“Sin restricciones, sin condescendencia”: comunidad sorda emplaza al gobierno de Chile a que hagan accesible la información pública de la segunda vuelta electoral - El Mostrador

Martes, 12 de diciembre de 2017 Actualizado a las 19:08

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"Sin restricciones, sin condescendencia": comunidad sorda emplaza al gobierno de Chile a que hagan accesible la información pública de la segunda vuelta electoral

por 4 diciembre, 2017

La responsabilidad de otorgar acceso a la información pública, de manera completa y al mismo tiempo, a todas y todos los ciudadanos, sin distinciones, incluyendo las personas con discapacidad, debe ser asumida a través de los canales estatales y abiertos.  Lo que estamos viendo y viviendo históricamente en Chile es una grave vulneración de los derechos humanos de las personas sordas por omisión, que es sistemática y estructural, y que viola los tratados internacionales en derechos humanos que Chile ha firmado y ratificado.  Toda la transmisión electoral, que se hace antes, durante, y después de los procesos eleccionarios, y que por lo general se desarrolla minuto a minuto, debe ser accesible en la lengua de las personas sordas, sin restricciones, sin resúmenes, sin condescendencia, y también incluyendo la tecnología del closed caption, a fin de respetar la diversidad cultural de esta ciudadanía sorda conforme a lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas en el tema.

 Han pasado 14 años de la firma del Acuerdo entre la Asociación Nacional de Televisión, ANATEL, y las comunidades de sordos de Chile para incluir, de manera rotativa entre los canales de televisión abierta, un intérprete de lengua de señas en la sección de noticias de los mismos, en el horario del mediodía.  Ese Acuerdo histórico, que a partir del 31 de Marzo del 2003 puso por fin a los intérpretes de lengua de señas de manera indefinida en las noticias de la televisión chilena, -aún pese a mantener todavía una limitación rotativa y en un horario no estelar-, no fue, como debería pensarse, el resultado de un reconocimiento político y legal nacional al derecho de la comunidad sorda de Chile a ser informada, al mismo tiempo, y en igualdad básica con los demás, de los acontecimientos públicos.

Fue, en realidad, una concesión a la porfía, a la obstinación de una comunidad sorda que por primera vez en muchos años logró romper un silencio impuesto sobre su existir, y unirse de norte a sur en pos de un objetivo común, que superara las metas pragmáticas del día a día de nuestras organizaciones. Y también era una respuesta política a la amenaza pública que hice en ese entonces, de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Chile a nuestra demanda, aduciendo un formalismo legal que les permitía fallar extemporaneidad de la violación de un derecho que en la práctica se nos vulnera todos los días del año.

Incluir de manera indefinida la interpretación en lengua de señas en los noticieros joya de la televisión abierta en Chile fue el resultado de seis duros meses de negociación entre la comunidad sorda, liderada por mí en este entonces, y ANATEL.  Una negociación gremial, diríamos, que luego en los comunicados de prensa de ANATEL parecía más un gesto de generosidad por parte de los canales de televisión, y no la justa reparación de un derecho humano negado, violentado.

Y es que aún no existía la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN-CDPD), que reconoce muy claramente, primero, que “por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal (artículo 2); que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención” (Artículo 21). Este artículo incluso especifica que los Estados deben “(b) aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales; (c) alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso; (d) alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad; (e) reconocer y promover la utilización de lenguas de señas”.

Después de la firma y ratificación por parte del Estado de Chile de la Convención de Naciones Unidas, -que convierte a esta Convención en ley vinculante del país, con rango Constitucional-, y luego de la promulgación de la nueva Ley 20.422 de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que busca armonizar las disposiciones nacionales a lo señalado en dicha Convención ONU, el reconocimiento del derecho de las personas sordas a la información y a la comunicación públicas en igualdad básica con los demás ha mejorado lentamente. Ahora tenemos intérpretes de lengua de señas y el sistema del closed caption en los noticieros estelares, y CNN Chile los ha incorporado también en forma continua en sus transmisiones diarias. Se ha interpretado en lengua de señas la Teletón y hubo un movimiento de ciertas agrupaciones de sordos para lograr la interpretación simultánea del Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, estos avances me parece que son todavía apenas un maquillaje superfluo que evade la necesaria implementación de cambios de fondo en el ámbito de la televisión abierta y de una política estatal de acceso a la información pública que sea igualitaria y con justicia social. Cumplir con el mandato y el deber público de otorgar acceso a la información y a la participación ciudadana de las personas sordas, no sólo implica incluir intérpretes en los noticieros centrales de manera rotativa, como hasta el día de hoy se mantiene gracias a la obstinada pelea de una comunidad sorda unida hace 14 años atrás. Implica también incluirlos en la transmisión continua de información en situaciones de emergencia y desastres naturales, tal como lo plantea el artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas: Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”

