El gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez ha desplegado ya una parte importante de su proyecto económico, político, social y también militar. En el terreno económico el pragmatismo neoliberal busca como meta principal garantizar el cumplido pago de la deuda interna y externa. Hoy el servicio a la deuda compromete 10 puntos del Producto Interno Bruto, PIB, anual y esta comprometiendo más del 60% del PIB del país.
Las medidas que hasta el momento ha tomado el gobierno mantienen en lo fundamental las políticas monetaristas y contraccionistas de la cartilla neoliberal, con algunas leves modificaciones. Restricción de los derechos de los trabajadores, mayores impuestos sobre todo para las clases medias y para los trabajadores, rebaja de los salarios, empobrecimiento de las capas medias y abundantes condiciones para los grandes conglomerados económicos y financieros. En suma medidas que constriñen la capacidad de compra de los ciudadanos, empobrecen aún más a la población y restringen el desarrollo del mercado interno. En toda esta línea se encuentra el proyecto de profundizar la liberalización y la internacionalización de la economía sin restricciones ni mecanismos proteccionistas para sectores sensibles como la agricultura y el desarrollo industrial. Nuestro agricultores tienen que competir con los productores agrícolas del mundo desarrollado que reciben en subsidios más de 350 mil millones de dólares al año.
Como se ha dicho ampliamente las vacas holandesas , francesas y europeas en general reciben un subsidio de 2 dólares y medio al día, mientras que más de 4000 millones de seres humanos viven con menos de dos dólares diarios.
En el frente económico se dicen y publicitan por los grandes medios las mismas mentiras de siempre. Que una reforma laboral que reduce los pagos de festivos, las horas extras y rebaja la tabla de indemnizaciones va a generar empleo.
Esto se dijo de la famosa ley 50 de 1992 y hoy esta claro que no generó empleo sino ahorros para los capitalistas a costa de los trabajadores. Ni un puesto de trabajo. Por el contrario lo que producirá, con toda seguridad, esta nueva legislación, es el despido a menor costo y menores ingresos para los trabajadores.
Lo propio puede decirse del proyecto de reforma pensional , se hace para que los trabajadores se jubilen más viejos, coticen más semanas y puedan disfrutar menos tiempo de unas pensiones recortadas. Todo ello lo hace la derecha colombiana en nombre de la democracia, del desarrollo y del crecimiento económico. Este equipo económico hasta ahora lo único que ha hecho es profundizar el modelo neoliberal que hace agua en todo el planeta y que ha sido arduamente cuestionado y se encuentra en una gran crisis.
Pero como lo dice los economistas críticos estas medidas son inadecuadas en una economía en recesión como la colombiana en particular y la latinoamericana en general. Los cambios vendrán seguramente de afuera, pues, el modelo se encuentra profundamente cuestionado y muy seguramente vendrán grandes transformaciones por parte de la mayor economía de la región, el Brasil, bajo la presidencia de Luis Inacio Lula Da Silva.
En el terreno político avanza el proyecto contrarreformista que busca el desmonte de una parte del estado social y democrático de derecho contenido en la Constitución Política de 1991. En el centro de la propuesta se encuentra el proyecto de desmonte de la división de poderes que ha sido debidamente ejercido y reivindicado por la rama judicial del poder público en cabeza de la Corte Constitucional.
La primacía de la Corte Constitucional, como máximo tribunal de la rama, esta garantizada por el poder que le confiere la tutela a este organismo y por la existencia de la tutela contra sentencias judiciales. Por esta vía y pese a las reiterados desacatos promovidos por el Consejo de Estado y por la Corte Suprema de Justicia en donde predominan las posiciones formalistas del derecho, la Corte ha sentado jurisprudencia y ha logrado una interpretación progresista de la Constitución Política tanto en materia de derechos humanos como en lo relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales.
Y es precisamente esta postura la que empuja al gobierno de Uribe a presentar un proyecto regresivo que quiere eliminar los poderes de la Corte en materia de control constitucional a los estados de excepción lo cual es complementado con una reforma a la Acción de Tutela limitada sólo a la protección de las libertades y derechos políticos eliminando la posibilidad de reivindicar por la vía judicial los derechos económicos y sociales.
La eliminación de la Tutela contra sentencias judiciales deja a este organismo sin la jerarquía en la rama. El proyecto contempla además la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y el establecimiento de un organismo en el cual estaría el ejecutivo a lado de los Presientes de la Corte, del Conejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Con ello se da un golpe de gracia a la división de poderes y se vuelve al más férreo presidencialismo como aquel contenido en la vieja constitución de 1886.
