La decisión presidencial de no someter el funeral de Augusto Pinochet Ugarte a los protocolos reservados a los jefes de Estado implica una decisión doctrinaria trascendente para el sistema democrático: los honores de Estado están reservados sólo para aquellos mandatarios cuya ascensión al poder ocurre mediante vías constitucionales y no a través de golpes de Estado o actuaciones ilegítimas de fuerza.
Tampoco están disponibles para personajes que, al momento de fallecer, están siendo enjuiciados por la comisión de los más graves delitos existentes contra los derechos humanos y por delitos contra la propiedad fiscal. En el caso de Pinochet, aunque no alcanzaron a dictarse sentencias condenatorias en su contra, judicialmente existen presunciones fundadas de su participación como autor de muchos de dichos crímenes.
Por su parte, el Ejército ha decidido, y el Ejecutivo ha refrendado, que a Pinochet se le rindan honores militares, descuidándose el hecho que dichas ritualidades también son públicas, y son -y debieran ser- parte de la doctrina del Estado sobre el mundo militar y el uso de la fuerza legítima. Doctrina que señala cómo ejercerla, siempre con estricto apego a la ley, la Constitución y el honor militar.
Tales honores se pierden de acuerdo a reglas militares estrictas, juzgadas por las propias instituciones. En este caso puntual, es el propio Ejército el que debería asumir si está actuando conforme a doctrina y si ella es coherente con los principios y valores que sostiene hoy el Estado chileno, más allá de cualquier consideración de amistad o camaradería.
Augusto Pinochet Ugarte, en estricto rigor, es un personaje del siglo pasado, que perdió su relevancia política real con su derrota en el plebiscito de 1988. Sin embargo, las ambigüedades de la transición chilena a la democracia le permitieron mantenerse como comandante en jefe del Ejército hasta 1998 y usar a su institución castrense como un instrumento para asegurar su perfil político y su proyección mediática, que resultaron humillantes para la ciudadanía, un remanente indebido de su antiguo poder absoluto y un atraso profesional incalculable para el Ejército.
Utilizando los residuos de temor social dejado por sus masivas violaciones a los derechos humanos, siguió jugando un papel de amedrentador. Basta recordar al respecto los denominados ejercicio de enlace y boinazo, papel que sólo resulta explicable por los yerros del poder civil en los temas militares y la incondicionalidad (hasta poco después de su detención en Londres) de los poderes económicos beneficiados con su régimen.
De ahí la importancia del paso adelante dado por la Presidenta Bachelet en materia de doctrina democrática, de cara al siglo XXI, al negar a Pinochet Ugarte un funeral reservado a los ex jefes de Estado, porque viene a suplir omisiones de los gobiernos anteriores y, más allá de las críticas que hará la oposición, fija las condiciones para que se entienda el significado de los honores republicanos.
Lo que debe ayudar a que los propios militares miren con sentido crítico su realidad y juzguen si las violaciones a los reglamentos militares y a los derechos humanos, las mentiras constantes y la apropiación o uso indebido de los bienes públicos por cualquier militar, de cualquier rango, no son causa suficiente para privarlo de los honores con que se premia a los mejores.
Resulta paradójico que el deceso del anciano dictador se haya producido justo un 10 de diciembre, fecha aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
