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Presentan primera querella por estafa contra ejecutivos y directivos de Financoop

por 8 enero, 2018

Presentan primera querella por estafa contra ejecutivos y directivos de Financoop
La acción es ingresada esta mañana por un grupo de depositantes representados por el abogado Tomás Fabres y está dirigida contra gran parte de los consejeros actuales y anteriores de la cooperativa, incluyendo un grupo de ejecutivos, entre ellos el ex gerente general Patricio Riquelme y su sucesora Nelda Córdova. La acción acusa un ardid de al menos seis años de la firma para ocultar su situación financiera y continuar captando depósitos de clientes sin que conocieran la realidad de la firma.

Esta mañana se presentó la primera querella penal por el caso Financoop. La acción representa a un grupo de depositantes de la cooperativa y la lideran los abogados Tomás Fabres y Paula Bugueño, en una acción que por primera vez pide investigar a la cúpula directiva y ejecutiva de la empresa ligada a una serie de ex ejecutivos y directivos de la cooperativa, varios de ellos con fuentes vínculos con partidos de gobierno, en especial la Democracia Cristiana (DC).

La querella –la acción penal más decidida hasta ahora pues se conoce de una denuncia penal que hizo el ministerio de Economía, organismo que declinó querellarse con recomendación del Consejo de Defensa del Estado (CDE)- pretende que se investiguen las irregularidades ocurridas en la empresa en al menos los últimos seis años, incluyendo la manipulación de las cifras de provisiones de créditos para evitar presentar pérdidas en los resultados finales.

Entre los querellados figuran Daniel Albarrán presidente del Consejo de Administración de Financoop, Ernesto Livacic, vicepresidente, Carlos Mladinic, segundo vicepresidente, y los consejeros Richard Muñoz, Sergio Fernandez Aguayo, Juan Carlos Accorsi, Hugo Trivelli (también consejero en la SGR Confianza denuncia en tribunales por Corfo), y los ex consejeros Juan Edmundo Pulido, Andrés Joannon y Ana Debora Zeltzer, Domingo Ortega, Rodrigo Hurtado Menéndez, Javier Barriga, Roberto Barraza y José Ernesto Ruiz. Además, figuran el ex gerente general Patricio Riquelme, la actual en dicho cargo Nelda Córdova.

La acción penal apunta a todos los nombres anteriores y contra “todos los que resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de estafa que hemos sido víctimas, y sin perjuicio de los demás delitos que el curso de la investigación permita esclarecer”. Con esto se activa la primera indagatoria penal al caso mientras, en paralelo el gobierno, a través del ministerio de Economía, cierra un acuerdo con la cooperativa para evitar su disolución, lograr su reorganización y mantenerla a flote.

La presentación acusa a la cooperativa de que “ha venido incurriendo, al menos durante los últimos seis años, en incumplimientos de normativas sistemáticos que atañen a la esencia de los servicios de intermediación financiera que presta, jugando con la fe pública, en términos de realizar operaciones de crédito simuladas, llevar la contabilidad de una forma que no refleja su real situación patrimonial, financiera (liquidez), económica y contable, entregando deliberadamente información no fidedigna al mercado de inversionistas y a una autoridad de control negligente y complaciente, engañándose de esa forma a las personas, al mercado en general y a nosotros en particular, que hemos efectuado renovado y mantenido depósitos a plazo en esta institución al menos desde el año 2014”.

Además, señala que por años en las juntas de socios anuales participaba y aprobaba los estados financieros fraudulentos un grupo pequeño de socios de no más de 100 personas (de un total de 50 mil), en muchos casos representados por empleados de la empresa. Asegura que ejecutivos de la cooperativa han realizado campañas “destinadas a que los depositantes no rescataran sus depósitos y no renovaran sus inversiones, subían la tasa de interés que ofrecían a los clientes para evitar su salida de la cooperativa a la fecha de sus respectivos vencimientos pues pura y simplemente no había dinero para pagarlos”.

La querella describe el modus operandi de Financoop para ocultar las carteras de crédito vencidas que se han ido develando en distintos casos que se discuten en tribunales, no solo en su arista civil donde en los próximos días el gobierno firmará un acuerdo con la cooperativa y el CDE.

Los últimos antecedentes se conocieron por la disputa del ex jefe de normalización de Financoop, Pablo Ruiz, de quien se pide sea citado como testigos por el Ministerio Público.

La acción dedica párrafos especiales a la operación de salida del grupo Norte Sur de la propiedad de Financoop en octubre de 2016, lo que incluyó la desvinculación de Vicente Caruz, ex líder de dicho grupo, que controló Banco del Desarrollo hasta 2008 cuando fue vendido a Scotiabank.

“Esta operación no se realizó mediante el retiro del socio y la devolución del capital correspondiente a sus cuotas de participación –lo que es perfectamente posible porque las cooperativas son personas jurídicas cuyo capital es variable- pues una reducción de capital habría dejado al descubierto la falta de recursos de Financoop por las pérdidas sufridas y ocultadas en ese y en los ejercicios anteriores”, dice la querella.

Explica que Norte Sur optó por la vía de ceder su cuota de participación “eludiendo hacerse responsable de las pérdidas sufridas por la cooperativa, cuyo consejo de Administración han integrado desde siempre personas de mismo grupo empresarial. Por tanto, dentro de las diligencias que se requieren al Ministerio Público es el esclarecimiento total de esta operación y la aprobación que ha debido darle el Consejo de Administración de Financoop”.

Según el escrito, al delito de estafa concurren todos los elementos típicos como que fue reiterado en el tiempo, ardid, engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio, por lo que “al obrar como lo hicieron, toda la estructura de funcionamiento de la cooperativa fue engañosa, especialmente preparada por los miembros del Consejo de Administración y sus gerentes generales, para seguir obrando en el mercado como una institución sana y no una económicamente insolvente, como es la realidad”.

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