.En la gestión post-terremotos de los años 2010 y el más reciente, se ha mantenido una política de cadena nacional que transmite la información necesaria para atender a las y los afectados, informar de cortes de agua, de evacuaciones, riesgos de tsunami, distribución de ayudas, etc., que en ningún caso han sido accesibles para las y los ciudadanos sordos. En el año 2010 los intérpretes golpearon las puertas de los canales de televisión abierta ofreciendo incluso trabajar gratis si les dejaban salir al aire para informar de la emergencia nacional a las personas sordas y sus familias. Yo, viviendo ya en Washington D.C., y contando con tecnología accesible para ello, tuve que atender solicitudes de personas sordas y sus familias, que me rogaban les ayudara a averiguar dónde estaban sus familiares y si estaban bien. Lo mismo ha seguido sucediendo una y otra vez en las siguientes emergencias por desastre natural en Chile. Se aplican protocolos para atender a personas con otras discapacidades en los procesos de evacuación, pero se vuelve omitir lo que por sabido se calla y por callado se olvida: el derecho de las personas sordas a recibir la información en igualdad con las demás y en su propia lengua.

Los ejemplos suman y siguen: hablemos ahora de las campañas políticas, los debates políticos y la información relacionada con los procesos eleccionarios. Pareciera que no se considerara que las personas sordas somos ciudadanas del país, también votamos y tenemos derecho incluso a ser candidatos y asumir cargos públicos.  Programas de relevancia política nacional, como Tolerancia Cero, por ejemplo, carecen de subtitulado y de interpretación en lengua de señas.  Y si bien se han ido incorporando los intérpretes a los debates políticos y los discursos del 21 de Mayo, lo cierto es que son muchas más las informaciones de interés público que se emiten desde el Estado todos los días y que son inaccesibles para las personas sordas. Es responsabilidad del mismo Estado hacer las comunicaciones públicas totalmente accesibles a las personas con discapacidad, incluidas las y los ciudadanos sordos de Chile. Y con ello no me estoy refiriendo a un solo gobierno de turno. Me refiero a una histórica y estructural exclusión de la información pública que nos afecta, y que traspasa a todos los gobiernos.

En este punto es donde quisiera hoy levantar mi voz para denunciar la total falta de acceso de la comunidad sorda de Chile al recuento de votos en la última elección presidencial del 19 de noviembre pasado.  Debemos reconocer y aplaudir la iniciativa de CNN Chile, que mantiene continua información en lengua de señas en sus transmisiones. Pero esta iniciativa privada no excusa al Estado de su deber público para con la comunidad sorda. No todas las personas sordas tienen el privilegio de tener televisión por cable. La responsabilidad de otorgar acceso a la información pública, de manera completa y al mismo tiempo, a todas y todos los ciudadanos, sin distinciones, incluyendo las personas con discapacidad, debe ser asumida a través de los canales estatales y abiertos.  Lo que estamos viendo y viviendo históricamente en Chile es una grave vulneración de los derechos humanos de las personas sordas por omisión, que es sistemática y estructural, y que viola los tratados internacionales en derechos humanos que Chile ha firmado y ratificado.  Toda la transmisión electoral, que se hace antes, durante, y después de los procesos eleccionarios, y que por lo general se desarrolla minuto a minuto, debe ser accesible en la lengua de las personas sordas, sin restricciones, sin resúmenes, sin condescendencia, y también incluyendo la tecnología del closed caption, a fin de respetar la diversidad cultural de esta ciudadanía sorda conforme a lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas en el tema.

Hago un llamado público al Estado de Chile y los candidatos a la presidencia de esta Nación, para que cumplan con lo dispuesto en los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, y hagan accesible de inmediato a todas las personas con discapacidad, incluidas las personas sordas en su lengua natural, la información pública relacionada con la segunda vuelta electoral que se realizará el 17 de diciembre.  Porque las personas sordas también votamos y porque nuestro voto también pesa para la construcción de un Chile más justo y más inclusivo. La inclusión y la no discriminación no se predican ni se declaran: se actúan.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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