Claramente la instauración democrática en el Chile iniciada el 5 de octubre y ratificada con la elección del Presidente Aylwin en 1989, no fue un retorno al régimen democrático anterior a 1973, en lo fundamental debido a los enormes y profundos cambios experimentados por el país durante el gobierno cívico-militar. Era, usando un término de Carlos Huneeus, el inicio de la “disolución de la democracia protegida”.
El 5 de octubre de 1988 es una fecha simbólica en la historia de Chile. Es la fecha en que comienza la transición a la democracia después de más de 15 años de un brutal régimen cívico-militar y su consagrada revolución neoliberal.
No fue el inicio de una transición fácil a pesar de que la Guerra Fría estaba extinguiéndose y estaba bien avanzada la tercera ola democratizadora en el mundo parafraseando a Huntington. Chile enfrentaba una coyuntura política bastante crítica y compleja. Para esta fecha el escenario nacional mostraba el desgaste y la deslegitimación del régimen cívico-militar. Así, en medio de la presión internacional y del cansancio y movilización creciente de la población contra las arbitrariedades y la falta de libertad, tras la recuperación relativa de la crisis económica de 1982, el modelo económico no había logrado chorrear para alrededor del 40 % de la población que vivía bajo la línea de la pobreza a pesar del enorme gasto público en 1988.
El régimen también había fracasado en la eliminación del tradicional sistema de partidos en la perspectiva del nuevo profesionalismo planteado (relación entre tecnócratas y militares). Estos estaban plenamente rearticulados y jugaban un rol proactivo como contrapoder al régimen cívico-militar.
Concordando con Samuel Valenzuela tres razones explican la ineficacia del régimen en el objetivo de eliminación del sistema de partidos. La primera, es que sus decisores asumieron equivocadamente que la identificación partidista, particularmente en la izquierda, podía explicarse simplemente por la pobreza (privación material) y que dado el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida se socavarían dichos vínculos. Segundo, asumieron falsamente que una intensa represión y la desaparición de la política electoral y de partidos durante 15 años provocarían el fin de los partidos políticos. Sin embargo, los partidos no desaparecieron, sino que se expresaron en otras esferas (asociaciones gremiales y de vecinos, sindicatos, grupos estudiantiles, agrupaciones culturales y religiosas, etc.). Por último, también percibieron erróneamente que podían transformar el sistema de partidos sirviéndose de la ingeniería legal y constitucional, cosa que no ocurrió sino que condujo a la creación de coaliciones.
[cita]Claramente la instauración democrática en el Chile iniciada el 5 de octubre y ratificada con la elección del Presidente Aylwin en 1989, no fue un retorno al régimen democrático anterior a 1973, en lo fundamental debido a los enormes y profundos cambios experimentados por el país durante el gobierno cívico-militar. Era, usando un término de Carlos Huneeus, el inicio de la “disolución de la democracia protegida”.[/cita]
Otro hecho relevante del período fue el acercamiento de la oposición a partir de la moderación ideológica de los partidos. Así en parte del socialismo y de la izquierda se da una renovación ideológica temprana que lo hace romper con parte del proyecto histórico de la Unidad Popular (particularmente la alianza comunista-socialista o llamado eje de clases) y con ello se produce una revalorización de la democracia (incluyendo su fragilidad) y de la necesidad de estabilidad y de mayorías para la promoción de cambios. Favorece este acercamiento también el tránsito de la Democracia Cristiana desde una triple perspectiva: se seculariza, flexibiliza su esencia programática-refundacional y cambia su relación con el régimen al pasar de una postura mayoritaria “justificadora” en 1974 (exceptuando los 13 dirigentes que condenaron y algunas bases), pasando por un bajo perfil (solidario en esencia) en espera de una salida pactada en 1977 (esta fecha coincide con el Decreto Ley 1.697 y la represión a la DC), hasta la opción por la movilización pacífica bajo la dirección de Gabriel Valdés. Por último están los lazos creados en la lucha contra la dictadura y que Gabriel Valdés grafica bien al hablar sobre la Concertación (Ortega, 1992): “Nuestra propuesta viene germinando desde hace varios años. Se inició con la aproximación humana de hombres políticos que habían combatido por años sin dar ni pedir cuartel. Se cultivó en la solidaridad con los detenidos, los perseguidos y los exiliados. Se conquistó en la vida sindical amenazada constantemente por la represión y la cesantía. Se perfeccionó comparando experiencias de países que transitaban hacia la democracia o ya la habían conquistado. Nos alentó la rebeldía de los universitarios y los jóvenes. El coraje de las mujeres de los desaparecidos. Nos cambió el orden de nuestra vida los testimonios frente al abuso, el engaño y la crueldad. Obispos, sacerdotes, artistas, dirigentes de sindicatos de las poblaciones y del campo, profesionales, hombres políticos, rostros conocidos o anónimos, fueron los afluentes de este río cuyo cauce se ‘ha hecho camino al andar”.
