La candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei (UDI), presentó cinco ejes para combatir la delincuencia y el narcotráfico, en el Consejo Consultivo de la Fundación Paz Ciudadana, con un fuerte énfasis en la prevención pero con «una mano firme», para quienes cometan delitos.
Durante su presentación, la abanderada oficialista señaló que en materia de prevención se trabajará en los colegios y liceos de Chile «implementando Programas de Prevención de la Violencia Escolar y programas preventivos de consumo de drogas».
«En materia de rehabilitación, desarrollaremos un programa de tratamiento de alta complejidad para adolescentes, y que para el año 2018 se pueda ayudar a 12.600 jóvenes vulnerables que sufren de consumo problemático de drogas y alcohol», agregó.
Punto seguido, declaró que en materia de modernización de las policías, «queremos 6 mil nuevos carabineros en las calles, con más atribuciones. Aumentaremos las facultades para practicar de inmediato las primeras diligencias de la investigación de un delito. Construiremos 50 nuevas comisarías o retenes y 50 cuarteles de Policía de Investigaciones, en zonas geográficas sugeridas por los alcaldes y concejales de las 100 comunas con mayor índice delictual, luego de consultarlas con los respectivos vecinos».
Además, explicó que es necesario preocuparse por la lucha contra el narcotráfico, puntualizando que durante su eventual gobierno «se aumentará el control -a través de herramientas tecnológicas y más recursos humanos- para disminuir la internación de drogas a través de las fronteras, terrestres, marítimas y aéreas, de modo de dificultar su transporte».
«Se creará un registro de narcotraficantes con decretos de expulsión y su disponibilidad para los agentes de control», señaló.
Además, entregó sus propuestas en torno al Poder Judicial, expresando que «cuando uno ve que una persona ha sido detenida 39 veces y aún no queda detenido, la gente se indigna y no protegemos a la víctima real. Aumentaremos las facultades de los jueces para dejar en prisión preventiva al imputado de un delito grave».
«Instauraremos un observatorio judicial, que va a ser un registro público sobre los jueces que existen, en qué tribunales trabajan, qué tipo de causas fallan, a quiénes dejan libres. Este observatorio deberá ser un ente independiente del gobierno de turno, pero financiado con dineros públicos. Estará monitoreado por abogados, sociólogos e ingenieros, de tal manera que sean públicos, para la ciudadanía y para la prensa, los criterios que usa cada juez», señaló.
Reiteró además que para los reincidentes, no va a haber libertad bajo fianza, según sus propuestas.
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