Sabido es que nuestro parlamento en su orgánica interna cuenta con un Comité o Comisión -da lo mismo, pues la función y no el nombre es lo relevante- de Ética. Enfocando el tema en referencia a nuestra actual Honorable Cámara de Diputados podemos recordar que, en varias ocasiones y por distintos asuntos y materias, más de un parlamentario ha sido escrutado por sus pares en ésta instancia para responder por algunos actos atentatorios contra «la moralidad y la ética» con que deben desempeñarse los integrantes de este Poder del Estado. Al respecto bástenos con mencionar «el caso coimas», «el caso Pía Guzmán», etc., para nombrar solo algunos de los más recientes.
Desde la óptica ciudadana -y desde la perspectiva de este analista político regional- es loable, encomiable y motivo de orgullo ciudadano, que los honorables diputados autodecidan regular sus funciones por medio de reglamentos internos y sus actuaciones públicas por medio del Comité de Ética. Es que no puede ser menos: se trata de un imperativo que emana de la confianza que en ellos hemos depositado los ciudadanos al elegirlos como nuestros representantes, mandatarios del pueblo según el principio de soberanía popular inherente al régimen democrático imperante en nuestra patria.
Además, junto con ser autoridades, los parlamentarios tienen la obligación moral no sólo de cumplir con sus promesas electorales de campaña y ser consecuentes entre el discurso político y su praxis, sino que también deben ser una suerte de modelo ciudadano, de ejemplo y de orgullo para todos los chilenos. Contrario sensu, parlamentarios corruptos e inmorales pasan a ser una vergüenza nacional y un desprestigio internacional, afectando -de paso- la imagen de los políticos y de los partidos políticos, que no deben ser otra cosa que personas e instrumentos de servicio a la gente y escuelas democráticas para la vida y participación ciudadana. El que así no lo entienda, le hace un flaco favor al poder legislativo, a los partidos políticos y al régimen democrático chileno.
En el «caso Pía Guzmán», por la gravísima red de pedofilia en que se ve involucrado el empresario Claudio Spiniak -deseamos que los Tribunales de Justicia hagan su tarea caiga quién caiga en solidaridad con los niños-víctimas- el Presidente de la UDI, diputado Pablo Longueira, fue activo partícipe de que su colega parlamentaria fuera pasada al Comité de Ética, por sus dichos y afirmaciones «basadas en rumores o comentarios de terceros», publicitadas sin tener mayores pruebas, que afectan a ciertos personeros de ese partido y de otro de la Concertación.
Sin embargo, a su vez, el Sr. Longueira ha caído en el mismo error de la diputada Pía Guzmán, al sostener públicamente el montaje de «un complot» en contra de su partido y de su abanderado presidencial, señor Joaquín Lavín, en el que participarían «miembros de la Iglesia Católica, de partidos políticos, de canales de televisión» y otros muchos etcéteras, sin aportar pruebas concretas sobre sus dichos, afirmaciones y acusaciones.
Lo anterior, nos parece una inconsecuencia e irresponsabilidad del señor Longueira, agravada por actuaciones y contactos personales con personas directamente involucradas en la investigación del caso Spiniak, como por ejemplo la entrevista fuera de tribunales que sostuviera con el juez Calvo y con una de las testigos-víctimas, conocida como testigo G (Gemita), de lo que podría inferirse se intentó presionar para que la investigación y la acusación se aleje de ciertos personajes UDI.
La pregunta, entonces, que aquí surge es: ¿las actuaciones del diputado Longueira no ameritan, acaso, una investigación del Comité de Ética, respecto a una eventual intromisión e intento de manipulación o de intervención directa en las tareas propias de otro poder del Estado, como lo es el Poder Judicial?
Pareciera que entre el señor diputado Longueira y el Comité de Ética de la Cámara de Diputados hay una cita pendiente.
(*) Profesor, analista político de la Araucanía.