Este encuentro opositor facilitó e impulsó la irrupción en la escena política de un gran movimiento popular (trabajadores, estudiantes, colegios profesionales, pobladores), como se percibe ya el 18 de noviembre de 1983 en el acto de la Alianza Democrática en el Parque O’Higgins y que fue considerado el más masivo desde el Golpe de 1973 (se estimó que asistieron unas 500 mil personas) o en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo de 1984, donde asistieron unas 250 mil personas al mismo parque.
La conflictividad del escenario político se complejizaba aún más con la presencia de organizaciones armadas como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y en menor medida del grupo Lautaro y del MIR, grupos con instrucción en diversos países socialistas y con prácticas de combate en Centroamérica y África. El FPMR, por ejemplo, ya en diciembre de 1983 había causando un apagón a nivel nacional y para octubre de 1984 había ejecutado 1.889 acciones. Y si bien estuvo en condiciones de operar en un 100 % a mediados de 1985, el fracaso en la internación masiva de armas por Carrizal (90 % fueran descubiertas por fuerzas de seguridad) unido al frustrado atentado a Pinochet (7 de diciembre) en la llamada “Operación Siglo XX”, terminaron con la unidad del FPMR, el distanciamiento del PC y una fuerte represión que resulta en la muerte de connotados opositores. Ello, si bien mermó, no terminó con la capacidad militar de estas agrupaciones.
Ante la intransigencia del régimen de abrir espacios de participación, entonces, uno de los escenarios que se planteó como posible salida a la dictadura en ese entonces, fue la “centroamericanización” del proceso político: es decir, una salida violenta con la presencia del componente militar y con un resultado incierto y sin duda nefasto.
Sin embargo y tratando de evitar la polarización, ya en 1986 la mayoría de la oposición se había dado cuenta de que mientras existiera cohesión en las FF.AA. (en particular en el Ejército) y sin una avasalladora presión social, tendrían que ajustarse a los plazos entregados por el régimen en la Constitución de 1980. Por ello se pensó con un criterio realista en la estrategia de una salida moderada que consistía en ir democratizando la sociedad desde abajo y aprovechar la pequeña luz institucional que proveía la misma Carta Magna (disposiciones transitorias 27 a 29) que había sido aprobada sin las mínimas garantías democráticas. Esta era aprovechar la realización del plebiscito contemplado y cambiar su propósito originario que era perpetuar el régimen militar y prolongar la continuidad de Pinochet por ocho años más hasta 1997 (Arrate, 2004).
En esta perspectiva, en 1986, en un acto de la Federación de Colegios Profesionales se propone crear la “Asamblea Nacional de la Civilidad”, la cual formularía la “Demanda de Chile”. Una vez creada y entregado el documento-petitorio al gobierno, éste lo desestima y la oposición llama a nuevas protestas y manifestaciones pacíficas.
Preocupado del devenir político y, en particular, por este evento, en 1988 Pinochet nombra por segunda vez a Sergio Fernández como ministro del Interior (ocupó ese cargo entre 1978-1982) con el propósito de preparar el plebiscito y cumplir el objetivo de proyectar al régimen y su figura central más allá del 2000. “El Supremo” parafraseando al escritor Augusto Roa Bastos y los más allegados al gobierno percibían el plebiscito como un mero trámite legitimador a partir de un supuesto control sociedad y del proceso eleccionario y de la creencia de que el chorreo económico del modelo tendería a inhibir las expectativas políticas de democratización en pro de un eje más individualista de bienestar (base de la ideología neoliberal y de democracia protegida).
Sin embargo, la dinámica del escenario político conspiraba para consagrar la hipótesis central de continuidad que manejaba Pinochet y sus más cercanos por razones diversas.
