PAÍS
En medio de todo el despliegue del diseño gubernamental para aunar criterios ante la inminente sentencia sobre la demanda marítima de Bolivia, hay un tema que rondó en los últimos días, en la trastienda de La Moneda y el Congreso, como una posible respuesta oficial de Chile ante un resultado adverso: la automarginación del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Una opción que habría sido barajada por el Presidente Piñera, a fin de contrarrestar el despliegue comunicacional de su par altiplánico, Evo Morales, pero también como posible carta a jugar para dar un golpe de efecto al nacionalismo que impera en esos días. Una fórmula que genera rechazo, no por nada ayer el Mandatario se comprometió a no usarla.
Y la historia debería llegar a su fin. Tras cinco años, finalmente la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) entregará, este lunes 1 de octubre, su fallo sobre la demanda marítima de Bolivia contra Chile, para forzar una negociación que le permita una salida soberana al mar. Han pasado tres períodos presidenciales y dos Mandatarios, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, que han convivido con la permanente presión mediática y política que ejerce su par altiplánico, Evo Morales.
El diseño de La Moneda para enfrentar este episodio final ya se desplegó completamente y considera el paso estratégico de Presidente Piñera por la fronteriza ciudad de Arica como parte de la escala que realizará, el día sábado 29, en su vuelta de la visita a Estados Unidos para participar en 73ª Asamblea General de la ONU. En todo caso, el lunes 1, tanto el Mandatario como el Gobierno en pleno seguirán el fallo desde Palacio, instancia a la que además fueron invitados los presidentes del Senado, Carlos Montes, y de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, mientras que los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras se reunirán en la sede del Congreso en Santiago, en el Salón de Los Presidentes.
El objetivo es claro: dar señal de unidad transversal tras un tema de Estado, más allá de las diferencias partidarias y de las propias entre oficialismo y oposición, y poner el foco en un solo discurso público. Un formato que no es nuevo, que ha sido la tónica que se aplicó a lo largo de los tres juicios que nuestro país ha enfrentado ante la Corte de La Haya: el diferendo con Perú, la demanda marítima con Bolivia que ahora llega a su fin y el reciente reclamo del país altiplánico por el Río Silala.
Ayer se cumplió con el ritual de rigor, el Presidente se reunió en La Moneda con sus antecesores, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, para un encuentro de trabajo sobre el tema y, luego, fue el turno de Montes, Fernández, los timoneles de todos los partidos con representación parlamentaria y los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores.
Pero en todo este diseño y despliegue, hay un tema que rondó los últimos días en la trastienda de La Moneda y el Congreso como una posible respuesta oficial de Chile ante un fallo adverso de La Haya. Aunque no se ha querido admitir públicamente, fuentes al interior de la administración piñerista aseguraron que la opción de salirse del Pacto de Bogotá –Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948– fue una alternativa que el Presidente Piñera efectivamente consideró como opción ante un escenario adverso el lunes.
[cita tipo=»destaque»]No solo eso, en los últimos días –afirmaron fuentes expertas en el tema internacional– se le habría explicitado a La Moneda el error de avanzar por ese camino, ya que dejaría a Chile respondiendo con «un berrinche» al retirarse del Pacto de Bogotá, que lo instalaría a nivel regional como «un mal perdedor» y se enviaría una señal equívoca a la comunidad internacional, en cuanto a que nuestro país no confía en arreglar los problemas internacionales por las vías pacíficas.[/cita]
Una carta pensada como un golpe de efecto, explicaron, para contrarrestar el permanente y efectivo gallito comunicacional que hace Evo Morales a favor de su demanda marítima, terreno en el que Chile generalmente sale perdiendo, pero que además cumple el objetivo –agregaron fuentes consultadas– de dar una fuerte señal de nacionalismo a la opinión pública, lo que siempre rinde frutos electorales a todos los gobiernos, cualquiera sea su color político.
El tema se ha planteado más de una vez, como sucedió en el año 2014 con el fallo sobre el diferendo sobre Perú, pero no prosperó y no pasó de una idea conversada en diversas reuniones políticas y gubernamentales. Hoy, vuelve a barajarse y algunos han hecho el punto públicamente, como el diputado Marcelo Díaz (PS), quien ayer dijo –a través de su cuenta de Twitter– que “A días del fallo de La haya y más allá de los matices, lo importante es mantener una posición de Estado en esta materia. Con todo, creo que es legítimo el debate sobre la permanencia de Chile en el pacto de Bogotá. En mi opinión, debiésemos denunciar dicho tratado (salirnos)” (sic).
