El director de SQM y dueño de Ultramar cuestionó que la autoridad los multe por no informar como hecho esencial las rectificaciones por aportes políticos ilegales y no haga lo mismo con lo obrado por el grupo dueño de Copec, Celulosa Arauco y Copec Combustibles. Junto a Hernán Büchi, Von Appen ataca con dureza e ironía a la SVS. Ponce Lerou abiertamente lo desestima.
El empresario Wolf Von Appen, director de SQM y dueño del grupo Ultramar no se guardó epítetos para cuestionar la multa de UF 1.000 que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por no haber informado como hecho esencial la información que tuvo a la vista el director de la minera el 19 de marzo sobre los aportes ilegales que venía haciendo la compañía a la política.
En su reclamación ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, el abogado Felipe Vial Claro asegura que fue sancionado en función del entorno político que se vive a propósito de la investigación del Ministerio Público sobre las platas políticas que por años viene aportando SQM al margen de la ley a grupos políticos de oposición y Gobierno.
“La actitud insólita de la autoridad la entendemos por la fuerte presión que debe haber sentido por sancionar en una causa mirada con atención por diversos actores políticos”, afirma.
De grande a grande
Von Appen también pone otro tema sobre la mesa, hundiendo el dedo en la llaga de las autoridades al reclamar que, así como se les cuestiona a los directores de SQM el no haber informado de las rectificaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), también debería ocurrir lo mismo con otras compañías que han acudido al ente fiscalizador para rectificar platas políticas irregulares.
Para ello, cita información de Qué Pasa que revela que el grupo Angelini acudió al SII a rectificar $ 850 millones por Empresas Copec, Celuosa Arauco y Copec Combustibles.
La alusión de Von Appen no es trivial. El Ministerio Público está indagando el rol de José Tomás Guzmán, mano derecha de Roberto Angelini en el grupo y sindicado como hombre clave en la entrega de las platas políticas, dadas las millonarias rectificaciones del holding creado por el fallecido Anacleto Angelini.
Del grupo Angelini, al menos públicamente, la SVS no ha requerido información al respecto y tampoco lo ha sancionado por no haber informado de ello al mercado a través de un hecho esencial.
Mientras tanto, las causas judiciales avanzan en diligencias que podrían terminar en la revelación de las rectificaciones de distintas empresas que hicieron aportes irregulares a la política.
De hecho, en el marco de la querella del accionista minoritario Oscar Gajardo –representado por Bárbara Salinas, Jaime del Campo y Clemente y Gianfranco Guggiana– contra diez empresas por apropiación indebida, el Ministerio Público ya pidió al Servel que se revelen los aportes reservados. Pero, adicionalmente, Gajardo solicitó a la Fiscalía que oficie al SII para que informe de las rectificaciones de las empresas para, en función de eso, determinar eventuales perjuicios a minoritarios.
Si el servicio acoge la solicitud, podría abrirse una caja de Pandora sobre el financiamiento irregular de las grandes empresas locales y, de paso, la SVS se vería enfrentada al emplazamiento público por no medir con la misma vara la falta de información al mercado, tal como lo ha hecho con SQM.
Justamente, entre las empresas denunciadas por Gajardo, aparecen Antarchile y Copec de Angelini. También figuran Cencosud, SQM, Quiñenco, Falabella, Enersis, Endesa, Latam, Copec y Banco de Chile, aunque no se sabe si todas ya rectificaron ante el SII.
En el caso de Endesa-Enersis ya fueron reveladas por la propia compañía las rectificaciones y hasta ahora no se conoce de cargos ni sanciones de la SVS.
Carlos Pavez, titular de la SVS, ha explicado que los casos se ven uno a uno. Esto, porque la sanción a los directores de SQM apunta a que tuvieron el 19 de marzo la información de las rectificaciones y no las entregaron al público de inmediato.
Un “resfrío común”
En su reclamación, Von Appen no se guarda comentarios contra la entidad que dirige Pavez, al tiempo que lo acusa de no tener coraje para tomar sus decisiones, reconociendo además que la multa que le aplicaron es exigua.
“Sin duda, la SVS habrá pensado que la imposición de una multa baja aplacaría las presiones políticas y a la opinión pública y habrá pensado que ella haría justicia a la absoluta falta de mérito de los cargos formulados. Una solución de esa naturaleza es inaceptable y, a nuestro juicio, lo decimos con todo respeto, a la SVS le faltó coraje para simplemente absolver a los imputados de toda responsabilidad al respecto”, sostuvo.
Incluso, asegura que la SVS no ha actuado en forma objetiva y que de “la sola lectura del fallo impugnado basta para determinar que la SVS, lejos de actuar con este criterio de objetividad, ha buscado por todos los medios justificar una condena”. En esta línea, afirma que la referida entidad no solo no analizó la prueba rendida ni las disposiciones legales aplicables, sino que se ha dedicado a “refutar la prueba rendida, una actitud más de contraparte que de sentenciador”.