Además de la maduración política opositora expresada en la consolidación de referentes políticos y sociales amplios y con expresividad pública (movilizaciones), esta vez también se partía con el disenso de la Junta Militar en términos de la elección del candidato y la forma de proyección de régimen: pensaban que con Pinochet se perdería el plebiscito como lo declarara más tarde el general Matthei, ex Comandante el Jefe de la Fuerza Aérea de entonces (La Tercera 17/08/2003). Incluso más y demostrando una cierta apertura al cambio, el general Matthei también había percibido que esta era una coyuntura favorable para sacar a las FF.AA. de la política, al menos de la contingente, a partir de los efectos negativos que su participación en la contingencia estaba teniendo en la disciplina y en las capacidades profesionales (los militares están formados para la defensa y no el orden público).
Por otra parte, la tradición democrático-legalista que prima en el ADN de la cultura estratégica chilena unido a las expresiones del escenario político principal y de los sub escenarios, llevaron a la propia derecha civil a buscar la unidad y prepararse para este evento, favoreciendo un protagonismo propio que la alejaba y, por lo mismo, afectaba al candidato oficial del régimen.
En esta perspectiva, en enero de 1987, el presidente del Movimiento Unión Nacional (MUN), Andrés Allamand, daba a conocer una declaración titulada “El Imperativo de la Unidad Nacional”, donde llamaba a los otros partidos y movimientos a formar una organización de unidad. A pesar de desconfianzas que nunca se superarían, en febrero se anunciaba la fusión oficial del MUN con la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Frente Nacional de Trabajadores (FNT). El MUN y el PN tomaron una ruta autónoma a partir del no apoyo de Pinochet a las iniciativas de “diálogo” de Jarpa y al acentuarse las discrepancias con la política económica. El MUN y PN se colocaron en una posición de “apoyo crítico al régimen” e impulsaron cambios “democratizadores” (ya en 1984 el MUN había firmado el Acuerdo Nacional con los partidos de oposición).
Al final, esto termina conformando una suerte de coalición liberalizante como las denomina O’Donnell, es decir fuerzas internas del régimen que empiezan a apoyar cambios. Sin embargo, y tal como lo plantea Moulián (2002: 215), también la derecha tenía una apuesta de plazo más largo; es decir buscaban las mejores condiciones para ganar tiempo político e intentaban ampliar el espacio de maniobra para llevar adelante, sin concesiones, las tareas pendientes de la modernización capitalista.
Otro factor que atentó a la continuidad de Pinochet fue el propio Tribunal Constitucional que tomó medidas controvertidas para ello (en particular para un plebiscito manejado) como la de septiembre de 1985 que resolvió que el plebiscito del 88 debería verificarse bajo la supervisión del Tribunal Calificador de Elecciones y otra, tomada el mismo 1988, donde, al revisar la ley enviada por el gobierno que regulaba las votaciones y escrutinios, agregó, entre otros, dos complementos significativos: la campaña debía durar 30 días y los medios de comunicación debían estar a disposición del los partidarios del gobierno, pero también de la oposición” (Otano 1995).
En esta dirección, también resaltaron las declaraciones en 1987 de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica animando a la población a inscribirse en los registros electorales, colocando un broche moral al evento, “santificando” la participación para unos y limitando las acciones restrictivas para otros. Este hecho fue complementado con el anuncio de la Iglesia de cuatro condiciones básicas para que el plebiscito gozara de legitimidad: que hubiese suficientes inscritos, que todos los sectores de oposición tuvieran acceso a los medios de comunicación, que se excluyera toda presión en la emisión del voto, y que la recepción del voto y los escrutinios se efectuaran con la debidas garantías para la oposición.
Por último, el contexto mostraba un aumento de la presión internacional a partir de la redemocratización de la región (tercera ola democratizadora) y de un contexto mundial donde se percibía el fin de la Guerra Fría con el proceso de reformas iniciado por Gorbachov en la Unión Soviética en 1985. Para el plebiscito llegaron al país cientos de observadores de gobiernos, instituciones internacionales, ONG y de medios de comunicación.
Estos y otros factores terminaron conspirando en contra de las creencias de Pinochet y sus cercanos de que el plebiscito sería un mero trámite. También sirvieron para inhibir las propuestas más radicalizadas de la oposición de entonces (izquierda más extrema) de una salida por las armas, así como de los duros del régimen en el uso del mismo método. Por último, reanclaron en el imaginario nacional la tradicional “vía institucional” como factor de cambio, en este caso de democratización.
