Los diputados UDI, Cristián Letelier y Javier Hernández, señalaron estar muy satisfechos con la postura adoptada por el Gobierno, en torno a corregir la interpretación de la normativa que permite a empresas sanitarias comercializar con las aguas servidas tratadas.
Letelier, quien el pasado 19 de mayo solicitó a la Contraloría General de la República revisar la legitimidad de esta comercialización, valoró la intención del Gobierno por dar solución a un problema que «afecta profundamente al mundo del agro nacional».
En la misma línea, Javier Hernández señaló que «el sector agrícola durante muchos años tuvo que ver con impotencia cómo las sanitarias incurrían en estos hechos que hoy por fin aclaramos. Ahora, tanto parlamentarios como Ejecutivo, hemos tomado el peso del asunto y manifestado una intención concreta por solucionarlo a la brevedad».
Ambos legisladores precisaron que «quedará establecido que la Superintendencia de Servicios Sanitarios no tiene competencia para pronunciarse sobre si las empresas sanitarias tienen el dominio de las aguas servidas que depuran, de forma de corregir la actual lectura de la ley».
El diputado Javier Hernández afirmó finalmente que «las aguas son un bien nacional de uso público que es dominio de la nación, y aunque hablemos de aguas servidas, no se puede ser dueño de éstas».
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