Cuando adquirimos bienes y servicios nos desprendemos de una parte de nuestra capacidad de compra y el dinero cambia de manos en una transacción que de tan cotidiana se torna automática. Pero cuando el producto a adquirir involucra recursos cuantiosos o aspectos altamente significativos por su carácter estratégico o emotivo; entonces se convierte, además, en un acto relevante que se constituye en hito porque marca un punto de referencia en la vida familiar y personal que distingue un antes y un después.
Son, para la gran mayoría de las familias chilenas, los casos de la compra de la vivienda, del auto y la educación universitaria de los hijos.
Para la adquisición de la casa y el auto las claves a manejar en su proceso de selección están, lejos, más claras que las relativas a la educación universitaria, a pesar de que en todos los casos se trata de mercados altamente competitivos.
En el Chile de hoy una parte importante de las instituciones ven la educación universitaria como un negocio que se rige, aunque en forma imperfecta, por las reglas generales del mercado y que genera altas rentabilidades a pesar de que todas esas instituciones son, por ley, corporaciones sin fines de lucro. Varias de esas instituciones incluso distribuyen utilidades, por vías indirectas, a sus dueños y ejecutivos.
Una muestra del interés por mantenerse en el negocio es el persistente y cuantioso gasto de esas instituciones en propaganda, el que alcanza cifras cercanas a los trece mil millones de pesos cifra equivalente a todo el subsidio público que se otorga anualmente a las universidades por la captación de los alumnos que obtienen los 27.500 mejores puntajes para el acceso a la universidad.
El mercado de las universidades ha sido hasta hoy turbio, lleno de supuestos y prejuicios, con escasa información veraz y con un costoso marketing mediático abusivo sobre un comprador incapaz de discriminar las múltiples ofertas, aunque no por su culpa sino porque le ha estado vedado el conocimiento esencial de las claves para decidir adecuadamente.
Un Estado que cambió de rol, irresponsablemente, desde el control total hacia la neutralidad más cómoda y desentendida, pasando por la liberalización acelerada de la oferta de universidades, dejó a las personas a merced de la autorregulación librada a las categorías éticas que pudiesen o no seguir cada una de las instituciones oferentes, sus lideres y representantes.
En ese contexto, el decidido esfuerzo del Gobierno por la instalación en nuestro de país de un sistema nacional de aseguramiento de calidad, que implica en la práctica alcanzar un mínimo aceptable dentro un conjunto de criterios e indicadores para acreditar instituciones y carreras, debiendo darse fe pública de ello, es un hecho fundamental para proteger el interés de la familia chilena.
Este es un aspecto esencial de la acreditación, que va más allá de su conveniencia para responder a las exigencias de la globalización económica plasmadas en los importantes tratados de libre comercio sucritos por Chile con la Comunidad Europea y los Estados Unidos.
En efecto el sueño de las familias por darles educación universitaria a sus hijos tiene que ver con su sentido de progreso, con entregar a los muchachos todo aquello que los padres no tuvieron y con hacerles más fácil el «ascenso económico y social». Es decir, estamos hablando de un asunto central de la proyección familiar y del sentimiento más profundo de la responsabilidad de una generación respecto de sus descendientes; pero de una generación que no domina las claves para colaborar con el postulante a seleccionar la mejor carrera en la institución adecuada; y no las domina porque mayoritariamente no tuvo acceso a la educación sino hasta aproximadamente siete años de escolaridad.
Entonces, de lo que se trata aquí es de que con la acreditación seamos capaces de discriminar, y de informarlo públicamente, entre los que están vendiendo «certificados» para satisfacer el sueño de darle un «cartón a los hijos» y los que realmente ofrecen educación universitaria respondiendo al mismo sueño pero de verdad.
Con el sistema de acreditación, se abre por fin la posibilidad de que las personas sepan quién es quién en educación superior y pone algún freno o, al menos, algo de equilibrio a la manipulación mediática ejercida a través de un marketing abusivo caracterizado por información asimétrica no corroborada por validación alguna.
Para tener un Chile que sea más Chile para todos, debemos contar con un sistema nacional de aseguramiento de calidad que acredite la seriedad de las universidades, porque necesitamos generar un espacio de confianza para las familias en el cumplimiento de uno de sus sueños fundamentales: darle, como le gusta decir a los padres, un «cartón a sus hijos».
(*) Vicerrector Académico, Universidad del Bio-Bio.
