Antes de que el proyecto de construir centrales en Aisén haya sido debatido por las comunidades local y nacional, vemos que ciertas autoridades actúan como si ya se hubiera aprobado. Es decir, dan por sentada que ésta es la solución energética que Chile necesita, sin discusión pública y sin que siquiera los organismos competentes del Estado se hayan impuesto de las características del proyecto.
Así por lo menos sucedió con algunos planteamientos de la ministra de Energía, Karen Poniachik y, más explícitamente, con el anuncio del ministro Eduardo Bitran sobre el camino por Pumalín, donde anunció un diseño que permitiera el paso de las líneas de transmisión de los proyectos hidroeléctricos que se estudian en el sur del país.
Nos preocupa ese apuro, sobre todo porque creemos que la región de Aisén tiene enormes oportunidades y enormes amenazas. Se trata de una zona opulenta en riquezas que tiene todas las potencialidades para avanzar hacia un mayor bienestar de la población. Sin embargo, no pueden menospreciarse las amenazas medioambientales y, en ese sentido, la construcción de las mega represas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua será, indudablemente, un proyecto que puede cambiar la fisonomía de la región. Y en esto hay que ser muy claro: ya no es presentable un concepto de desarrollo que no da empleo, que no permite al Estado reinvertir socialmente, que destruye las riquezas naturales y que deja a la población local fuera de los beneficios. Las respuestas de la autoridad a estas interrogantes no pueden ser a medias, puesto que la historia reciente registra muchas aberraciones ambientales de las que nadie ha asumido la responsabilidad política.
Por la naturaleza de los emprendimientos con implicancias ambientales y por las características de nuestra legislación, la apuesta de la autoridad en estos megaproyectos ha sido instalar la legitimidad lentamente, como sea, y, respecto a la población local, dejar que el tiempo borre las heridas. El ministro Bitran parece hacer lo mismo al abrir la puerta a las centrales antes de que las instituciones competentes evalúen el proyecto. No nos pasemos de listos. Porque, en nombre de la franqueza, esa misma conducta sirvió antes para que se aprobaran proyectos que hasta el día de hoy afectan a comunidades. Sería bueno que la opinión pública indagara qué pasa hoy con la planta de Celco en Valdivia o con las comunidades indígenas «relocalizadas» después de Ralco. Nos encontraríamos seguramente con que, una vez resuelto el problema político, los abusos e incumplimientos siguen gozando de buena salud. Esto no hubiera sucedido si el país supiera, de antemano, los efectos negativos de lo que se quería hacer.
Respecto al caso Aisén, sindicado por algunos como la única posibilidad en un contexto de crisis, habría que decir que la demanda energética no es algo que surja en forma natural y espontánea. Es el fruto de decisiones de largo plazo y de opciones macroecónomicas. En el caso de nuestro país, la mayor parte de la demanda energética proviene de industrias especializadas en la explotación y procesamiento primario de recursos naturales y materias primas, especialmente la minería. Es decir, el mismo sector que, en el ámbito privado, es cuestionado por generar escaso empleo, por no pagar impuestos ni royalties, y por causar graves impactos ambientales. Dicho de otra manera, la gran mayoría de la población, suceda lo que suceda, no experimentará incrementos significativos en sus ingresos ni en su consumo energético.
La otra cara de esta medalla debe servir no sólo para mirar en perspectiva ciertas promesas en nombre del desarrollo, sino también para que Aisén aprecie sus oportunidades turísticas enormes, en un esquema en el cual el medioambiente no es un impedimento, sino una gran oportunidad. Se trata de una región enorme y todavía inasible, que debe hacer una reflexión muy profunda sobre las oportunidades que eso implica.
Para que la deliberación de la comunidad local se produzca, es imprescindible que la autoridad garantice que la ciudadanía se informe y opine respecto de los proyectos de Endesa, porque existen muchas aprehensiones. Respecto al tema de las represas, he visto durante mi última visita a Aisén que ahí, al igual que en los temas ambientales de mi región, hay debate desinformado. No se puede seguir obrando sobre proyectos tan cruciales como si la ciudadanía no existiera. Lamento que los temas medioambientales se hagan de espalda a la opinión pública y espero, por el respeto a los habitantes de la región, que se entregue la información completa y oportuna, donde no sólo estén considerados los beneficios, sino también los costos que se pagarán si este proyecto se llegara a concretar.
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Marco Enríquez-Ominami, diputado.
