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Polémica por música chilena

por Daniel Loewe, Escuela de Gobierno UAI 20 enero, 2014

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Señor Director:

Me referiré a la carta del Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, señor Juan Antonio Durán, en relación a las columnas de opinión en que analizo críticamente el proyecto de modificación a la ley 19.928 que propone el 20% de obligatoriedad radial de música chilena distribuida en horarios relevantes.

El señor Durán comienza notando que lo que me llevaría a dedicar dos columnas al tema serían los calores veraniegos o la trascendencia temática. Independientemente de que el “o” del señor Durán no es necesariamente disyuntivo (es decir, pueden ser las dos cosas), es interesante notar que no considere otras hipótesis explicativas. La más evidente es que mi segunda columna constituye una respuesta a su interpelación directa a mi primera columna, y que la carta que ahora escribo (y que será la última) constituye una respuesta a su interpelación directa a mi segunda columna. Así las cosas, me atrevo a conjeturar que el señor Durán y yo coincidimos en que el tema tiene una trascendencia tal (sea cual fuese) que amerita su discusión en medios de circulación pública (porque me parece poco convincente atribuir la columna y carta del señor Durán a las condiciones climáticas). De este modo, este intercambio expresa una de las labores más propias del ciudadano activo, responsable e ilustrado: –recurriendo a Kant– el uso público de la razón que nos lleva a la mayoría de edad. Que el señor Durán sea además Director General de un gremio con –legítimos– intereses creados en el tema, no quita ni pone.

Pero vamos al fondo. El señor Durán considera que mi esquema de análisis en la segunda columna (en que discuto críticamente 5 argumentos a favor de la iniciativa) es engañoso. El esquema sería el siguiente: escoger malos argumentos que se esgrimen a favor de una idea, criticarlos, y concluir que la idea es mala. Es reconfortante saber por su propia pluma que él también considera que los argumentos son malos, ya que son los argumentos usualmente esgrimidos (de modo expreso o tácito) a favor de la iniciativa, y parcialmente (2 de 5) son argumentos que él mismo emplea para argumentar a favor del proyecto del 20% de música chilena.

Si esto es así, entonces tenemos varias coincidencias. Primero: la referencia a las encuestas (a la que el señor Durán recurre en su columna para ilustrarnos lo apropiado de la iniciativa) es problemática como método para definir qué quieren los chilenos, y así el porcentaje mínimo de música chilena. En sus propias palabras, la definición de este mínimo sería “arbitraria”. Pero el señor Durán apunta a que la respuesta a esta arbitrariedad se encontraría en el sentido común. Sin embargo, en base a las opiniones vertidas en las discusiones, conjeturo que la varita mágica del sentido común es simple retórica. Lo que existe son sentidos comunes, en plural, que apuntan a mínimos muy diferentes. El proyecto apunta a un 20%, el músico Claudio Narea a un 50%, y el mismo señor Durán a un 30% o 35%. Esto no impide tomar decisiones legislativas que, en cuanto tal, son procedimentalmente legítimas. Pero lo que éstas expresan no es el sentido común, sino que un promedio o una media de sentidos comunes, además de otros intereses (electorales, ideológicos, etc.) que mueven a los políticos. Por lo tanto, el arbitrio perfeccionista y de los grupos de interés (como el que representa el señor Durán) sigue siendo un tema.

Segundo: a diferencia de su primera columna, en la que el señor Durán critica mi opinión de que se trataría de una medida proteccionista (a su juicio, porque la medida no pone cortapisas a los productos extranjeros), en su carta reconoce en múltiples ocasiones que sí se trataría de una medida proteccionista, coincidiendo, por tanto, con la opinión expresada en mi primera columna y argumentada en la segunda de ellas. De hecho, es una medida que –mediante un sistema de subvenciones de privados a privados ordenado por el Estado– garantiza ganancias económicas a los autores e intérpretes locales, correspondientes al 20% del mercado radial de derechos de autor, independientemente de las preferencias de los auditores. El sueño de cualquier productor local. La diferencia en nuestras opiniones descansa, según se colige de sus reiteradas alusiones, en que yo consideraría que el proteccionismo es nocivo, mientras que él no. Sin hacer generalizaciones ni dramatizaciones improcedentes, con respecto a mi opinión sobre el tipo de proteccionismo de este proyecto, el análisis del señor Durán está en lo correcto.

Otro mal argumento a favor del proyecto que critico en mi columna, es el integrista cultural, y extremándolo, nacionalista cultural y chauvinista. El señor Durán coincide en que se trata de un mal argumento. Y es un argumento tan indeseable, que él se esfuerza en aclarar que, cualquiera sean los intereses originales de sus iniciadores (el grupo de diputados UDI preocupados de la chilenidad), debido a que ha sufrido modificaciones en la discusión legislativa, el proyecto no lo implicaría.

El señor Durán se esfuerza en criticar mi interpretación de la iniciativa como integrista cultural, para así dejar establecido que en ésta no hay espacio para este tipo de fenómenos. Lo cierto es que, como señalé en mi primera columna (al distinguir entre integristas culturales y grupos de interés) y discutí extensamente en la segunda, es posible estar a favor de esta iniciativa sin ser ni integrista cultural ni chauvinista. Mi punto es que el proyecto sí abre una puerta en esta dirección.

