Fiscales emplazan a Abbott y le piden fijar una política respecto a los presos del estallido social

Una nueva arista surgió en medio de la discusión del al proyecto que busca indultar a los presos del estallido social que se tramita en el Congreso y que ha sido levantada como bandera de lucha por parte de los constituyentes elegidos por la Lista del Pueblo y por candidatos presidenciales como Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA).

En conversación con El Mostrador en La Clave, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo señaló que «en esa discusión no nos metemos porque no nos compete ni corresponde meternos», pero puso el foco en que el Fiscal Nacional Jorge Abbott podría fijar una política para solucionar el tema de las prisiones preventivas extendidas, que afecta a unas 28 a 30 personas -según las estimaciones del Ministerio Público- y no a “cientos”, como señalan las organizaciones de apoyo a presos del estallido.

Consultado en la entrevista si para descomprimir la situación el Ministerio Público podría tomar medidas,  como evitar pedir la prolongación de la prisión preventiva y sustituirlo por otras cautelares, Bravo subrayó que “la Fiscalía es una organización jerarquizada, por lo tanto las definiciones de política de persecución penal y los criterios de actuación lo define el Fiscal Nacional (…) Él tiene todas las facultades”.

“Como es una institución jerarquizada, los fiscales tenemos que cumplir los criterios de actuación y definición de persecución penal que el Fiscal Nacional y los fiscales regionales determinen. Si ellos determinan que respecto de estos casos van a pedir modificación de las cautelares, de prisión preventiva a un arresto domiciliario nocturno, a nosotros no nos queda más que acatar (…) Esa es una definición de la jerarquía institucional”, sostuvo.

Al respecto, hay antecedentes concretos, como ocurrió hace una semanas con las nuevas instrucciones de Abbott sobre la aplicación del artículo 318 del Código Penal sobre delitos sanitarios, donde el Fiscal Nacional redefinió la política institucional tras los fallos de la Corte Suprema e instruyó que no es necesario pasar a control de detención a quienes sean sorprendidos infringiendo la cuarentena o toque de queda si no se acredita la generación de un riesgo contra la salud pública.

• • Revise la entrevista a Francisco Bravo en El Mostrador en La Clave acá.

“No miramos si la persona es de izquierda, derecha o de centro”

En cuanto al proyecto de indulto que se tramita en el Congreso, Bravo sostuvo que la posibilidad de un indulto es una visión «completamente política», y aclaró que “nosotros investigamos hechos, no miramos si la persona es de izquierda, derecha o de centro».

En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales consideró que «si hay medidas como la prisión preventiva, es que hay elementos de juicio suficientes y contundentes para mantenerlas” y «no porque haya un capricho». En tal sentido subrayó que «decir que en estas causas no existe un debido proceso no es una ofensa para los fiscales, es una ofensa para el sistema de justicia chileno».

«Los delitos no son políticos, sino que están contemplados en el Código Penal. Cuando investigamos no le colocamos apellido a los delitos eso hace el mundo político (…) nos regimos por los principios de legalidad. No nos endosen a nosotros una responsabilidad que no nos corresponde, esa es una cuestión que tiene que resolver la clase política», agregó.

A juicio del presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, “mi impresión es que uno puede compartir que hay ciertos casos en que las prisiones preventivas se han extendido más allá de lo deseable, pero es porque existen elementos de prueba para mantenerlos, no porque haya un sesgo. Hay razones jurídicas de peso para mantener esas prisiones preventivas».

Sin embargo, el experto reconoció que existe un retraso de dos años del sistema procesal penal, lo que se traduce en 20 mil audiencias atrasadas.

En ese sentido, explicó que esta medida cautelar «puede ser permanentemente revisada en el tiempo» tanto por fiscales como defensas, y recordó que hay diversos controles dentro del sistema de justicia para garantizar un debido proceso. «Si esa detención no se ajustó a derecho, ese juez puede decretar la ilegalidad de la detención», añadió.