Von Appen afirma al cierre que no tuvo participación en ninguno de los “gravísimos hechos” detectados al interior de la minera, que, al contrario, ha tomado medidas para sancionar a los responsables y cuidar los intereses. “Un hecho reconocido por toda la comunidad empresarial e incluso por los accionistas minoritarios de SQM”, señaló.
De paso, les envía un mensaje a Alejandro Montero, José María Eyzaguirre y Wayne Brownlee, los directores que representan a Potash Corp, el segundo accionista de SQM con el 32% de las acciones, por haber dejado la mesa.
“(…) No podemos aceptar que por presiones políticas o de cualquier otra naturaleza se condene injustamente a un director que es reconocido por su seriedad, que ha cumplido del todo con su deber y que, además, a diferencia de otros, se ha quedado en el cargo para cuidar los intereses de una compañía que habría quedado a la deriva de no ser porque decidió responsablemente permanecer en sus funciones para disponer las medidas del caso y cuidar escrupulosamente su aplicación”, afirma.
Büchi y Ponce
Hernán Büchi en tanto, reclamó ante el Tercer Juzgado Civil de la capital, representado por el abogado Ramón Cifuentes. En un extenso escrito, el ingeniero civil de minas abre ironizando con la resolución sancionatoria de la autoridad y la califica como “frondosa”, para luego expresar que todo ello sobra, pues lo concreto es que acusa a Büchi y sus colegas de mesa de no haber enviado como hecho esencial la información que recibió el directorio de SQM el 19 de marzo pasado, donde se develaban extraoficialmente los US$ 11 millones que había entregado a políticos en forma irregular.
Büchi afirma que “divulgar al mercado estimaciones preliminares, en esas precarias condiciones, era gravemente irresponsable como imprudente y como tal, dañina al mercado”.
Büchi se queja de que la SVS, al formular cargos, no dejó claros los motivos por los que calificaba como esencial la información que se reprochaba no haber difundido. Y que ahora, al darse cuenta la SVS de que la información no es relevante por lo preliminar de la misma y la poca cuantía, aduce que no por ello deja de ser relevante.
“Dicho proceder resulta expresivo de la voluntad predeterminada y del todo prescindente de las defensas esgrimidas y la prueba rendida, en orden a mantener a toda costa como provisto de sustento, un cargo que nunca debió ser formulado y que no se concilia con un análisis objetivo y desprejuiciado de los antecedentes quedando la resolución en un mero afán sancionatorio, con independencia de la carencia de argumentos para sustentar la acusación, lo que explica su tono vehemente, propio de la refutación del contradictor y no de la mesura del juzgador”, recalca.
Büchi pone tintes políticos a su reclamación al abordar una arista de su defensa, respecto de que no necesariamente es buena la entrega de información en exceso, como entiende que interpreta la SVS. Y lo hace aludiendo al senador PPD, Guido Girardi. De paso, compara irónicamente los US$ 11 millones rectificados ante el SII con un resfrío común.
“Si la autoridad sanitaria de un hospital –como de hecho sucedió– dice que llegó a Chile un infectado de ébola sin corroborar médicamente y sin perjuicio de aislar al paciente, causa pavor y alarma, en circunstancias que, luego, los exámenes arrojan malaria. Algo semejante sucedió con los cientos de miles de muertos que habría por la gripe aviar en pocos años, como aseveró un senador en Chile, médico de profesión. Ello dejar en claro que las estimaciones preliminares son eso y no pueden ser simplemente divulgadas, máxime si en el hecho, por su importancia, como en el caso de marras, no pasan de un resfrío común”.
La acidez de sus comentarios queda graficada en un segundo ejemplo. “Ejemplos sobran: dos militares de un país limítrofe se extravían y son localizados en territorio chileno portando pistolas y metralletas. ¿Habría que informar invasión preliminar?”, ironiza.
A través de su abogado Pedro Águila, Julio Ponce insistió en algunas líneas argumentales que ya había planteado a la SVS en sus descargos. Insistió en los conceptos de “veraz”, “suficiente” y “oportuna” en relación con el estándar de información que se debe cumplir para emitir hechos esenciales, pues –a su juicio– los US$11 millones en rectificaciones que enfrentaba la minera no se comunicaron a tiempo porque se trataba de información preliminar, sujeta a verificaciones.
Además, reiteró que la información en cuestión no es de importancia para las decisiones de inversión de una “persona juiciosa”, considerando la magnitud del capital en cuestión equivale al 0,15% de los costos anuales de la minera. Esto, a pesar de que la SVS en su resolución calificó la importancia de la información sobre la base de un análisis cualitativo, no cuantitativo.
Y enfatizó que la SVS contravino el principio de confianza legítima que rigen a los órganos de administración del Estado. Esto, entre otros argumentos de los cuales la SVS ya se había hecho cargo en su resolución conocida a principios de mes.