La oposición y la ciudadanía para hacer frente a la disyuntiva político-electoral del plebiscito y con una mística épica (David contra Goliat) se organiza en diferentes referentes como el MIEL o “Mujeres Integradas por las Elecciones Libres” o el “Movimiento por la Democracia y las Elecciones Libres”, integrado por las juventudes de distintos partidos políticos. En 1987 Ricardo Lagos entrega la idea de crear una coalición de partidos para enfrentar el plebiscito. Si bien la idea no prospera inmediatamente, esta es tomada con fuerza más tarde por otros dirigentes de la oposición democrática.
El 15 de diciembre de 1987 y aprovechando la oportunidad que representaba el plebiscito, Ricardo Lagos junto a otros dirigentes opositores funda el Partido por la Democracia (PPD) como una organización política instrumental, cuyo objetivo fundamental era terminar con la dictadura y alcanzar nuevamente la democracia en Chile por medios políticos y pacíficos, en este caso movilizando a los chilenos para rechazara Pinochet en el plebiscito. Esto queda refrendado en la declaración de principios del PPD: “(…) reconoce como elemento básico de todo su accionar político, la búsqueda de la plena democracia, fundada en el ejercicio de la soberanía popular. Por tanto, sostiene que todo poder político sólo tiene legitimidad cuando se origina en la voluntad del pueblo, plenamente expresada en elecciones libres, directas, secretas, competitivas e informadas, tanto de Presidente de la República, como de Congreso Nacional y de autoridades municipales”.
La enorme diversidad política de sus fundadores, puesto que muchos de estos provenían desde militancias tan diversas como la comunista hasta nacionales de derecha, hizo difícil una definición política más allá de estos “grandes titulares”. Sin embargo, y luego del triunfo del plebiscito de 1988, el PPD muestra una importante aceptación ciudadana debido a los triunfos electorales y su novedosa agenda (temas ambientales, de la mujer, la cultura, la diversidad, etc.) y se perpetúa en el tiempo bajo un sentido reformulador de la tradición de la izquierda (un progresismo que transita entre el socioliberalismo y la socialdemocracia en el mundo de hoy).
Puestos en la disyuntiva política bipolar entre el Sí o el No a Pinochet y ya creado el PPD y movilizado el país, tras un arduo proceso de negociaciones y de creación de lazos de confianzas 17 partidos opositores más tradicionales y dispuesto a participar en estos comicios dieron nacimiento a la Concertación de Partidos por el NO el 2 de enero de 1988. Fundamental en el logro de este acuerdo es el encuentro entre el mundo laico y el cristiano refrendado en el eje Partido Socialista-Democracia Cristiana.
La derecha que apoyaba al régimen, entre tanto, se une por su parte a través de una declaración llamada “El Imperativo de la Unidad Nacional” para enfrentar el plebiscito, pero en lo profundo se preparaba para ser una alternativa para los cambios que se avecinaban. La hipótesis más atendible de esto último, tiene que ver con aquel pensamiento estratégico según el cual se puede afirmar que la visión política de equilibrar poderes y expectativas dentro de un proyecto de continuidad fue el punto de arranque de la nueva tendencia derechista, la que al constatar que la transición (ya formada la Concertación) no estaba hegemonizada por la izquierda, podía entonces cohabitar políticamente con la oposición que ya había comenzado a dirigir ciertos acontecimientos en cuyas dinámicas no había razón ni decisión para desarrollar mayores resistencias a los intereses del sistema. Ayudó también en esto el contexto del fin de los socialismos reales y el apogeo del Consenso de Washington, donde la mayoría de las fuerzas políticas, más allá de sus invocaciones o tiendas partidarias, aunque no todas, de algún modo u otro instrumentan un corrimiento hacia la derecha simbolizada en la legitimación del mercado como asignador eficiente de los recursos (centripetismo).
