Con sorpresa hemos presenciado en las últimas semanas la pugna entre industriales del Norte, Corpesca y Camanchaca, con los del sur agrupados en Asipes, producto de la petición de aumento de cuotas de jurel para la zona norte de nuestro país. Desde nuestro punto de vista, estos hechos son la expresión de la sobreexplotación de las principales especies pelágicas en nuestro país como el jurel, que denunciamos hace largo tiempo. Cabe recordar que los desembarques de jurel aumentaron continuamente desde principios de los 90′ hasta 1996, cuando se alcanza el record de 4 millones 400 mil toneladas, sin embargo a partir de esa fecha se ha observado una caída cercana al 70% del desembarque de jurel.
Esta situación de sobreexplotación ha provocado que las capturas pesqueras pelágicas en la zona norte se reduzcan de 725 mil toneladas a 557 mil toneladas entre el 2005 y el 2006. Hoy es un hecho la fuerte reducción en la biomasa de anchoveta, tanto en la zona norte de Chile como en el Perú, lo que ha llevado al tremendo incremento del precio de la harina y aceite de pescado en los mercados internacionales. Obviamente estos hechos han forzado a los industriales del norte a exigir a las autoridades pesqueras aumentos en la cuota de jurel. El problema es que al ser el jurel una especie altamente migratoria y de la cual se tiene poco conocimiento, en especial lo referido a sus ciclos migratorios, existen distintas visiones sobre el estado y comportamiento de su biomasa. De hecho, los industriales del sur alegan que la talla de los jureles en el norte, por su condición juvenil, es menor a los 26 centímetros que establece la ley para los peces que están en condiciones de ser capturados, lo que obviamente afectaría la biomasa de jurel en el sur.
Más allá de las disputas entre privados por un bien público como el jurel, la guerra por este recurso es consecuencia de una institucionalidad, en especial la referida a los límites máximos de captura por armador, que fue concebida para ir en la dirección de consolidar administraciones pesqueras privadas que promuevan la racionalización de sus esfuerzos de pesca, ajustándolos en general hacia recursos marinos menos abundantes.
El problema es que este sistema parte del supuesto de que quienes tengan derecho a utilizar la pesquería tendrían al mismo tiempo interés en que su manejo sea adecuado, ya que el valor económico de su derecho dependería directamente del comportamiento de las pesquerías. Sin embargo, en la práctica este sistema de administración sólo se ha convertido en un sistema de asignación económica que ha beneficiado a los grandes oligopolios industriales en desmedro de los sectores artesanales, y no es bajo ningún punto de vista un sistema de conservación. De hecho, el jurel durante el año 2005 se asignó entre la I y X región en un 95% al sector industrial, quedando sólo un 5% al sector artesanal, el gran ausente en esta discusión del jurel pero que entrega 15 veces más empleo que el sector industrial.
Al consolidarse poderosos oligopolios relacionados a grupos económicos nacionales se refuerza la visión rentista característica de nuestro empresariado donde la sustentabilidad no tiene cabida en su lógica consistente en diversificar sus inversiones y transformar capital natural en capital financiero, de tal manera de que en el momento en que se haga presente alguna señal de escasez redireccionan las inversiones a otro sector productivo, dejando tras de sí la pobreza y la destrucción del medio ambiente.
Cristián Gutiérrez, Economista de Oceana.
