomposición municipal.

En este nuevo escenario político les compete a las más altas autoridades del Estado resolver la situación, ya que cuando se detectan trampas en el mercado debe haber sanciones para los culpables. Lo peor sería no hacer nada y permitir que la totalidad de las utilidades de estos negocios vayan solo a los bolsillos de los inversionistas. Si la clase política se niega a ejercer sus atribuciones para que la justicia opere, estaríamos ante un nuevo y millonario hecho ilegal consumado, de los miles que se han conocido en nuestro querido país.

Por ello, sería de toda lógica que los ministros Rodrigo Delgado y Felipe Ward revisen en su mérito la completa propuesta que Defendamos la Ciudad le hizo a Cristián Monckeberg y, si por estas cosas curiosas de la vida no la encuentran en los archivos del despacho ministerial de Vivienda, se la pueden pedir a este columnista, quien con el mayor gusto la enviará a ambas altas autoridades del Estado. Finalmente, no es necesario que sea la propuesta entregada al Minvu la que se aplique para que exista equidad, pues los ministros tienen las capacidades intelectuales necesarias para buscar otro desenlace que busque reparación, sobre todo con las familias de Estación Central que nunca fueron escuchadas por sus autoridades locales.