Nadie dijo nunca que sería fácil. Lejos de eso. Siempre hubo alguien que, a la hora de comentar la decisión de quienes ejercíamos como jueces de garantía en regiones, de venirnos a trabajar a Santiago -en lo mismo, muchas veces por el mismo grado y, en no pocas, por menos dinero- , nos hizo ver que parecía un mal negocio. Sin embargo, nada nos hizo cambiar de opinión.
Llegamos llenos de energía y nos dimos desde el primer día a la tarea. Estudiamos, formamos comisiones de trabajo, hicimos y ejecutamos proyectos. Nos anticipamos a los problemas asociados a los gigantes volúmenes en juego. Trabajamos, en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un Manual de Procedimientos a partir de otro que surgió de un proyecto llevado a cabo por Paz Ciudadana, el que fue estudiado e instruido como guía para la gestión de los Juzgados de Garantía por la Exma. Corte Suprema. Tras ese manual de base se elaboró otro para enfrentar la contingencia de no contar con el Centro de Justicia terminado para todos los operadores.
A tres meses de la puesta en marcha de la reforma procesal penal en Santiago e inmersos de lleno en la danza de etiquetas conceptuales que se han hecho singularmente cotidianas por estos días, tales como «puerta giratoria», «excesivo garantismo», «libertad provisional», «presunción de inocencia mal entendida», tal vez a alguien se le ocurra hacernos nuevamente la pregunta: ¿fue un mal negocio?
Para contestar esta pregunta parece oportuno recordar aquel caluroso 2 de noviembre en que la dotación de inicio de jueces de garantía de Santiago y San Miguel prestó juramento al tenor de la fórmula siguiente: «¿Jurais por Dios Nuestro Señor y por estos Santos Evangelios que, en ejercicio de vuestro ministerio, guardaréis la Constitución y las leyes de la República? La respuesta de cada uno de los interrogados fue «Sí» y tras ella el magistrado que tomó el juramento añadió: «Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande». Esta fórmula ha atravesado los tiempos y, si bien juró a su tenor -antes y ahora- más de algún agnóstico, su sentido básico y sustantivo es el compromiso que se asume de respetar en el ejercicio de la jurisdicción la Constitución y las leyes.
Para los jueces de garantía esa jurisdicción tiene un nombre específico: es la jurisdicción cautelar, que tiene por contenido y esencia cuestionar la pretensión punitiva estatal bajo el escrutinio permanente de su conformidad -o no- con las garantías constitucionales, algunas de ellas de una estatura tal que, su respeto o lesión permite calificar una sociedad de democrática o no, a un estado de derecho o no, a una organización política de republicana o no.
A la hora del balance los costos de tolerar las etiquetas frente a la ganancia de una sociedad que queremos democrática y, que por tal, nos hace la exigencia de poner en el centro de nuestras decisiones la dignidad, libertad y derechos de las personas, la respuesta sigue siendo la misma: sin autocalificarnos de especiales, diferentes, iluminados, sintiéndonos nada más ni nada menos que jueces modernos, -algo así como funcionarios de la democracia- no nos parece un mal negocio escribir una línea en la página de la historia republicana de nuestro país.
Y si en este arriesgado negocio un día como todo ser humano erramos, viene la hora de la reflexión, del estudio, de la conformación de la nueva visión, tras lo cual retomamos el camino con más fuerza para ser mejores jueces y sobre todo mejores personas.
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María Francisca Zapata García. Juez de Garantía de Santiago. Directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile.
