Que este país está en deuda con su agricultura, parece estar fuera de toda discusión. Ha sido un hecho comprobado en otros países, vecinos al nuestro, por estudios específicos, que de la agricultura productiva se han transferido a los sectores financieros decenas de miles de millones de dólares, para crear esa nueva industria, como es la del dinero, lo que antes en el siglo XX llamábamos el sector bancario. Ahora, ellos mismos se llaman industria, lo que no deja de ser un absurdo a cualquier luz teórica que se le quiera analizar.
En otros casos suceden cosas como las que ocurren en nuestro país, en que la irrupción de una campaña no es respondida por nadie, pues aunque se trata de la simple defensa de una industria monopólica, lo que se invoca como imagen publicitaria son los agricultores; porque detrás de ponchos, sombreros alones, caballos, surcos y hasta un niño con cara de bueno, lo que está en cuestión es la defensa de una empresa privada que ha vivido del régimen de monopolio hace ya muchos años, desde la venta que la dictadura hizo de esos bienes a privados, sin más concurso que el de la simpatía o la afinidad con varios de los que hoy están siendo juzgados por la justicia ordinaria.
Es sabido que el Gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de Ley para adecuar el sistema de cálculo de las llamadas bandas de precios, dando sustentabilidad a la producción de trigo y remolacha, que hoy no la tienen, dado que el precio es inferior a los costos de producción.
Este proyecto da estabilidad, además, porque se proyecta hasta el 2014, dando un precio de referencia mínimo (piso) para la remolacha y el trigo, invariable por 4 años. Para comenzar, a partir del 2008, un lento proceso de desgravación que culmina el 2014.
Esta última fecha está fijada en los acuerdos Chile-Mercosur, aprobados por nuestro Parlamento en virtud precisamente del crecimiento hacia afuera de nuestra economía. Es decir, nuestra incorporación como país al mercado global, buscando las mejores posibilidades y oportunidades para nuestros productos.
De esos mismos acuerdos se derivó un acuerdo interno por el cual el Estado transfirió al sector agrícola 500 millones de dólares y ello continúa con la transferencia anual de 200 millones de dólares en instrumentos de fomento productivo.
Ahora, hemos visto el mal ejemplo de Corea del Sur que, por presión de sus agricultores, está poniendo en cuestión el TLC con Chile. ¿Es posible que una campaña publicitaria ponga en peligro los 5.100 millones de dólares que suma la exportación silvoagropecuaria?
Yo no me cuento entre los globalizadores creyentes, pero me parece que cuando otros que se han metido de lleno en esta situación, pidiendo excepciones y privilegios, es algo mas que mera incoherencia.
El Parlamento de los EEUU acaba de aprobar hace pocas horas el TLC con Chile, y no sé qué se podría decir o argumentar para pedir a los productores norteamericanos que algunos productos no los envíen a Chile, pues tenemos un régimen de monopolio interno que requiere la protección del Estado.
Si son tan libremercadistas y ultramontanos liberales en todo, ¿por qué no salen a predicar con la Biblia de Friedmann en una mano y con la del proteccionismo en la otra? Porque una cosa es defender las cosas del Estado y muy otra defender el estado de las cosas.
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