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Cárceles en Chile: una problemática de derechos humanos

por 10 febrero 2016

Las cárceles chilenas se están transformando en noticia cada vez con mayor frecuencia, debido a hechos lamentables relacionados con las condiciones en que miles de personas cumplen sus respectivas condenas. La Corte de Apelaciones de Santiago acaba de informar acerca de la realidad inhumana que enfrentan los internos del Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, al igual que otros 12 centros de reclusión. Sobre la situación de hacinamiento, dicha entidad señala que: “Llega a estar reñida con lo más elementales estándares que exige la dignidad humana. La cantidad de internos que duermen casi apilados, unos sobre otros, en reducidos espacios, con nula ventilación y luz natural, en condiciones insalubres, con presencia de chinches y otros parásitos...”.

Nuestro ordenamiento jurídico sostiene que, para las personas que están recluidas, “fuera de los derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres”. No obstante, esto se incumple diariamente evidenciando una serie de vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estas han sido constatadas en diversos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), poniendo énfasis en el hacinamiento y las denuncias de tortura.

En la “Encuesta Nacional de Percepción de Calidad de Vida Penitenciaria”, realizada por Gendarmería a personas privadas de libertad de 75 unidades penitenciarias del país durante el año 2013, “el trato a los internos” aparece como uno de los aspectos urgentes de cambiar con un 42,4%. Este punto se relaciona directamente con lo denunciado, respecto de maltrato psicológico y físico de parte de los funcionarios de custodia hacia los internos, con un 43% y 35%, respectivamente. En consecuencia, el INDH denunciaba ya el 2014, en el estudio sobre la situación carcelaria de Chile, el uso de la violencia y la discrecionalidad como prácticas arraigadas de la cultura institucional.

El Estado no ha jugado un rol relevante en la revisión sobre las condiciones de vida de los internos dentro de las cárceles concesionadas, vulnerando los derechos de las personas que han estado privadas de libertad dentro de estos recintos.

Cuando se iniciaron las cárceles concesionadas, siendo el primer caso el CDP Santiago Uno en la Región Metropolitana, el 2007, se pretendía mejorar las condiciones mínimas de reclusión –higiene, alimentación, hacinamiento, entre otras– para poder generar las condiciones efectivas para la rehabilitación y reinserción, disminuyendo así el alto costo de las cárceles estatales y bajando los altos índices de reincidencia. Sin embargo, el Estado no ha jugado un rol relevante en la revisión sobre las condiciones de vida de los internos dentro de las cárceles concesionadas, vulnerando los derechos de las personas que han estado privadas de libertad dentro de estos recintos.

Las políticas en este ámbito necesitan dar respuestas a la complejidad de las causas de quienes cometen delitos y entender que el sistema penal y penitenciario son herramientas asociadas a la reinserción social. Es urgente contar con un plan anual de trabajo que sea encabezado por la recién creada Subsecretaría de Derechos Humanos, de modo de velar por el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que se suscriben en tratados internacionales y que deben ser garantizados por el Estado.

Es perentorio también revisar la legislación relacionada con las personas privadas de libertad. En este sentido, proponemos la creación de una Ley de Ejecución Penal, conforme a los estándares internacionales en la materia, que permita el cumplimiento efectivo del principio de legalidad y termine con la inconstitucionalidad del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, sistematizando las normas nacionales aplicables en materia penitenciaria en un solo cuerpo normativo. Así terminaríamos con la gran dispersión normativa existente en la actualidad y podríamos favorecer de manera efectiva la reinserción social en los recintos penitenciarios y postpenitenciaría.

Es el momento de llevar adelante una agenda completa que reúna a los tres poderes del Estado, para que en su conjunto se erradique la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles chilenas.

Debemos entender que los derechos humanos cuentan para todos y todas. Es deber del Estado hacerse cargo de algo que históricamente se ha omitido, que para muchos es electoralmente impopular, pero que es parte de la responsabilidad que el Estado y nuestra sociedad tienen con todos y cada uno de los chilenos, incluso aquellos que se encuentran privados de libertad por cualquier causa o razón.

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