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La coherencia del nuevo gabinete con la Constitución del 80

por 22 julio, 2011

La coherencia del nuevo gabinete con la Constitución del 80
Lo que de verdad importa ahora es una gerencia administrativa del Estado que garantice la eficiencia y salud de los mercados en un ambiente de orden social. Eso pasa por las facultades y competencias de los ministerios, y una Hacienda pública que puede disponer con tranquilidad de un elevado presupuesto como nunca en la historia del país. Si esta gerencia logra transformar en clientes a los municipios y gobiernos locales, las condiciones de la contra reforma están dadas.
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“El Presidente no dio su brazo a torcer y ratificó a Hinzpeter” dicen unos. “La UDI logró su objetivo” dicen otros. “Pablo Longueira es una animal político impredecible que entró jaqueando a La Moneda” concuerdan los más. “El gobierno ha vaciado el Senado e inaugurado las sillas musicales” alegan en la oposición.  De todo tienen las interpretaciones  del cambio de gabinete. La verdad, nada estructural o demasiado profundo. Todos efectos de auditorio dentro de un mismo guión político.

Los desacuerdos entre la UDI y el Presidente no son estratégicos sino de formas y, por lo tanto, temas más, temas menos, se reafirma la idea de volver a la esencia de la Constitución de 1980, redefiniendo tácticas sobre la forma de gobernar y el papel  político de los partidos del oficialismo.

El modelo original de la Constitución de 1980 es un presidencialismo fuerte, un Congreso débil, figurativo, sin atribuciones y de baja representatividad, y una administración pública centralista, que distribuye los recursos de manera discrecional a poderes locales autoritarios y clientelizados, sin ninguna autonomía ciudadana. Tal fue el  diseño constitucional del gremialismo, y esa es la convicción de la UDI.

En ella, la percepción instrumental sobre el Congreso no constituye un problema.  Si hasta ganar la Presidencia de la República se usó, es porque no había otra trinchera política disponible ni otra arena para actuar en política. El sistema binominal garantizaba, además, el mejor resultado con el menor esfuerzo. Conquistada la presidencia el eje de poder cambia y no es un problema abandonar una diputación o una senaduría.

La UDI quiere ser  parte directa de la administración del poder, el real, el que está en los ministerios y en el presupuesto del Estado. Para eso diseñó y se preparó desde antes de la vuelta a la democracia, y no está dispuesta a correr el riesgo de un gobierno episódico como parece ser el actual.

Con ello es efectiva la crítica de la oposición de que para la derecha el ejercicio del poder no se ancla en la representación ciudadana. Aunque resulta ingenua la presunción de que ello sería diferente una vez en el poder. En posesión de un gobierno electoralmente legítimo y dueños del poder económico, no necesitan mayormente del Parlamento.

Lo que de verdad importa ahora es una gerencia administrativa del Estado que garantice la eficiencia y salud de los mercados en un ambiente de orden social. Eso pasa por las facultades y competencias de los ministerios,  y una Hacienda pública que puede disponer con tranquilidad de un elevado presupuesto como nunca en la historia del país. Si esta gerencia logra transformar en clientes a los municipios y gobiernos locales, las condiciones de la contra reforma están dadas.

En esa coyuntura, tanto el Congreso débil como el sistema binominal recuperan el  carácter funcional de su diseño original. Ser un espacio entrabado, empatado políticamente, y con una base social clientelizada. Y si la correlación de fuerzas cambia, todavía está el Tribunal Constitucional, consolidado como órgano de contra mayoría. Así ha estado actuando en la práctica el Gobierno desde que asumió y así parece lo seguirá haciendo.

Por lo tanto, la primera consecuencia desde el punto de vista estratégico es que se cierra el camino a reformas políticas de importancia.  Más aún, las ya aprobadas como la inscripción automática y el voto voluntario, se verían retardadas con argumentos técnicos, tratando de evitar un padrón electoral ampliado que complique las elecciones municipales del próximo año.

Un segundo aspecto es que hay que hacerse cargo del malestar ciudadano y de las manifestaciones que van en alza. La derecha es pragmática y si bien los temas de legitimidad y representación no son su principal preocupación, sí sabe que un gobierno impopular pierde el control electoral.

El realismo político del nuevo ministro de Economía, Pablo Longueira, que lo lleva a situarse en la vereda del frente de La Moneda en los temas de los consumidores es coherente con un Estado centralista y autoritario, que requiere mantener el control. Incluso más, le resuelve un problema político al diseño de La Moneda en materia de vínculo social.

Si bien ello es parte de una tensión interna del oficialismo, ayuda globalmente al Gobierno. Los que piensan que lo actuado por Longueira es un desmarque están equivocados. Solo es una toma de posiciones dentro de un mismo rumbo estratégico.

Al senador Longueira nunca se le ocurrió fortalecer con leyes y recursos a las asociaciones de consumidores o sancionar penalmente de manera más drástica a los ladrones de cuello y corbata. En frío, en su actuar termina primando la aversión al poder autónomo de los ciudadanos. Defenderlos sí, empoderarlos nunca, ese es el lema.

Finalmente, las exigencias de la UDI en el cambio de gabinete van más allá del debate de la popularidad del gobierno. Mientras el Presidente y su equipo se dejan llevar por la practicidad empresarial en el manejo del aparato del Estado orientado a los nuevos negocios, la UDI se preocupa por el marco lógico de la gestión política que les permita un control de largo plazo.

Al equipo presidencial le interesan los aspectos empresariales y el uso intensivo de la administración del Estado para privatizar lo que sea significativo como el caso de las empresas sanitarias,  y apuntar a  sectores principales de la economía chilena como la minería y la energía. No se  puede descartar una acción oblicua del Estado para introducir capitales privados en Codelco, abrir la concesionabilidad del litio o generar una “carretera pública de la energía” que favorezca las inversiones privadas en el sector.

Pero todo ello es coherente con lo planteado por la UDI. Lo que esta reclama es poner una mayor atención a las formas de cómo se hacen las cosas y la atención que se da a  las necesidades de la clientela social y política de la Alianza. Cuidando incluso de que no haya conflicto de intereses, como quedó demostrado con la renuncia de Fernando Echeverría a la cartera de Energía, quien duró menos de 72 horas en el cargo.

La UDI quiere ser  parte directa de la administración del poder, el real, el que está en los ministerios y en el presupuesto del Estado. Para eso diseñó y se preparó desde antes de la vuelta a la democracia, y no está dispuesta a correr el riesgo de un gobierno episódico como parece ser el actual. Si el populismo es la solución, bienvenido sea, ha dicho Pablo Longueira. Por su parte, la oposición falla una vez más tratando de atrincherarse en el Congreso. A este gobierno parece importarle bastante poco y solamente de manera instrumental.

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