Línea similar a la mostrada días antes por el ex comandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, quien –también a través de Twitter– indicó que “Sea cual sea el fallo de La Haya, Bolivia x mandato constitucional nunca renunciará a la salida al mar con soberanía// Entonces, mis queridos hermanos Bolivianos, solo nos dejan 2 caminos: 1) Renunciar al Tratado de Bogotá, por la razón. 2) O Aplicar la Fuerza. ¡¡¡Ustedes decidan!!” (sic).
Declaraciones que no cayeron bien en Palacio, no solo porque revuelven las aguas, sino también porque –añadieron fuentes allegadas al Gobierno– no se quería que la opción de marginarse del Pacto de Bogotá «se manoseara» públicamente en la antesala del fallo, para no restarle impacto si es que el Presidente Piñera finalmente resolvía jugarse esa carta.
En los círculos vinculados largamente a los temas internacionales se comentó, durante estos días, que el Mandatario efectivamente ha barajado la fórmula, lo que ha generado resistencia considerable en diversos sectores políticos. No por nada ayer, en la reunión con parlamentarios y dirigentes políticos en La Moneda, Piñera “se comprometió” ante ellos a no recurrir a esta opción la próxima semana.
El compromiso del Mandatario, según revelaron algunos asistentes a la cita, se produjo debido a que hubo señales claras desde la oposición respecto a que, si La Moneda optaba por esa estrategia, no iban a contar con ellos para la necesaria «foto de la unidad nacional» que se dará el lunes. Agregaron que “esto fue advertido hace dos semanas al propio canciller Roberto Ampuero”, mientras que fuentes de Palacio reconocieron que el Jefe de Estado “no tenía piso” para tamaña decisión, “más aún si se llevaba a cabo de manera inconsulta”.
No solo eso, en los últimos días –afirmaron fuentes expertas en el tema internacional– se le habría explicitado a La Moneda el error de avanzar por ese camino, ya que dejaría a Chile respondiendo con «un berrinche» al retirarse del Pacto de Bogotá, que lo instalaría a nivel regional como «un mal perdedor» y se enviaría una señal equívoca a la comunidad internacional, en cuanto a que nuestro país no confía en arreglar los problemas internacionales por las vías pacíficas.
En la ronda de reuniones de ayer se definió un estándar de medición para evaluar el fallo de la CIJ y sus detalles. Algunos asistentes explicaron que, la posibilidad de Chile para hablar de triunfo, pasa por lo que suceda con la solicitud primaria de Bolivia sobre la intención de obligar al país a sentarse a negociar una salida al mar.
Altas fuentes de Gobierno afirmaron en reserva que lo más probable es que la Corte de La Haya se jugará por poner el acento en el fallo a la importancia del entendimiento entre los países, instar precisamente a eso, intentar sentar a ambas partes a conversar y negociar, sin obligar a ceder soberanía.
De cumplirse ese pronóstico, en la sede del Ejecutivo hay quienes apuntan a que, si bien no implicaría una derrota, sí es un escenario difícil de explicar para el Gobierno y lograr que masivamente sea comprendido en su justa dimensión en el país, más aún cuando el presidente Morales –advirtieron– se jugará el todo por el todo, a nivel comunicacional, para hacer ver cualquier resultado como un triunfo.
El Pacto de Bogotá fue firmado en 1948. Actualmente hay 14 estados miembros. Su objetivo es establecer la obligación general de los países miembros a resolver sus conflictos a través de medios pacíficos y, por ende, agotar todos los mecanismos regionales de solución de problemas antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dichos mecanismos son los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el arbitraje y el procedimiento judicial.
Estados Unidos y Argentina no pertenecen al pacto y una de las últimas marginaciones relevantes fue la de Colombia, que optó –en noviembre de 2012– por retirarse, como gesto de rechazo al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en su litigio con Nicaragua, en el que se definieron nuevos límites marítimos.
Este pacto firmado por Chile es el que le confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver ante una demanda. Y no es el único, ya que el Tratado Antártico –suscrito en 1959 y en el que participan los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América– también le reconoce dicha potestad al tribunal de La Haya.
Dicho tratado reconoce que es de interés de toda la humanidad que la Antártica continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia nacional. En su artículo XI señala: “En caso de surgir una controversia entre dos o más de las Partes Contratantes, concerniente a la interpretación o a la aplicación del presente Tratado, dichas Partes Contratantes se consultarán entre sí con el propósito de resolver la controversia por negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, decisión judicial u otros medios pacíficos, a su elección. Toda controversia de esa naturaleza, no resuelta por tales medios, será referida a la Corte Internacional de Justicia, con el consentimiento, en cada caso, de todas las partes en controversia, para su resolución».
Por eso, destacaron, no es un tema baladí plantear la salida de Chile de tratados que establecen y garantizan normas pacíficas de convivencia a nivel internacional.