En concreto, lo que se jugaba en este plebiscito era si ganaba la opción “SÍ”, es decir, se aprobaba el candidato propuesto (Pinochet), el Presidente así electo asumiría el cargo el mismo día en que debía cesar el anterior y por un período de ocho años más, entrando en plena vigencia las normas permanentes de la Constitución, salvo en lo siguiente: nueve meses después se debía convocar a elecciones generales de senadores y diputados y, en el intertanto, la Junta de Gobierno seguiría ejerciendo la función legislativa, hasta la instalación del Congreso Nacional (tres meses después de la convocatoria o sea un año en total). En caso de ganar el “NO” al candidato propuesto, el período presidencial de Augusto Pinochet se prorrogaría por un año más, al igual que las funciones de la Junta de Gobierno, y vencido dicho plazo tendrían plena vigencia las normas permanentes de la Constitución. Para esos efectos, noventa días antes de la expiración de la prórroga del mandato presidencial, se debía convocar a elección de Presidente de la República y del Parlamento.
Para esta fecha Ricardo Lagos se había transformado en uno de los principal líder de la oposición, cuando participa el 25 de abril de 1988 en el programa político “De Cara al País” de Canal 13, el que realizó un ciclo con los principales dirigentes de los partidos políticos legalmente inscritos. Durante el capítulo correspondiente al Partido por la Democracia, al que asiste como su Presidente, en una actitud valiente y desafiante, señala que el triunfo del NO será «(…) el inicio del fin de la dictadura» e “impedirá que el general Pinochet esté 25 años en el poder». Lagos mira a la cámara y levanta su índice para decirle directamente a todos los televidentes: «Usted, general Pinochet no ha sido claro con el país (…) Le voy a recordar, que el día del plebiscito de 1980 dijo que usted no sería candidato para 1989 (…) Y ahora, le promete al país ocho años más de tortura, con asesinato, con violación de los derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder».[
Tras una ardua campaña política, donde por el lado de la oposición primó la movilización de la gente de Arica a Punta Arenas, la creatividad para contra argumentar los mensajes oficiales con la promesa de alegría (“La Alegría Ya Viene”) y fomentar la participación para votar y en la línea de computos paralelos, y por el lado de la dictadura la de un país que progresaba pero que se veía amenazado (campaña del terror) y que no trepidó en usar ningún recurso, el 5 de octubre de 1988 se produce el plebiscito.
El corte de luz del día anterior, los rumores de un autogolpe y la lucha por los escrutinios (mesa a mesa y globalmente), espesaron la ya tensada atmósfera. Eran inquietantes horas de espera en los dos comandos separados por la avenida Libertador Bernardo O’Higgins (la Alameda). Ante la manipulación informativa del recuento oficial (se daban cómputos de un sinnúmero de mesa insignificante donde ganaba el SI) y cuyo sentido profundo podría servir para avalar acciones no democrática, el Comando del NO adelantó un primer computo global de 500 mil votos donde se establecía una tendencia clara de derrota del régimen de Pinochet.
Pasada las 20 horas y gracias al sistema de computo paralelo montado por la oposición y a la gran participación ciudadana, se confirmaba que el NO a Pinochet había ganado en las urnas. Sin embargo, Pinochet y sus cercanos se negaban a reconocer su derrota como lo denotaba el silencio del Subsecretario Alberto Cardemil. Ya entrada la noche y tras haber sido disuadido por los Comandantes en Jefes de las otras ramas de las FF.AA. y de Carabineros de su primera intención de sacar el ejército a la calle (según relato del general Matthei, doce años después) y de la fuerte presión internacional (en particular expresada en la presencia de cientos de corresponsales y observadores y de declaraciones como la del Departamento de Estado de Estados Unidos la noche anterior), el general Augusto Pinochet reconoció que había perdido y no tendría 8 años más como jefe de Estado. El No obtenía 3.967.579 votos (54.71 %) y el SI 3.119.110 (43.01 %) y los nulos (1.31%) y blancos (0.975) completaban el resto del universo de 7.251.943 votos emitidos.
Comenzaba así la transición a la democracia, la normalización del país, ganada a través de la vía institucional tras 15 años de un régimen militar surgido del Golpe de Estado dado al gobierno democrático del presidente Salvador Allende.
Claramente la instauración democrática en el Chile iniciada el 5 de octubre y ratificada con la elección del Presidente Aylwin en 1989, no fue un retorno al régimen democrático anterior a 1973, en lo fundamental debido a los enormes y profundos cambios experimentados por el país durante el gobierno cívico-militar. Era, usando un término de Carlos Huneeus, el inicio de la “disolución de la democracia protegida”.
