A comienzos del año 2007 la opinión pública conoció el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que consigna información científica, análisis y recomendaciones respecto a cómo enfrentar un escenario actual y futuro cambiante. Según este Informe, durante el presente siglo viviremos situaciones complejas en todo el planeta, que incluyen aumento de las temperaturas, derretimiento de glaciares, aumento en el nivel del mar y disminución de la disponibilidad de agua para consumo humano, por mencionar sólo algunas.
Si bien la información entregada proyecta escenarios futuros, también hace énfasis en que éstos pueden ser más o menos severos, dependiendo de las acciones que tomemos hoy a nivel global y local para mitigar estos impactos. Con el objetivo de amortiguar los efectos del calentamiento global, se proponen acciones orientadas a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global y por ende de los cambios climáticos.
Los países en vías de desarrollo, como Chile, también pueden generar acciones y tomar medidas para minimizar los efectos del cambo climático. Entre los países desarrollados la disminución de emisiones está centrada en controlar los procesos industriales. En América Latina, la emisión de los gases de efecto invernadero está asociada a la deforestación y al cambio de uso de suelo, por tanto es allí donde se debe actuar. Detener la deforestación, promover el mantenimiento y aumento de las superficies boscosas, proteger las cuencas hidrográficas, proteger los glaciares y frenar procesos erosivos son las tareas prioritarias que deben asumir países como el nuestro.
Chile responde a la tipificación de vulnerabilidad que establece la Convención de Cambio Climático, que corresponde a países con zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas altamente contaminadas; y ecosistemas frágiles. Adoptar acciones para mitigar los efectos del calentamiento global es una tarea que debemos asumir como país; es una cuestión que debe tomarse en cuenta a la hora de generar políticas y proponer nuevas regulaciones o modificar las ya existentes. Es importante entender que si bien no cargamos con una responsabilidad significativa en cuanto a las causas del cambio climático, sí podemos generar acciones locales para mitigar o amortiguar estos cambios.
En este sentido, la promulgación de una Ley de Bosque Nativo adquiere una nueva dimensión. Este cuerpo legal, que ya cumplió 15 años de tramitación en el Parlamento, puede ser un instrumento legal que además de cumplir con los objetivos de protección, conservación y manejo de nuestro patrimonio forestal nativo, puede aplicarse para combatir los efectos del calentamiento global.
Fomentar la recuperación del bosque nativo adquiere un nuevo significado; no sólo estamos cuidando y mejorando las condiciones del patrimonio forestal, también podemos incidir en promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y asegurar el mantenimiento del recurso hídrico. La protección y mantenimiento de glaciares y cursos de agua se convierte en una tarea prioritaria en un escenario en que se pronostica un severo déficit en la disponibilidad de este recurso.
Una de las formas de cuidar el recurso hídrico es proteger las cabeceras de cuencas, así como establecer franjas de bosque nativo a los costados de los cursos de agua, asegurando que exista una zona de transición entre el ecosistema acuático y el terrestre. Garantizar la existencia de una franja de protección es de gran importancia, pues es en esta zona de transición entre ecosistemas donde se concentra una mayor diversidad de especies y se originan importantes procesos ecológicos que nos brindan bienes y servicios; es aquí, además, donde se pueden establecer corredores biológicos. Una franja de protección evita la erosión y protege el recurso, ayudando al mantenimiento de lo caudales y evitando el arrastre de sedimentos hacia los cursos de agua.
En un escenario cambiante, donde se pronostica para Chile un aumento de la desertificación, se debe actuar con la máxima precaución y tomar medidas que resguarden de la mejor forma nuestro patrimonio forestal e hídrico. La Ley de Bosque no debe permitir la intervención de franjas de bosques a los costados de los cauces, pues es sabido que esto podría representar un daño irreparable para el mantenimiento de un elemento tan vital y estratégico como el agua. En este sentido, los parlamentarios y el gobierno deben asumir la responsabilidad de actuar con la mayor precaución a la hora de determinar la forma en que el proyecto de ley sobre recuperación y fomento del bosque nativo protegerá el patrimonio forestal y los recursos hídricos del país.
En efecto, la actual discusión en el Parlamento sobre el proyecto de ley cobra una importancia que va más allá de la protección y el uso sustentable del bosque nativo, pues se abre la posibilidad de que este cuerpo legal juegue un rol muy importante en la generación de acciones para mitigar los efectos del calentamiento global. Hoy más que nunca es necesario dejar de ver el bosque como un recurso solamente maderable, y comprender que cumple muchas funciones y brinda una serie de bienes y servicios. Son justamente estos servicios ecosistémicos los que se ven amenazados en un escenario dominado por el cambio climático. Esto abre una posibilidad real que, dentro de la discusión legislativa hoy en curso, se generen acciones significativas de conservación del recurso hídrico, protección del patrimonio forestal y mantenimiento de los servicios ecosistémicos del bosque.
El proyecto de ley sobre recuperación y fomento del bosque nativo es a estas alturas el proyecto de más larga tramitación parlamentaria actualmente en discusión. Hoy existe la posibilidad no sólo de poner fin a esta larga espera, sino que de hacer un significativo aporte, desde la perspectiva nacional, a un problema global.
________
Flavia Liberona. Coordinadora Nacional Ecosistemas
