La defensa del imputado insistió reiteradamente en que la administradora de fondos sospechaba con meses de antelación el fraude, un relato crucial para salvar a Peña de la autoría de los hechos que se le imputan. Los querellantes descartaron en absoluto cualquier participación de otros actores, tanto es así que dijeron que la SVS no ha iniciado ningún procedimiento contra la AGF. Gajardo celebró que el tribunal acogiera la prisión preventiva, pero no descarta que haya nuevos involucrados.
Ayer terminó un capítulo más del caso Aurus, con Mauricio Peña en prisión preventiva. El tribunal lo consideró un peligro para la sociedad, acogiendo la solicitud que había efectuado el Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Gajardo, quien requirió dicha medida atendiendo al número y carácter de delitos que se le imputan, los cuales no solo pondrían en riesgo el patrimonio de las personas que administraba, sino el orden público económico, al tratarse de una sociedad regulada como una AGF.
Su defensa, en manos del bufete comandado por Miguel Chaves, apelará dentro de los próximos cinco días la resolución del tribunal. Tiene plazo hasta el martes. No solo porque, en palabras del abogado Alejandro Awad, su cliente ha sido “un imputado ejemplar”, en virtud de su colaboración con el proceso, sino también porque –a su juicio– el rol de Peña solamente es una parte pequeña de un relato mayor, en el cual él vendría siendo un “chivo expiatorio” de la AGF, algo que desecha totalmente la parte querellante.
Juan Domingo Acosta, abogado de Aurus, celebró el fallo. “Es una decisión que creemos que era la que correspondía tocar. La defensa planteó todos sus argumentos y uno a uno fueron desestimados”, y tras cartón aseveró que todas las sospechas a las que apunta la defensa de Aurus son fantasía.
Como sea, ninguna de las partes estará del todo tranquila de acá a los próximos seis meses, plazo que pidió Gajardo para seguir con la investigación. Sobre todo la defensa de Peña, que insiste férreamente en la negligencia total de la AGF.
Una de las grandes revelaciones que la defensa de Peña dejó ver en la audiencia de los dos últimos días, fue el juicio que se armó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) respecto de Aurus. “La administración se ha llevado de manera manifiestamente negligente en los términos del artículo 19 de la Ley Única de Fondos”, dijo la SVS en un oficio enviado a Gajardo y que ayer recogió la prensa.
Dicho factor les sirve a los abogados de Peña para desacreditar que este sea autor directo e incluso mediato de los delitos que se le imputan, en particular el 59, letra (a, de la Ley de Valores. Su defensa sostiene que las sospechan datan desde abril de este año y, sin embargo, la AGF no informó vía hecho reservado la existencia de irregularidades a la SVS, sino que durante ese tiempo, hasta principios de octubre, armó un caso perfectamente cerrado.
Para ello presentaron una serie de antecedentes que supuestamente demostrarían que Aurus supo con tiempo las actuaciones de su ex socio y gerente de inversiones. Sin embargo, más allá de esos documentos, para Chaves y compañía es clave el hecho de que la AGF nunca se haya querellado por infracción a la Ley de Valores, en particular dicho artículo 59, letra (a, que sanciona a “los que maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la Superintendencia, a una bolsa de valores o al público en general, para los efectos de lo dispuesto en esta ley”.
Dicho delito lo puso sobre la mesa el fiscal Gajardo y la querellante Aurus no se ha subido a ese carro, sino que ha planteado otros ilícitos, como los de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumento privado.
Para la defensa, lo anterior es clave y justifica por qué Aurus habría conocido el asunto desde antes sin haberlo informado al mercado. Las infracciones a la Ley de Valores caen como “cajón” a las actuaciones que se le imputan a Peña, sin embargo, a través de ese delito, la misma AGF podría “exponerse”. En ese sentido, cuestionaron en la audiencia por qué documentos como los estados financieros o los fact sheets, no lleven firmas de nadie, ni de Peña ni el resto de los socios de la AGF, lo que se justificaría por este afán de protegerse.
“Los Aurus han pretendido que este es un caso extremadamente sofisticado, donde el engaño se produjo de forma tan profesional que fue imposible detenerlo (…). Estaban ante una mente criminal que era imposible de detectar o sorprender”, aseveró Awad, abogado de Peña, añadiendo, empero, que las “negligencias en que incurrió la empresa son gravísimas”.
Además del mencionado oficio de la SVS, Awad acompañó otros antecedentes, como la declaración de Ximena Hernández, asesora de riesgo del directorio de Aurus, quien afirmó a la PDI que su misión fue construir una nueva matriz de riesgo, ya que la de antes era muy básica. “Nunca encontré un procedimiento escrito formal, solo un contrato con Compass”, refirió Hernández.
