Democracia ambiental

Nuestro país da un salto civilizatorio de proporciones importantes. En tiempos donde el desafío que como especie humana nos confiere el cambio climático, la crisis mundial causada por la escasez de alimentos y la proliferación de virus zoonóticos, tomarse de manera seria el medio ambiente es fundamental.

Al ser aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, el Acuerdo de Escazú llega para garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia, así como también la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.

En 2020, más de 165 defensores ambientales (Global Witness) fueron asesinados en Latinoamérica. Que los “lanzadores de alerta” en materia medioambiental, como los activistas y defensores ambientales, tengan un estatuto especial de protección para no sufrir represalias por sus acciones es algo que, sin duda, debemos celebrar.

Para los escépticos: Escazú no afectará de manera alguna la inversión económica o la soberanía nacional, muy por el contrario, otorgará un marco de obligaciones estatales que reforzarán el rol de la ciudadanía en decisiones ambientales. Las multinacionales sin interés en el desarrollo local ya no podrán avanzar sin fiscalización alguna, como ha sido la tónica en varias oportunidades hasta ahora.

Veremos cómo Chile crece y cómo el turismo, la agricultura sustentable, la pesca de calidad, la producción de manufacturas locales, entre otras actividades, podrán ser el motor de nuestra tierra, como tanto hemos deseado. Con la votación, rectificamos uno de los más importantes instrumentos para conseguir una necesaria democracia ambiental.