La relación del pueblo mapuche con el Estado chileno ha estado tristemente marcada por la ocupación militar, la usurpación de su territorio ancestral, la radicación de su población, la persistente política de división de las comunidades y otorgamiento de títulos de dominio individuales.
Tras la recuperación de la democracia (1990) la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas ha mostrado notorios avances. El Acta de Nueva Imperial (1989) suscrita por un amplio grupo de representantes indígenas y el entonces candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, intentó marcar el inicio de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, terminando con la política de división de las comunidades y asimilación de los pueblos indígenas a la sociedad mayor. Es la primera visión pública de reconocimiento de lo indígena.[1]
Los compromisos adquiridos por el entonces candidato presidencial fueron el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de un Fondo de Etnodesarrollo y la creación de una Comisión Especial para los Pueblos Indígenas (CEPI) encargada de estudiar las propuestas formuladas por las organizaciones indígenas. Esta comisión fue la encargada de redactar el borrador del proyecto de ley indígenas que luego de varias modificaciones en el Parlamento se convertiría en la Ley 19.253 (Ley Indígena).
La promulgación en 1993 de la Ley Indígena supuso un punto de inflexión en las políticas públicas sobre los pueblos originarios, toda vez que dicha normativa reconocía la existencia de grupos o etnias indígenas descendientes de los primeros pueblos en habitar este territorio y establecía derechos particulares para ellos.
El Estado se comprometía a proteger y fomentar las culturas indígenas así como a restituir las tierras usurpadas y ampliar los terrenos que resulten insuficientes para el desarrollo de comunidades e individuos indígenas, entre otras medidas.
[cita] Hasta ahora las autoridades han adoptado una óptica errada frente a la demanda indígena por autonomía, considerándola una amenaza separatista –tratado como un problema de seguridad pública-, en lugar de afrontarlo como el reclamo por una ciudadanía diferente que tiene su base en lo comunitario. El Estado debe adquirir el compromiso de avanzar seriamente junto a los pueblos indígenas en definir límites territoriales donde prevalezcan tanto derechos individuales como especialmente colectivos, esto es, autonomía política. [/cita]
No obstante la importancia histórica del reconocimiento público de lo indígena, a la hora de hacer un balance de los últimos veinticinco años cuesta mucho calificar de exitosa la política indígena implementada por los sucesivos gobiernos. Esto, debido a una serie de factores como la progresiva incapacidad de la institucionalidad indígena para atender las demandas, el incumplimiento de compromisos tan fundamentales como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la creciente distancia entre las expectativas de la movilización indígena y la respuesta por parte del Estado.
Hoy se vive una situación particularmente compleja en los territorios mapuche. Los hechos de violencia -aun siendo aislados- no dejan de generar impacto público por las consecuencias que estos traen sobre la vida humana y el desarrollo de las comunidades mapuche y agricultores de la zona, especialmente en aquellas más pobres y en las cuales la intervención empresarial es más profunda.
Ciertamente las políticas de gobierno han encontrado serias dificultades y obstáculos que evidencian una crisis de la institucionalidad del Estado chileno para abordar el tema indígena, mientras se hace cada vez evidente la profunda pérdida de confianza de las comunidades hacia las autoridades políticas. Entre muchos factores explicativos se encuentran el estancamiento de la política de restitución de tierras, la incapacidad de aplicar el Convenio 169 de la OIT en su amplio dominio, la violación sistemática de derechos, tales como el acceso al agua, el privilegio de inversionistas sobre comunidades (caso Aeropuerto de Quepe), el recrudecimiento de la violencia contra la población mapuche, enjuiciamientos arbitrarios y antojadizos a sus jóvenes líderes, criminalización de la protesta mapuche y la ausencia absoluta de la generación de instrumentos pertinentes para el fomento del desarrollo mapuche.
Existe una necesidad imperativa de una nueva política indígena, que permita saldar la deuda pendiente con el pueblo mapuche, proyectándose consistentemente con los imperativos de la nueva realidad del país, los estándares internacionales de Derechos Humanos y los propios movimientos indígenas.
En los últimos 25 años Chile ha experimentado un acelerado proceso de modernización, que ha permitido el surgimiento de una pujante clase media y de una sociedad civil que afirma con claridad ser portadora de derechos. La irrupción de diversas movilizaciones sociales en los últimos años, da cuenta de una ciudadanía cansada de los abusos, la postergación y la desigualdad. Resulta cada vez más evidente la desafección de la sociedad civil con el sistema político, reflejada en el alto rechazo que concitan los partidos políticos. El debilitamiento progresivo de la imagen de las instituciones públicas pareciera insinuar un peligroso divorcio entre el Estado y una ciudadanía que demanda que este asuma su rol garante, procurando de forma activa el pleno goce de sus derechos.
Paralelamente, la demanda indígena también adquiere una nueva dimensión. Hoy los pueblos originarios además recuperación de tierras y, por cierto, apoyo productivo, exigen respeto a su identidad cultural y sus derechos políticos, culturales, económicos y territoriales, además de la capacidad de autogobernarse en ámbitos claves de su vida colectiva y su plena participación política, en bien de su pueblo. Estas son las bases para el establecimiento de un diálogo entre iguales que se reconocen diferentes. La diversidad cultural debe dejar de ser tratada como un obstáculo en el diseño de políticas públicas y comenzar a considerarse una oportunidad para el beneficio general del país. Los avances en esta materia solo serán posible en la medida que los Estados cumplan con su obligación de respetar y promover los Derechos Humanos.
Hoy resulta evidente la falta de adecuación del orden normativo nacional al Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Indígenas en particular. Mientras el Derecho Internacional sigue avanzando hacia el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios por su territorio y autonomía, como lo demuestra la aprobación en 2006 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en Chile el debate sigue entrampado en la conveniencia de reconocer constitucionalmente siquiera la existencia de los pueblos indígenas.
¿Puede plantearse dentro del actual marco normativo nacional la existencia de territorios indígena? ¿Puede aplicarse los preceptos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, cuyos pilares son los derechos colectivos, sociales, económicos, culturales y políticos que garanticen a los pueblos indígenas el goce de autonomía en sus territorios?
Hasta ahora las autoridades han adoptado una óptica errada frente a la demanda indígena por autonomía, considerándola una amenaza separatista –tratado como un problema de seguridad pública-, en lugar de afrontarlo como el reclamo por una ciudadanía diferente que tiene su base en lo comunitario. El Estado debe adquirir el compromiso de avanzar seriamente junto a los pueblos indígenas en definir límites territoriales donde prevalezcan tanto derechos individuales como especialmente colectivos, esto es, autonomía política.
Para proponer nuevas propuestas de políticas públicas en materia indígena es necesario revisar primero cuales han sido los acuerdos alcanzados entre el mundo político y la dirigencia indígena; cuáles fueron la respuesta del Estado a la demanda indígena y cuál es hoy la actualizada “Agenda Mapuche”. Sólo comprendiendo estos temas nos será posible ofrecer directrices para plantear una nueva política indígena sustentada en principios muy diferentes que hace 25 años atrás.