Otros antecedentes provienen de Compass, firma en la cual se tercerizaron servicios de back office. La querella sostiene que las dudas acerca de las sobrevaloraciones de los instrumentos de Aurus partieron en julio, pero en abril María Bahamón, ejecutiva de Compass, le escribió a Katherine Ramírez, de Aurus, sobre la existencia de cambios de precios y problemas en las custodias, considerando que había instrumentos inexistentes.
Con todo lo anterior, su defensa apunta a que no es posible condenar a Peña, no solo como un autor directo de los hechos, sino tampoco bajo la figura de la autoría mediata, toda vez que el resto de la compañía ya tenía sospechas de sus actuaciones y, sin embargo, lo escondieron hasta principios de octubre.
Esto se aplica principalmente para el ya citado artículo 59, letra (a, de la Ley de Valores, pero también podría ser obstáculo para el resto de los hechos que se le imputan, aunque en menor medida respecto de los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado.
Para Gajardo dicho relato no pasó inadvertido, aunque puso paños fríos. “Si acaso actuó solo o concertado es indiferente. Las dudas de la defensa si acaso había más personas que sabían, desde abril o septiembre, es indiferente para la situación de Mauricio Peña, más allá de que haya o no más personas sentadas en la mesa”, dijo en la audiencia.
Juan Domingo Acosta no tardó en rechazar lo expuesto por los abogados de Peña.
En la misma audiencia recogió el oficio en el cual la SVS se refería a los controles de Aurus como negligentes, pero añadió otro documento emitido por el regulador, en el cual este descartaba iniciar un procedimiento sancionatorio.
En dicho documento, la SVS estableció que no resulta necesario en este momento abrir un proceso, toda vez que la administradora ya había adoptado los acuerdos que permitieran velar por el adecuado interés de los fondos que administraba. Con ello, Acosta apuntó a que la autoridad reguladora no tenía mayores sospechas sobre la AGF, como sí la defensa de Peña.
Luego, haciéndose cargo de los antecedentes que datan de abril y que podrían haber hecho germinar dudas sobre las actuaciones de Peña, el abogado afirmó que existe un contacto permanente con Compass y las sociedades que hacen los estados financieros. En este caso, “se preguntó por un valor que no existiría en la cartera. Existía el valor pero se había nominalizado con un error. Hubo un guarismo que produjo la equivocación, no es que no existiera”, aclaró, sobre la base de un antecedente que –según la defensa de Peña– no existía en la carpeta, lo cual gatilló su protesta: “¡Está ocupando conocimiento privado de su cliente!”, reclamó Awad.
Acosta siguió: “¿Había antecedentes para hacer un hecho reservado? Ninguno, esto fue un proceso, algo que se fue descubriendo”.
Luego se hizo de un tiempo para aclarar este mismo punto con la prensa, desestimando cualquier sospecha sobre Aurus. “Eso no es efectivo. Correos para verificar documentos e inversiones siempre las ha habido, aquí el hecho se develó y se fue descubriendo de a poco. Peña siempre tenía un documento falso para justificarse, hasta cuando ya no hubo más alternativa, a fines de septiembre, de que eran documentos falsos”.
“Hubo un proceso que se inició por la SVS que puede conducir, si se prueba que hay negligencia, a la autorización de cancelación de existencia de la AGF. Pero en la misma evidencia había otro oficio de 20 días después que decía que no ‘seguiremos ese procedimiento, lo archivamos’. No es efectivo que esté vigente, como se dijo en la audiencia”.
-¿Entonces hoy no hay una investigación de la SVS?
-No existe respecto del artículo 19 de la LUF. Evidentemente hay interacción con ellos, porque es un tema delicado como para que la autoridad esté pendiente. Está sin ninguna sanción impuesta, está archivado.
-¿Pero solo respecto del artículo 19?
-Es el único procedimiento del que tengo conocimiento al menos.
-Pero usted está informado de todo.
-Estoy informado de lo que está a mi cargo. Me preocupé de esto porque lo sacó a colación el defensor, de una manera inadecuada.
-Gajardo no descarta que haya nuevos involucrados.
-Nunca se puede descartar una causa finalmente. Es una investigación que está en su transcurso, lleva un mes y tanto.
¿Y usted la descarta?
-He revisado minuciosamente los hechos, todos los antecedentes que tengo a mi disposición, y no tengo ninguno como para pensar que haya alguien involucrado en esto. Al contrario, me parece, de los antecedentes, que Peña se valió de terceros no dolosos, o sea, personas que ignoraban su proceder, para efectos de efectuar maniobras. Gente de Compass, de las auditoras y de Aurus, a todos los utilizó como instrumentos no dolosos, personas que no sabían que estaban cometiendo un delito. No hay un elemento de prueba en la causa como para entender que hay más personas involucradas. Después de las declaraciones de Peña, que para mí no son verídicas, el día martes –un día antes de iniciarse la audiencia– declaró el señor Raimundo Cerda como testigo. Eso lo dice todo.