Con ello, y con la existencia de un Congreso sumiso y amenazado con la revocatoria, se elimina uno de las columnas vertebrales del Estado social de derecho que es justamente el de la división de poderes. Esto es lo que está en juego y a ello deberemos oponernos. Justamente este es el propósito central de la Confluencia por la democracia en la cual coincidimos conservadores, liberales, integrantes del polo democrático y organizaciones de la sociedad civil colombiana.
Otro de los elementos centrales del proyecto uribista lo constituye su política de seguridad eufemísticamente bautizada como «seguridad democrática». En la concepción del gobierno se ha abandonado, a pesar de las reiteradas declaraciones de los altos funcionarios del mismo, los verdadero contenido de una política de seguridad democrática y de seguridad humana defendidos y divulgados por la Organización de Naciones Unidas, ONU.
En efecto, en todos sus documentos Naciones Unidas ha insistido en que la seguridad democrática es el resultado de unas políticas en materia de seguridad alimentaria, en un clima de libertades y derechos ciudadanos, en la existencia de instituciones independientes y en la existencia de estados democráticos asentados en una real división de poderes que luchen principalmente por defender las libertades y que creen condiciones mínimas en materia de derechos sociales para el disfrute mínimo de ciertos derechos como la alimentación y la vivienda dignas. Y justamente esto es lo que no contienen ni los documentos y mucho menos las practicas del gobierno de Uribe.
La seguridad que se quiere se asienta principalmente en la represión y en la limitación de ciertos derechos ciudadanos. Una parte fundamental de su estrategia de seguridad descansa justamente en el desconocimiento de derechos básicos como el debido proceso, la independencia de los jueces, etc. La Corte Constitucional acaba de declarar inconstitucional una serie de medidas adoptadas al amparo de la conmoción interior contenidas en el decreto 2002 del presente año. La Corte encontró que medidas como la detención sin orden judicial escrita, las unidades portátiles de policía judicial y de fiscalía en las unidades militares, los censos obligatorios en las zonas de rehabilitación y la restricción para el ingreso de la prensa en éstas mismas zonas, violaban flagrantemente el régimen de libertades y eran contrarias a una verdadera seguridad democrática.
Pero además hay que advertir que han sido detenidos decenas de ciudadanos en distintas ciudades y regiones del país como el Guavire, Medellín, Bogotá, Arauca, etc. al amparo de éstas medidas de dudosa reputación democrática. A ello por supuesto ha contribuido una guerrilla que viola el derecho internacional humanitario y que acude a la amenaza y al asesinato de autoridades locales y regionales agravando y creando condiciones para la restricción de las libertades democráticas. Sin embargo debemos insistir en que a la democracia se la defiende profundizando la democracia y que una verdadera seguridad democrática debe tener en el centro a los ciudadanos y sus derechos y no a las instituciones.
Precisamente es en los hechos en donde se ve el carácter autoritario y regresivo del proyecto de seguridad de Uribe.
Mientras tanto las condiciones reales que generan buena parte de la inseguridad como el desempleo, el desplazamiento forzado, la impunidad, la pobreza que cubre a más del 60% de la población siguen estando ahí sin que se promuevan reales políticas de desarrollo económico y social para enfrentar ese entorno de vulnerabilidades que contribuyen de manera determinante a la situación de inseguridad estructural que precisamente deberían ser parte integral de una verdadera política de seguridad democrática.
El resto ya lo ha ensayado el régimen del cual el gobierno de Uribe es un buen representante: asegurar el mantenimiento del orden, de la concentración de la riqueza, de la propiedad, en medio de la pobreza y la exclusión social y política. Es por ello que el diálogo social que es básico para una seguridad democrática no existe en las políticas ni en las práctica del gobierno de Uribe.
Es en este marco político en que se inscribe el proyecto de referendo. Sus preguntas van más en la línea del ajuste neoliberal y de unas tímidas medidas para limitar la fragmentación política. Veremos si el pueblo colombiano sigue embelesado por los medios o reacciona en la defensa de sus intereses.
Y esa reacción tiene que ir de la mano de la abstención para que Uribe batalle por los seis millones doscientos mil votos que necesita para el ajuste neoliberal cuyo propósito central es garantizar recursos para seguir pagando la deuda interna y externa a costa de seguir ampliando la pobreza.
Ya veremos que pasa.
* Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, Colombia
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