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De acuerdo, general

por 4 noviembre, 2004

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El reconocimiento del General Juan Emilio Cheyre acerca de la responsabilidad institucional del Ejército en las masivas violaciones a los derechos humanos, ocurridas después del golpe de estado de 1973, constituye un paso decisivo en la correcta doctrina militar para que nunca más ocurran esos hechos en Chile.



Hasta ahora, las referencias de los jefes militares a este tema siempre fueron elusivas. Especialmente en un aspecto de fondo: que las violaciones a los derechos humanos sólo fueron posibles porque el mando de aquella época lo ordenó, lo permitió como un "mal menor" o fue incapaz de contenerlo. Y cuando los hechos aparecieron en su dramática desnudez enturbiando la vida de la institución, y sus oficiales tuvieron que responder ante los tribunales, se ocultó la responsabilidad institucional y se hizo gestos hostiles a la labor de la justicia. Siempre las Fuerzas Armadas aparecieron, en las versiones castrenses, como instituciones impolutas, infiltradas por locos o asesinos cuando se violaron los derechos humanos, olvidando el principio militar que el mando se delega, pero jamás se delega la responsabilidad.

Por primera vez el Comandante en Jefe del Ejército hace lo que en estricto rigor ético y reglamentario se debía haber hecho hace mucho tiempo: una alusión directa a la responsabilidad del mando superior de la época, que por supuesto encabeza Augusto Pinochet Ugarte, y la responsabilidad que le cabe al conjunto de la institución en esos hechos.



Cheyre habla, además, en un acto estrictamente militar y ante las autoridades civiles, como fue la ceremonia en la cual se puso punto final a la existencia del Batallón de Inteligencia del Ejército, y se formalizó ante el país la creación de una nueva unidad especializada en el tema. Es decir, en un momento en que la doctrina pesa también en una relación positiva con la modernización, en un ámbito extremadamente delicado como la labor de inteligencia.

No hay mucho más que decir. En una República, laica y democrática como es Chile, donde nadie desea ver ni soldados de rodillas pidiendo perdón cada cierto tiempo, ni ciudadanos vendados y de rodillas esperando clemencia frente a sus verdugos uniformados, la única rectificación posible empieza por asumir la responsabilidad que corresponde ante hechos inmorales.



La sociedad, en su bienestar moral íntimo, precisa tanto de la justicia como del perdón. Pero este último es un bien subjetivo, que corresponde a cada persona, sea ofensor u ofendido. Mientras que la salud política del Estado y sus instituciones requiere de símbolos cívicos de igual valor para todos, y objetivables en conductas, y no simples referencias subjetivas, por más importantes que éstas sean. De ahí la importancia de la justicia y la asunción de la responsabilidad del mando en los oprobiosos hechos del pasado.



La correcta doctrina de respeto a los Derechos Humanos pasa, para todas las fuerzas armadas del mundo, por un comportamiento ético acerca del honor y la verdad. Y nunca habrá nada más alejado de la ética que enmascarar el pasado so pretexto de que se está defendiendo a la institución.



De igual manera, nadie tiene derecho a sospechar que las palabras de Cheyre son parte de una operación política para salvar a militares en los tribunales. Ellas, sus palabras, son objetivas en sí mismas y constituyen un soporte doctrinario de enorme trascendencia para potenciar la institucionalidad militar y ampliar la base de legitimidad social que tiene el Ejército de Chile.


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