En estos días se ha generado alarma pública por la investigación de la jueza de Los Muermos, Rosa Muñoz, en relación con una investigación sobre guías de libre tránsito fraudulentas, para ‘blanquear’ la comercialización ilegal de alerce. Desde 1976 que no se puede cortar alerce vivo. Sólo se pueden extraer individuos muertos, utilizando un plan de extracción de Conaf y, a su vez, transportándolo con las denominadas guías de libre tránsito.
La investigación ha derivado en denuncias de tráfico de influencias, redes de protección y asociación ilícita, desatando incluso la detención del Director Ejecutivo de la Conaf, Carlos Weber. Según tres testigos éste habría señalado en una reunión -ya acreditada en el proceso- que existían presiones políticas que le impedían tomar medidas más activas de fiscalización. La jueza determinó que las contradicciones de Weber permitían iniciar una línea de investigación de tráfico de influencias y cohecho.
La detención de Weber generó un cerrado apoyo de las autoridades gubernamentales, especialmente del ministro de Agricultura, quien en un acto de inaceptable presión política sobre el poder judicial, calificó la resolución judicial de aberrante. Asimismo, el ministro del Interior recibió a Weber en su despacho con un abrazo y así le entregó el apoyo público del Gobierno.
Paralelamente ,un ex abogado de Conaf, el señor Carlos Barahona, denunció que quien ejercía presiones sobre Conaf era el senador Sergio Páez. Esta denuncia generó el rechazo de Páez y el apoyo cerrado de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana. Más aún, el senador respondió con una querella criminal contra el abogado, curiosamente tramitada por el mismo estudio jurídico que asesora a Conaf.
Esta situación se vio complicada aún más con la solicitud de inhabilitación de la jueza Muñoz debido a presiones y amenazas de muerte. La corte de apelaciones de Puerto Montt rechazó una solicitud de amparo de la jueza y además su inhabilitación. Finalmente, frente a la petición de organizaciones civiles, la corte optó por nombrar a un ministro en visita, quien actualmente investiga el caso.
Existen dos reflexiones en relación con esta telenovela judicial. La primera se refiere a la política forestal y la Conaf como institución regulatoria, que trataré en la segunda parte de este artículo. La segunda, que discutiré a continuación se refiere al rol de los ‘políticos’ y la incapacidad del Gobierno de enfrentar en forma transparente denuncias sobre su quehacer público.
Para bien o para mal, ajustado o no a derecho, la jueza de los Muermos estimó conveniente detener al director de Conaf, e iniciar una línea de investigación más amplia. Resulta inexplicable que las autoridades públicas hayan actuado de una forma tan defensiva y agresiva, con una defensa corporativa, incluso involucrando al Vice-Presidente de la República.
Difícilmente podremos tener en Chile un poder judicial independiente si la reacción del Gobierno frente a sospechas e investigaciones en curso es de esta magnitud. En un país tan presidencialista y autoritario como Chile, un rol fuerte e independiente de los demás poderes del Estado es fundamental para acotar la omnipotencia de autoridades gubernamentales, especialmente en pequeñas localidades alejadas de los centros urbanos.
Además, es importante destacar que estas investigaciones permiten corregir irregularidades que aunque en estricto rigor no constituyen corrupción, son caldo de cultivo para ello y, por lo tanto, deben ser eliminadas. Un claro ejemplo es el caso de las plantas de revisión técnica que involucró al ex subsecretario de Transporte, Patricio Tombilini, y que derivó en legislar sobre los sobresueldos. Asimismo, la actual investigación en el caso del MOP-Gate ya ha generado cambios en las prácticas de financiamiento al interior del MOP. En ambos casos lo anterior es independiente de si efectivamente existen delitos, lo cual es parte de la investigación en curso.
En consecuencia, la reacción del Gobierno en esta materia ha sido claramente equivocada y la lección debe ser fortalecer la línea de acción que el mismo Presidente ha definido en esta materia, vale decir, dejar que las instituciones funcionen y ‘caiga quien caiga’. El Gobierno sólo puede salir fortalecido con tal política.
En segundo término, habría que destacar la lamentable reacción del senador Páez frente a las denuncias de que ha sido objeto. Nuevamente, la respuesta de autoridades representantes de los ciudadanos de denuncias responsables o irresponsables no puede ser bajo ningún criterio el amedrentamiento a través de querellas criminales u otras acciones jurídicas de esa naturaleza.
Los representantes públicos deben ser sujeto al escrutinio público, lo que a veces puede significar denuncias incluso injustificadas, pero reacciones desmedidas como las que ha manifestado el senador Páez. Sólo vienen a limitar y debilitar nuestra democracia. Asimismo, la primera reacción de la bancada de senadores democratacristianos es una acción que refleja la misma actitud, inmediatamente el ‘establishment’ político reacciona defensivamente, sin esperar que actúen las instituciones respectivas y, por tanto, debilitándolas.
A modo de comparación resultan ilustrativas las graves denuncias contra los gobiernos de EEUU e Inglaterra en relación con las torturas en Iraq. La acusaciones son de grueso calibre, dirigidas a los ministros, e incluso al presidente norteamericano, pero en ningún caso ha habido reacciones con querellas, incluso en un país acostumbrado a resolver todas sus disputas a través de acciones civiles.
La lógica americana e inglesa es que los políticos y el gobierno deben ser sujetos de escrutinio público, aunque esto derive en acusaciones sin fundamento o ‘irresponsables’. La razón de esto es que existen bienes mayores, el fortalecimiento de la democracia, la transparencia en los actos públicos y el control social sobre autoridades que son representantes de la ciudadanía.
La reacción de las autoridades, tanto de gobierno como parlamentarias, ha sido desmedida y equivocada. Además demuestra lo mucho que aún tiene que recorrer nuestro país para lograr fortalecer la democracia y limitar el autoritarismo existente en la actual institucionalidad. Todos somos responsables de alcanzar una democracia vibrante y transparente, pero muy especialmente los representantes de los ciudadanos.
*Rodrigo Pizarro es director ejecutivo de la Fundación Terram.
