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La transparencia y la política exterior de Chile

por 22 octubre 2010

La transparencia y la política exterior de Chile
Tampoco es compatible con el interés nacional, tener una política exterior impregnada de intereses corporativos empresariales, que saltan detrás de cada declaración de las autoridades nacionales, como realidad o sospecha, o son explotados por nacionalismos exacerbados de los cuales la región está llena.

La transparencia no solo es un requerimiento indispensable para cautelar la probidad en el ejercicio de las funciones públicas. Es también, tratándose de política exterior y Defensa, un requisito político fundamental para resguardar el interés nacional y cuidar los mecanismos y procedimientos en las relaciones con otros países.

En el caso de las relaciones con el Perú, es esencial que ellas estén al margen de aristas que agreguen hechos interpretativos innecesarios a la tensión que involucra el juicio pendiente por límites ante un tribunal internacional.

El caso del Ministro de Defensa Jaime Ravinet y su vínculo accionario con la Empresa Geotec, especialista en perforaciones mineras,  no informado debidamente en su declaración de intereses al momento de asumir el cargo, es uno de aquellos en que la transparencia es fundamental.

En política exterior la certidumbre proviene esencialmente de controlar los riesgos e imprevistos lo más posible, cosa que es a lo primero que atiende un ministro de Defensa.

No porque ser propietario accionario de Geotec, empresa con importantes trabajos en la minería peruana, sea un hecho negativo en sí. Sino porque ser Ministro de Defensa tiene una carga política adicional a la probidad, cual es la plena transparencia política en sus actuaciones, como soporte de la confianza que debe incentivar el país.

Si algo que se debía informar por ley no se hace, aunque sea por error u omisión, siempre es susceptible de doble interpretación, lo que en este caso, lesiona la transparencia del Ministerio de Defensa, que es prioritario para el interés nacional y las buenas relaciones vecinales.

La concepción decimonónica de la soberanía consideraba que temas de esta naturaleza eran solo un problema interno de los países. E incluso se justificaba como lógico que se designara representante diplomático del país a una persona que tenía intereses en ese tercer Estado, pues no solamente esto no afectaba las relaciones sino que las hacía más sólidas.

Tal idea se encuentra totalmente en desuso. La política exterior moderna está impregnada de un concepto más blando de soberanía, entre otras cosas porque es extremadamente veloz y técnica, con activa participación de los propios gobernantes, además de redes privadas de ciudadanos y empresarios, lo que requiere de diplomáticos profesionales y de una separación total y absoluta entre negocios privados y representación pública.

En Chile, la política exterior toca esta sensibilidad en la triada Presidencia de la República, Cancillería y Defensa, que es donde se definen sus líneas estratégicas. Y en ese sentido, no debieran existir en estos tres ámbitos, situaciones privadas no informadas o que afecten o pudieran afectar la tensa agenda oficial que Chile tiene con Perú. En política exterior la certidumbre proviene esencialmente de controlar los riesgos e imprevistos lo más posible, cosa que es a lo primero que atiende un ministro de Defensa.

La cooperación minera, entre otras, puede llegar a ser enormemente fructífera entre Chile y Perú, sobre todo ahora que  este están tomando decisiones importantes para ejecutar una cartera de proyectos con inversiones cercanas a los 17 mil millones de dólares en la minería del cobre.

Pero este camino no es compatible con el aumento del gasto militar, cuya matriz central se define en el Ministerio de Defensa. Ni tampoco con una orientación agresiva en la definición de lo que es disuasión como principio de la política de defensa que trasunta el Tercer Libro de la Defensa Nacional, aprobado recientemente.

Tampoco es compatible con el interés nacional, tener una política exterior impregnada de intereses corporativos empresariales, que saltan detrás de cada declaración de las autoridades nacionales, como realidad o sospecha, o son explotados por nacionalismos exacerbados de los cuales la región está llena.

De ahí la virtud política de la transparencia, que se agrega al requisito de probidad pública.

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