En su carta, el señor Durán utiliza el recurso al absurdo para demostrar que la iniciativa no expresaría ni integrismo cultural ni chauvinismo: si este proyecto los expresase, también sería integrismo cultural y chauvinismo entonar el himno nacional e izar la bandera (y –es el supuesto del argumento– como esto último sería absurdo, también lo sería lo primero). Pero este símil deja en evidencia que el señor Durán reproduce incorrectamente mi argumento. Mi argumento no es aplicable a cualquier expresión o fomento de lo chileno (sea ello lo que sea), sino sólo a aquellas que impliquen límites a la libertad. Como expresé reiteradamente, estoy a favor de fomentar la música local en tanto esto no implique limitar la libertad (a mi juicio –y hay buenas razones teóricas para sostenerlo– impuestos, necesarios para obtener recursos para fomentar, no son necesariamente límites a la libertad). Mi oposición al carácter proteccionista cultural de la iniciativa se relaciona directamente con la intromisión en la libertad (editorial) que implica en razón de la promoción de un bien cultural particularista (chileno). Aquí yace una base (que se puede desarrollar socialmente o no) del nacionalismo cultural –una posición defendida por muchos autores connotados, siendo quizás una de las mejores defensas la de Charles Taylor, de la que el señor Durán bien podría tomar prestado mejores argumentos a favor de la iniciativa. Así que tampoco hay que escandalizarse tanto al oír hablar de Herder, al que también Taylor recurre–. (By the way: como el señor Durán bien sabe, la discusión sobre este tipo de iniciativas desarrollada en Francia en los años 90, no careció de expresiones de chauvinismo y antiamericanismo). Ciertamente el señor Durán puede considerar –y ojalá tenga razón– que el nacionalismo de variante cultural es un tema irrelevante en nuestro país. Mi opinión es que, lamentablemente, no es así –y especulo que, dependiendo de la decisión, muchas reacciones pos La Haya nos lo recordaran–.

Para seguir con el símil propuesto por el señor Durán, si se obligara a los escolares a cantar el himno nacional o a jurar por la bandera, ciertamente consideraría que se trata de una normativa nacionalista cultural, independientemente de si los que quieren abstenerse son testigos de Jehová o, por ejemplo, individuos que desean expresar su rechazo a las asociaciones simbólicas que puede implicar en contextos particulares, como muchos hacíamos durante la dictadura.

El señor Durán critica en mi proceder que discuta malos argumentos en vez de construir argumentos propios. Pero justamente el objetivo de mi segunda columna era discutir algunos de los argumentos usualmente esgrimidos a favor de la iniciativa. En todo caso, por paridad de racionamiento habría que examinar los argumentos que él construye a favor de la iniciativa. Lamentablemente, además de afirmar intereses corporativos, aquí reina una pobreza casi franciscana. Lo que más se encuentra es la referencia al positivismo: Chile ha incurrido en documentos, protocolos, etc. internacionales que lo obligarían en el sentido de esta iniciativa. Sin duda, si los espíritus convocados no son simples, el recurso al positivismo es débil. Después de todo, sospecho que el señor Durán continuaría sosteniendo que la iniciativa del 20% es correcta, aunque Chile no hubiese firmado estos tratados. Además, el que la iniciativa sea conforme a estos tratados no implica que sea requerida. Hay muchos modos para acercarnos a los objetivos que estos documentos describen. El señor Durán tendría que explicar por qué la iniciativa del 20% es el mejor modo para dar cuenta de las obligaciones adquiridas por Chile con estos tratados. No estoy afirmando que no se pueda. Pero sería bueno hacerlo.

El interés que el señor Durán y yo –me aventuro a suponer– compartimos en las condiciones de subsistencia y creación de los artistas locales, y en la generación de una escena musical activa y atractiva, y el diagnóstico compartido acerca de las fallas de mercado que hacen difícil la participación de aquellos interpretes que no están en el circuito de las multinacionales de la música, nos llevan por caminos diferentes. Mientras el señor Durán sostiene que hay que obligar a las radios a transmitir música chilena, yo pienso que hay que reorganizar el mercado de la música mediante concesiones que aspiren a diversificar el mercado. Evidentemente el espacio radioeléctrico es finito. Lo que a mi juicio el Estado debiese hacer, es promover el compromiso voluntario de las radios privadas (hay múltiples modos de hacerlo) y, eventualmente,  adquirir algunas de estas concesiones (un subsidio público a privados, y no de privados a privados por decisión pública), y no obligar a los privados a transmitir música de algún tipo. Ciertamente, sería deseable contar con alguna radio –y televisión– verdaderamente pública, sujeta a lógicas diferentes a las del mercado, que le permitiese servir fines públicos.

En todo caso, el señor Durán puede quedar tranquilo: con gran probabilidad la iniciativa del 20% será exitosa. Esto se debe a que, como afirmé en mi segunda columna, los defensores de esta iniciativa forman un matrimonio múltiple por conveniencia. Y como sabe cualquier politólogo, estos son los proyectos más viables de encontrar aprobación. Dicho lo anterior, me despido para disfrutar, ahora sí, de la canícula estival.

 

Daniel Loewe
Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez

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