Seremos testigos, entonces, de un hecho histórico. Nuestros jueces pidiendo disculpas por no ser imparciales, por escuchar más a sus prejuicios que a sus deberes.
Como esperaban todos los conocedores del caso Atala, incluyendo el Gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vuelve a dejar en vergüenza el status conservador de Chile, como lo hizo en el pasado en el histórico fallo por la censura a La Ultima Tentación de Cristo. Independiente de las interpretaciones que hizo el vocero de la Corte Suprema, el fallo es claro: Karen Atala fue privada de sus derechos y vejada en virtud de sus preferencias sexuales, lo que contradice no solamente los tratados internacionales, sino la propia Constitución chilena.
Pero un análisis más político de la resolución deja varias señales que hay que mirar con interés por los efectos que tendrá. En primer lugar, el Gobierno corrió a anotarse un triunfo, pues a diferencia del caso de La Última Tentación, el fallo no cuestiona las leyes chilenas, por lo que no hay obligación de efectuar cambios legales, que era una de las expectativas que tenían de las organizaciones defensoras de derechos de las minorías sexuales. Esto da un respiro al Gobierno en la dura discusión que se viene sobre la Ley Antidiscriminación y la agenda sobre la vida en común de personas del mismo sexo, asunto que no solamente está en el tapete, sino que será parte de la discusión de la ya adelantada campaña presidencial. Probablemente, los precandidatos conservadores de los dos lados del espectro político, van a respirar aliviados.
[cita]Respecto a la Corte Suprema, la CIDH le dedica duras palabras, al también calificarla de tomar decisiones basada en prejuicios y suposiciones sin criterio científico o de racionalidad.[/cita]
Pero quienes no debieran dormir tranquilos, son los jueces de la Corte Suprema, quienes parecen simplemente autistas ante el mazazo recibido desde Costa Rica. La declaración entregada por su vocero da a sospechar o que no leyeron el fallo o simplemente quieren ignorarlo y esperar que pase la ola de la conmoción pública. No va a ser tan fácil esta estrategia. Veamos por qué.
Un primer punto es el proceso disciplinario que la Corte de Apelaciones de Temuco formuló cargos disciplinarios contra la jueza. Entre varias aseveraciones que realiza la CIDH hace ver que quienes redactaron el informe contra la jueza “dejaron plasmada su posición personal respecto a la orientación sexual de la señora Atala en un ámbito disciplinario en el que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho “.
Peor aún, respecto a la Corte Suprema, la CIDH le dedica duras palabras, al también calificarla de tomar decisiones basada en prejuicios y suposiciones sin criterio científico o de racionalidad. Textualmente en uno de sus puntos más duros dice que “exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad.” O sea, la Corte Suprema parece pensar igual que la Senadora Von Baer respecto a que el rol de la mujer es “prestar el cuerpo”, frase que redituó a la senadora designada como un hit en las redes sociales.
En las medidas reparatorias que exige la CIDH al Estado chileno, llama la atención la exigencia de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, que involucre a las más altas autoridades y representantes del Poder Judicial, al cual pueden asistir las víctimas y las organizaciones que las representaron. Más aún, el diseño de dicho acto debe ser consultado con las víctimas y el plazo que impuso la Corte es de un año, por lo que una disculpa como la que hizo la Iglesia por el juicio a Galileo, siglos después, es imposible.
Claramente la reciente declaración del Poder Judicial sobre el caso Atala la coloca muy lejos de esa constricción pública a la que está obligada.
El Poder Judicial no tiene a su favor la calle. Las encuestas de valoración de las instituciones lo muestran de manera sostenida en los peores lugares de evaluación por parte de la ciudadanía. Tienen pendiente la cuenta de no haber resguardado los derechos de las víctimas de los derechos humanos en la época de la dictadura, y las peores frases de un presidente de la Corte Suprema desconociendo la existencia de detenidos desaparecidos, no han tenido una respuesta corporativa de disculpas por parte de los jueces. Más aún, el actual Presidente de la Corte Suprema, elegido entre sus pares, participó en Consejos de Guerra, una situación que sería inaceptable en otros países que pasaron situaciones similares a las que vivió Chile entre 1973 y 1990. El reciente caso donde un destacado juez dice que si denuncian un caso de colusión al Ministerio Público “nos vamos a las pailas” ratifica las sospechas de la opinión pública sobre ellos.
Pero ahora es distinto. Deben pedir disculpas públicas, en presencia de las víctimas, y el Gobierno, en voz de su Ministro de Justicia se apresuró a decir que cumplirán cuanto antes las medidas reparatorias que exigió la Corte, lo que coloca a los jueces en duros aprietos.
Hoy en día, las instituciones no están en condiciones de soslayar estas obligaciones con la ciudadanía. El cuestionamiento general que sufren todas, incluyendo el Poder Judicial, las obliga a no esperar el paso del tiempo y el olvido.
Seremos testigos, entonces, de un hecho histórico. Nuestros jueces pidiendo disculpas por no ser imparciales, por escuchar más a sus prejuicios que a sus deberes. Probablemente las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que nunca tuvieron una disculpa pública de parte del Poder Judicial por no haber cumplido con su deber en los años de Pinochet, deberán entonces agradecerle a la Jueza Atala la dura lucha que tuvo que dar para que se reconociera la injusticia de la que fue víctima.
